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Es ilegal, pero queda bonito

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Fotografía APUDEPA. Pues sí. El interés y la ignorancia, más cuando se mezclan, son fuente de terribles malentendidos que afectan peligrosamente a los debates serios y rigurosos. Decimos esto al conocer el Manifiesto contra la demolición de la obra nueva sobre el Teatro romano de Sagunto impulsado por “profesionales de la cultura” que nada han dicho sobre la demolición del Teatro Fleta en Zaragoza, edificio protegido que pretende destruir una Sociedad de la que muchos de ellos, sin duda, forman parte. El tema es tan sugerente, y tan interesante, que un Blog sobre patrimonio cultural no puede dejar de tratarlo. Comencemos.

En relación con el fallo del Supremo que ordena la demolición de las obras de restauración del Teatro Romano de Sagunto, tras 17 años de litigio judicial, político y mediático, los profesionales de la cultura y las artes y demás ciudadanos no podemos guardar silencio y nos sumamos al siguiente

MANIFIESTO CONTRA LA DEMOLICIÓN

LA DEMOLICIÓN ES UN ATAQUE A LA INDEPENDENCIA Y A LA LIBERTAD DEL MUNDO DE LA CULTURA.

Una obra artística puede gustar o no, pero llevarla a los tribunales de justicia sienta un precedente preocupante que afecta a la libertad de la que debe gozar la cultura. La confrontación política no puede invadir el espacio creativo que debe a toda costa preservar su autonomía. La creación artística debe permanecer al margen de la batalla política porque, en caso contrario, resulta herida de muerte.

LA DEMOLICIÓN ES UN ACTO DE VENGANZA POLÍTICA QUE NO TIENE NADA QUE VER CON EL DEBATE ARQUITECTÓNICO.

La rehabilitación del Teatro ha sido usada como arma política y convertida en fenómeno mediático creando una falsa polémica al margen de su valor arquitectónico. Así se explica que haya llegado a los tribunales y haya protagonizado tantos titulares mientras goza de gran prestigio internacional y se estudia en universidades de toda Europa. Fue aprobada por la Generalitat valenciana en los 80, entonces gobernada por el PSPV-PSOE. El PP valenciano en la oposición hizo bandera contra el proyecto así como determinados sectores de la prensa que han cultivado la polémica durante ¡más de 20 años! El litigio judicial fue iniciado por un ex diputado autonómico del PP en 1993. Lamentablemente se ha utilizado el producto de la reflexión estética para la ventaja política.

LA DEMOLICIÓN ES UN DERROCHE Y VA EN PERJUICIO DE LOS CIUDADANOS Y DE LAS ARTES ESCÉNICAS.

Priva a los ciudadanos, sobre todo a los saguntinos, de un espacio que ya está funcionando y alberga iniciativas culturales como el festival Sagunt a Escena dotando de vida cultural y económica a la ciudad y a la sociedad en general. Supone el cierre de otro espacio escénico. Su coste superará con mucho los seis millones de euros que pagaremos los ciudadanos y que no se aplicarán a otras partidas muchísimo más necesarias como por ejemplo la conclusión de esta consolidada instalación cultural.

LA DEMOLICIÓN ES UNA MUESTRA DE COBARDÍA INTELECTUAL.

Durante siglos las ruinas de Teatro han sufrido modificaciones de todo tipo sin rigor científico. Las diversas intervenciones, en su mayor parte reconstrucciones sin fundamento, habían afectado a gran parte de teatro cuando se llevó a cabo esta restauración. La rehabilitación se apoyó en exhaustivos estudios arqueológicos y fue aprobada por las administraciones competentes. Ahora figura en numerosas guías de arquitectura internacionales y fue finalista de los prestigiosos premios europeos Mies Van der Rohe. Se trataba de una fina exploración de los límites de la intervención arquitectónica sobre la ruina, superando la lectura romántica del monumento.

Teniendo en cuenta la cantidad de obras ilegales que perduran impasibles, sin ser demolidas, se debería contemplar algún tipo de medida contra la “reversión” del Teatro y ante todo DEJAR CONSTANCIA DE QUE LOS PROFESIONALES DEL MUNDO DE LA CULTURA Y LAS ARTES ESTAMOS FRONTALMENTE OPUESTOS A ESTA DEMOLICIÓN.

Es muy probable, como el mismo Tribunal Supremo reconoce en sus sentencias, que la reforma del Teatro de Sagunto, planteada por Giorgio Grassi y Manuel Portaceli, poseyera alguna virtud tanto estética, como funcional como, sobre todo, conceptual. Se trata de una operación arquitectónica que apela al valor histórico del uso del edificio (cosa, en efecto, nada desdeñable) y que, en vez de servir a las valiosísimas ruinas, se sirve de ellas como recurso proyectual. Como dicen los “artistas”, una obra de arte “puede gustar o no”. Hasta aquí todos de acuerdo. Pero esta obviedad no puede utilizarse para ocultar las verdaderas claves del debate. En primer y principalísimo lugar: la existencia de una ley que es, nada más y nada menos, que la expresión de la voluntad democrática del Estado y que como tal resulta de obligado cumplimiento. Dar amparo a la contravención legal alegando la “artisticidad” del hecho “delictivo” es, ni más ni menos, poner en jaque el sistema legal y la seguridad jurídica.

Sobran asesinos que consideran sus delitos como obras de arte en estado puro. Pero a la sociedad, salvando todas las distancias, no le conviene darles la razón. La literatura, el cine y el teatro nos ofrecen muestras abundantes de delincuentes elevados a la categoría de demiurgos. Por suerte, la vida democrática de un estado fija límites al hecho artístico. Porque ya acercándonos a las claves arquitectónicas del caso de Sagunto, no sería de extrañar que, en un momento en que el arte se caracteriza (entre muchas otras cosas) por la provocación, la relativización y la conceptualización, a alguien se le ocurriera plantear la explosión de la Alambra de Granada como obra de arte introductoria del renacido siglo XXI. En la subjetividad y relatividad del hecho artístico, como defienden los firmantes, ¿quién podría negar que, en efecto, una “instalación” o “performance” de semejante interés visual y estético (aunque efímero), amparada por el discurso filosófico-moral característico del arte conceptual, podría alcanzar la categoría de “obra de arte”? El hombre nuevo venciendo el yugo del pasado y alzándose renacido sobre la aspiración universal del progreso moral. La ruptura del cordón umbilical como paso necesario para la vida y como derecho de un futuro en blanco para el hombre. Un desafío contra el destino y contra el determinismo cultural que amenaza el desarrollo de nuestra estricta individualidad. Dicha “obra de arte” no sería permitida, porque la Alambra es un bien cultural protegido y entre las intervenciones permitidas no se encuentra, por ahora, la de su explosión.

Puede parecer exagerado. Pero es el mecanismo exacto que utilizan quienes claman contra el cumplimiento de la Ley. Porque, sobre cualquier otra consideración, la intervención sobre el Teatro romano de Sagunto fue ilegal, y así ha quedado demostrado por los tribunales de Justicia. El interés de quien ha defendido la aplicación de la Ley es, por tanto, indudablemente legítimo, y los ciudadanos debiéramos estar agradecidos a quienes han hecho posible que las leyes que nos protegen prevalezcan al fin. Es perverso solicitar que la creación artística pemanezca “al margen” de la política (llamada por los artistas despectivamente “batalla política”), porque la acción arquitectónica sobre la ciudad y sobre el patrimonio es, radicalmente, un hecho urbano, un hecho público, un hecho político. Más debiéramos estar interesados los ciudadanos en solicitar responsabilidad políticas, pero también penales, a cuantas autoridades permitieron la destrucción ilegal (como ha sido demostrado) de parte del Teatro romano. Porque conviene recordar que quien auspició desde la máxima responsabilidad esta ilegalidad, el presidente de la Generalitat Joan Lerma, preside hoy la gestora del Partido Socialista del País Valenciano PSPV-PSOE. Y son las autoridades que aprobaron el proyecto las culpables del lamentable derroche económico habido. Pero la sociedad olvida y nadie pide cuentas. Más parece que la irracionalidad vuelve a escudarse en la fobia hacia las siglas (y no a las ideas) para exaltar sentimientos que induzcan a la negación del juicio crítico. La postura, en este sentido, mantenida en este caso por los "partidos de izquierdas" es infantil y ridícula.

Los firmantes alegan con total ignorancia (en el mejor de los casos) que “la demolición es un acto de venganza política que no tiene nada que ver con el debate arquitectónico”. No indagaremos por qué se tilda de “venganza política” la repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero sí diremos que mucho tiene que ver el caso con el debate arquitectónico. Afirman los autores que “la rehabilitación se apoyó en exhaustivos estudios arqueológicos” cuando hoy se conoce plena y documentadamente que, como dice el historiador y co-redactor de la Carta de Cracovia, Javier Rivera Blanco en su obra De varia restauratione “el estudio riguroso se realizó con posterioridad a la intervención y no por los autores de la misma que se vieron sorprendidos cuando concluían su obra por la aparición de restos arquitectónicos –columnas- que delataban las proporciones de la escena. El trabajo profundo fue realizado por Salvador Lara en su tesis doctoral leída y publicada por la Universidad de Valencia”. En el caso del Teatro romano de Sagunto “ni siquiera se realizó la metodología de conocer qué era lo primitivo y qué lo procedente de diversas restauraciones”. El caso se estudia, efectivamente, en “universidades de toda Europa”, pero precisamente para denunciar lo que no se debe hacer en restauración arquitectónica. Por la ignorancia y destrucción de los valores históricos y documentales del edificio. Por la falta de respeto a la arquitectura preexistente y al enorme valor artístico y cultural de las ruinas. Por la eliminación de la materialidad y la puesta en crisis de la autenticidad del monumento. Lo realizado por Grassi y Portaceli queda fuera de cualquier teoría de la restauración arquitectónica, si no es la del “Restauro violento” o “sálvese quien pueda” que sigue dando numerosas actuaciones en nuestro país (mucho menos talentosas e interesantes, todo sea dicho) como las de Pérez Latorre para la Estación de Canfranc (abortada, parcialmente, por esta Asociación) o de Herzog y de Meuron para la Escuela de Artes de Zaragoza.

Por todo ello, sin negar el interés del debate y de la propuesta conceptual y arquitectónica de Grassi y Portaceli, consideramos que debe de cumplirse la ley y ejecutarse la sentencia. Lo contrario sería la proclamación de la máxima inseguridad jurídica, intolerable en un estado social y democrático de derecho. Que se depuren las responsabilidades, en todos los órdenes, y se tomen las medidas oportunas para que un caso así no suceda jamás.

A los artistas y demás ciudadanos, si siguen interesados por el patrimonio cultural relacionado con las artes escénicas, les remitimos a la página web www.apudepa.com, en la que podrán firmar contra la destrucción de un teatro moderno declarado de “Interés Arquitectónico” y registrado por DOCOMOMO como una de las obras claves del movimiento moderno español.

 

01/02/2008 12:57. apudepa #. Patrimonio

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apudepa

gravatar.comLa Verdad

Una pregunta: ¿por qué dice el comentario que la actuación de Pérez Latorre en la estación de Canfranc ha sido "abortada parcialmente por esta asociación"? Me he perdido algo, pues no consta que APUDEPA haya parado nada relativo a la Estación de Canfranc.

Fecha: 04/02/2008 19:09.


gravatar.comJosita

Léase la Sentencia del TSJA al respecto, aunque ya vemos que Vd. se dedica a intoxicar la verdad y está dispuesto/a a negar la mayor. Deje de marear la perdiz, falso/a.

Fecha: 05/02/2008 09:48.


gravatar.comentrenomadas

Os he enlazado. Buenísimo. Lastima que sea un asunto tan serio. Yo la enviará con los guionistas norteamericanos.
Tremendo.

Una abrazo

Fecha: 05/02/2008 12:47.


Sara

Estimados amigos
Estaba mirando ELPAIS y he encontrado esta noticia que me parece sintomática de cómo están de podridas las cosas. Acaba con la frase del presidente de la Asociación de Restauradores: "Los políticos tienen que dedicarse a la política y dejar que los expertos en restauración analicen y valoren la mejora del patrimonio histórico".
Pero.. ¿Qué expertos analizan y valoran el patrimonio histórico? ¿Son verdaderamente independientes o son elegidos por los POLITICOS para que hagan aquello que quieren que se haga y así cuentan con la “garantía” de que lo han hecho expertos y que los políticos no se han inmiscuido?
Los restauradores españoles, contra el derribo del Teatro Romano
La Academia del Partal considera "fuera de toda lógica" la sentencia
PACO GISBERT - Valencia - 15/02/2008

A los manifiestos en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la Administración a revertir las obras de rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto se unió ayer la declaración de la Academia del Partal. Y esta no es una asociación cualquiera. Se trata del principal grupo corporativo de expertos en restauración de toda España, formado por 85 miembros, repartidos entre todas las provincias españolas, entre arquitectos, arqueólogos, historiadores o catedráticos universitarios. A dicha asociación pertenecen, entre otros, los valencianos Julián Esteban Chapapría, jefe del servicio de Arquitectura, y Ricardo Sicluna, jefe del servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental, ambos adscritos a la Generalitat valenciana.
Sin entrar en valoraciones políticas, la Academia del Partal señala en su comunicado que es un error "creer que con la ejecución de esta sentencia se soluciona el debate, se aclaran los criterios de intervención sobre el patrimonio y los conceptos de restauración" y considera que dicha sentencia "no favorece la conservación ni la recuperación del patrimonio arquitectónico que hemos heredado", además de advertir de que, de seguir por ese camino, "se entra en vía de contradicciones y dudosos resultados". En este sentido, el presidente de la Academia, Domingo García-Pozuelo, ponía el ejemplo de las intervenciones restauradoras en otros monumentos de gran valor histórico, como la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba, que, según los criterios expuestos en la sentencia del Teatro Romano, "también podrían ser denunciables, porque no son fieles a la Ley de Restauración del Patrimonio de 1985". García-Pozuelo señaló que la rehabilitación de esos edificios "se ajusta a procedimientos metodológicos de los expertos, en los que los políticos no pueden opinar, pues cada monumento tiene un criterio de restauración", al igual que sucede con la obra de Grassi y Portaceli, "que podrá gustar o no, pero está hecha por expertos y su obra cumple una misión cultural y social", afirma. El comunicado de la Academia del Partal concluye calificando como "fuera de toda lógica y no admisible" la ejecución de la sentencia. Una palabra de expertos en restauración que refrenda su presidente: "Los políticos tienen que dedicarse a la política y dejar que los expertos en restauración analicen y valoren la mejora del patrimonio histórico".

Fecha: 15/02/2008 09:52.


gravatar.comCuriosa

Ya les vale a los miembros de la Academia del Partal. Mezclan churras con merinas y no es de recibo lo que dicen con respecto a los ejemplos que enumeran como la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba. Claro que en este país todo vale y ya con firmase como técnico de medio ambiente o catedrático de lo que sea piensan que tienen patente de corso. Lo de Grassi y Portaceli no es de recibo y la sentencia del TSJ avala un estado de derecho.

Fecha: 17/02/2008 23:46.


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