El lado verde de la ley. Fiscales del Medio Ambiente (IV): Ángel Núñez de la Fiscalía de Cádiz

Desde APUDEPA seguimos con nuestro compromiso de recoger las páginas dedicadas a El lado verde de la Ley que publicó recientemente El País en su edición Tierra (pinchar aquí).

Incluimos el artículo relacionado con Ángel Núñez, coordinador de Medio Am­biente de la fiscalía de Cádiz. Uno a uno nos van desgranando sus experiencias y visiones, así que hoy verán cómo nos habla Núnez sobre el  decimonónico “sacrosanto derecho” de la propiedad privada; cómo a los tribunales les cuesta aceptar el planteamiento de los fiscales de medio ambiente; la falta de sensibilidad jurídica sobre la trascendencia del tema; la carencia de peritos arquitectos y ecotolicólogos; la creación de nuevos equipos contra la delincuencia urbanística de la Guardia Civil y de las policías autonómicas y, finalmente, cómo los ayuntamientos están dispuestos a ceder de los poderes económicos fuertes.  Ángel Nuñez tiene claro que “el suelo y el medio ambiente son bienes escasos y li­mitados".  Desde este blog nos alegramos mucho de escuchar este tipo de declaraciones poco frecuentes en profesionales de carrera jurídica. Y olé por su gracia jacarandosa en la pose.

VERTIDOS EN EL ESTRECHO

Ángel Núñez, responsable de la red de fiscales de Medio Ambien­te de Andalucía, afirma ser un buen ecologista en su vida parti­cular. "Soy un buen reciclador,  en mi casa hay distintas bolsas según las basuras, intento contaminar lo menos posible, creo en lo que hago y soy lo más respetuoso po­sible con la naturaleza". Para este defensor de lo público es necesa­ria más sensibilidad ambiental en la sociedad en general y por consi­guiente también en los jueces. Núñez ingresó en la carrera fiscal  en 1990, y desde sus inicios en la Fiscalía de Cádiz ha llevado temas relacionados con el medio am­biente. El pasado verano sustitu­yó como coordinador al fiscal Luis Carlos Rodríguez León, uno de los impulsores de esta red andaluza creada en 2003, que hoy cuenta con 21 fiscales.

En estos años, Ángel Núñez ha conseguido muchas sentencias condenatorias, por vertederos le­gales y residuos urbanos, aunque la más llamativa fue la que dio ori­gen a una condena de cuatro años de prisión al propietario de unos terrenos dentro del Parque Natu­ral de los Alcornocales por desviar el curso de unos arroyos, afectan­do negativamente al ecosistema "No obstante, los principales pro­blemas que tenemos en Cádiz son los vertidos en el estrecho de Gibraltar que producen los buques en tránsito y que provocan la con­taminación de las playas, así como las construcciones ilegales en la costa y que ahora se han traslada­do también al interior" . En la Fis­calía de Medio Ambiente de Cádiz se llevan muchos más casos, ya que también es muy habitual emprender procedimientos contra la autoconstrucción ilegal de particu­lares y de pequeños constructores. "En el aspecto urbanístico queda mucho camino por recorrer, por­que todavía estamos anclados en ciertas concesiones decimonónicas del derecho de propiedad: éste es mi terreno y yo aquí construyo lo que quiero. No se toma en cuenta que eso tiene una trascendencia social para todos, porque el medio ambiente es un derecho de todos. Aquí ha sido muy duro conseguir que los tribunales vayan aceptan­do nuestros planteamientos, que en definitiva son los de aplicar los tipos penales que el legislador es­tableció en 1995. Sólo ahora em­pezamos a ver resultados, y eso es consecuencia de una falta de sen­sibilidad jurídica sobre la trascen­dencia del problema", explica. Ángel Núñez resalta la insuficien­cia de medios para la magnitud del problema al que se enfrentan, aunque reconoce que ha habido mejoras. "Carecemos de peritos ecotoxicólogos o arquitectos a los que podamos acudir, por ejem­plo". También cree "muy exiguos" los medios personales con los que cuentan las fuerzas de seguridad, aunque subraya la creación de un equipo contra la delincuencia urbanística en la Guardia Civil y también en la Policía Autonómica. Núñez alaba la labor de las asocia­ciones ecologistas que les envían numerosas denuncias, y cada vez son más los escritos de particula­res que denuncian temas ambien­tales y urbanísticos. Las consejerías autonómicas de Obras Públicas y Medio Ambiente también hacen llegar acusaciones. "Los ayuntamientos en algunas ocasiones están en una situación en la que son proclives a ceder a esas tentaciones que vienen de poderes económicos fuertes, pero no creo que haya una situación generalizada de corrupción. Hay más casos, no porque hayan au­mentado sino porque se ha inves­tigado mes en los últimos años", apunta Núñez. "Los fiscales de Medio Ambiente protegemos inte­reses públicos, que en muchos ca­sos son irrecuperables: dentro de 50 años seguirá habiendo estafas y robos, pero el suelo y el medio ambiente son bienes escasos y li­mitados"