Facebook Twitter Google +1     Admin

Jose Luis Moreu Ballonga: Gestión Pública y transparencia

20090109001121-img-verguenza.jpg

Estos días hemos estado ausentes. La navidad ha resultado más familiar de lo previsto así que nuestro habitual compromiso con el patrimonio cultural se ha visto mediatizado por esas circunstancias. Noticias de patrimonio no han faltado desde luego, pero nosotros saludamos este año nuevo con un interesante artículo que publicó hace unos días en Heraldo de Aragón José Luis Moreu Ballonga, “Gestión Pública y Transparencia”. Este catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza se refiere a la Comunidad Autónoma Aragonesa y a su gobierno y a un principio básico de la democracia que debería cumplirse a rajatabla y no se hace: la transparencia. Lean, lean, que el artículo es contundente en sus afirmaciones: “Conseguir una gestión pública transparente en Aragón parece hoy muy difícil”, comenta el autor, para concluir en su último párrafo: “Nuestros políticos, fieles a su viejo estilo, se han creado un escu­do contra el principio de transparencia. El problema, que afecta a la calidad democrática y al prestigio de las instituciones, requeriría ma­yor ética y vergüenza, más lealtad al ciudadano y contribuyente, sen­tencias judiciales comprometidas, mejorar los instrumentos de con­trol ya existentes, consenso en rectificar y reformas legales autonó­micas”.

A nosotros, ni qué decir tiene, que estas cuestiones nos parecen primordiales por eso le concedemos tanta importancia en este blog. Sin estos requisitos de transparencia, de ética, ¿piensan Vds. que pueden funcionar correctamente los Planes de Ordenación del Territorio, los Planes Generales de Ordenación Urbana, los Planes Integrales de Conjuntos Históricos, los catálogos de protección… la Fundación Goya? Por cierto, ésta última, no es sino un instrumento paralelo a la administración pública, para no rendir cuentas, pero manejado desde la administración. Con un par de narices. Sí señor.

 

Gestión Pública y Transparencia

José Luis Moreu Ballonga, catedrático de Derecho Civil.

Artículo publicado en Heraldo de Aragón, 29/12/ 2008.

“Una cosa es discrecionalidad para decidir y otra muy distinta libertad para ocultar lo hecho con el dinero público a los representantes del pueblo”


Las dos últimas legisla­turas han acentuado la tendencia de la política aragonesa a actuar con gran opacidad en lo re­lativo a asesores externos y gestión y contratos de empresas públicas. Junto a las indudables luces, ha ha­bido esta sombra permanente.

Recordemos. En octubre de 2002 se supo que se había elevado el gasto para personal de confian­za de 1 millón de euros en 1999 a 2,7 millones de euros en 2002. Y todo ello a pesar de que se habían gastado entonces, en los años 2000 y 200l, más de 10 millones de eu­ros en asesorías externas. La ma­yoría de los contratos se habían realizado por adjudicación directa y sin publicidad. El 18 de octubre de 2002, las Cortes aragonesas, co­mo eco de duras críticas de la pren­sa, reprobaron la política de con­tratación pública del Ejecutivo PSOE-PAR

En marzo de 2003, las Cortes im­pusieron en la Ley del Presidente una incompatibilidad a los miem­bros de la Comisión Jurídica Ase­sora, para que no fueran contrata­bles por el Gobierno. Se buscaba impedir que una misma persona pudiera estar diciendo al Gobierno lo que tenía que hacer y dictami­nando, a la vez, los límites legales de lo que podía llegar a hacer. En febrero de 2004, surgió polémica sobre las personas llamadas a re­dactar las Bases de la Política del Agua. En diciembre de 2006, hubo nueva polémica en tomo a las em­presas públicas Coana, Suelo y Vivienda y PlaZa.

 

En enero de 2007, se supo que el PP, la CHA e IV habían presenta­do más de mil quejas al Gobierno durante la última legislatura por la desatención o el retraso de respuestas a solicitudes de informa­ción, quedando aún entonces mu­chísimas pendientes. Informes de 2007 y 2008 del Tribunal de Cuen­tas fueron bastante críticos con las cuentas aragonesas de 2002 y 2003. Se han ocultado los sueldos de los cargos de Expoagua y no se aplica aquí el Código de Buen Gobierno de 2005 del presidente Zapatero. El gasto en cargos de confianza ha pa­sado, desde 1999 a hoy, de 1 a 6,4 millones de euros.

 

Cierto que la profusión de leyes de sociedades, de protección de datos y de contratos de la Administración oscurece los límites de lo legal en esto, y que aquella goza aquí de gran discrecionalidad. Pe­ro una cosa es discrecionalidad pa­ra decidir y otra muy distinta liber­tad para ocultar lo hecho con el di­nero público a los representantes del pueblo soberano. La transparencia, incómoda para el gober­nante, protege de sospechas a él y al merecidamente contratado fren­te a los paniaguados y beneficiarios de chanchullos. La transparen­cia es un principio general aplica­ble a todas las Administraciones españolas (arts. 52, 1º Y 3-5º de le­yes 7/2007, 30/2007 y 30/1992) y es principio jurídico, aunque menos antiguo y perfilado que otros, de importancia crucial desde que es­tá de moda la ’huida’ del Derecho administrativo y el uso por la Ad­ministración de técnicas de Dere­cho privado.

 

Conseguir una gestión pública transparente en Aragón parece hoy muy difícil. Veo insuficiente la participación, como se ofrece, de un partido opositor en los conse­jos de administración de empresas públicas, o un brumoso ente con­trolador de estas. La hoy obligato­ria Cámara de Cuentas no se ha constituido aún. La legislación es­tatal protectora de la transparen­cia (Ley 4/2007, de 3 de abril, y De­creto 1.759/2007, de 28 de diciem­bre) creo que no cubre la rica casuística caciquil que los aragone­ses venimos padeciendo. Y el Estatuto aragonés reformado por la Ley 5/2007 recoge el principio de la ’transparencia’ (art. 62-3º), pero lo obstaculiza con reglas nuevas y vidriosas. El Estatuto no reconoce el derecho de los ciudadanos a so­licitar informaciones de la Admi­nistración (art.16-2º); insiste en la protección de datos personales que posea la Administración de empresas públicas o privadas que colaboren con ella (art. 16-3º); y afirma oscuramente que «los po­deres públicos aragoneses velarán por el carácter y tratamiento insti­tucional de la información y datos obtenidos por ellos» (art. 31.

 

Nuestros políticos, fieles a su viejo estilo, se han creado un escu­do contra el principio de transparencia. El problema, que afecta a la calidad democrática y al prestigio de las instituciones, requeriría ma­yor ética y vergüenza, más lealtad al ciudadano y contribuyente, sen­tencias judiciales comprometidas, mejorar los instrumentos de con­trol ya existentes, consenso en rectificar y reformas legales autonó­micas.

09/01/2009 00:12. apudepa #. Denuncias

Comentarios > Ir a formulario

apudepa

Discordia

Me alegro de la reanudación del blog. El artículo interesantísimo, pero la Navidad nunca resulta más familiar de lo previsto.

Fecha: 13/01/2009 20:03.


Añadir un comentario



No será mostrado.



Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris