Si la creatividad no tiene límites, como sugería la campaña publicitaria con la que la Diputación General presentaba la conversión del Teatro Fleta en la Ópera de Aragón, la paciencia de los ciudadanos sí los tiene.
Quizá algún día se conozca por completo la terrible historia de despropósitos sufrida por el Fleta en los últimos años. Ahora, mediante un convenio con la SGAE, el Gobierno pretende deshacerse de la totalidad del edificio y de la mitad de la propiedad creyendo que así podrá desprenderse también del quebradero de cabeza en que ellos mismos lo han convertido. Las leyes también fijan límites, pero el Gobierno actúa como si pudiera ignorarlos impunemente. El Teatro Fleta es un edificio declarado bien de interés arquitectónico por el Ayuntamiento de Zaragoza, es bien integrante del patrimonio cultural aragonés y es uno de los cuatro únicos edificios zaragozanos seleccionados por la prestigiosa Fundación internacional de arquitectura DO.CO.MO.MO Ibérico (Conservación y Documentación de Monumentos Modernos) como ejemplo de la arquitectura moderna en la Península. Es el último superviviente de una brillante generación de edificios dedicados al cine y al teatro. Todo en el Fleta es sutileza: su sugerente espacio, su innovadora estructura, su elegante y sencilla relación con la ciudad, su posicionamiento ético ante la cuestión urbana. Su arquitectura posee la maravillosa capacidad de enraizarse en los recuerdos, de convertirse en escenario para la vida y sus encuentros.
La Constitución, en su artículo 46, obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación de los bienes que integran el patrimonio cultural “cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad” y el código penal sanciona los atentados contra el patrimonio. Por su parte la ley de Patrimonio Cultural Aragonés no permite la descatalogación de un bien si no ha dejado de concurrir irreparablemente el interés cultural que lo hizo merecedor de la catalogación. Si ahora el Gobierno pretende derribar el teatro deberá contestar antes a una pregunta: ¿Ha desaparecido irreparablemente el interés del Fleta? Si la respuesta es no, la descatalogación y el derribo no son posibles. Si la respuesta es que el Gobierno ha destruido el patrimonio cultural catalogado APUDEPA exigirá las responsabilidades políticas, administrativas y penales a las que hubiere lugar.
El caso del Fleta es un caso paradigmático del desprecio de la administración hacia el patrimonio. Si el Fleta hoy está como está no es por accidente o fenómeno natural ninguno. El Fleta ha sido maltratado, llevado al borde de la desaparición. Pero lo que queda debe ser conservado por tres razones: por el mérito reconocido de su arquitectura, porque así lo exige la ley, y porque lo contrario constituiría un precedente inadmisible que supondría la inutilidad de las garantías fijadas por las diferentes categorías de protección de nuestro patrimonio cultural. Siguiendo la senda del Fleta, cualquier bien molesto para la administración o el poder privado podría ser descatalogado de facto. Cuestión importante es la falta de independencia de los órganos técnicos encargados del patrimonio. ¿Cómo es posible que se comprometan millones de euros en un proyecto que necesita la aprobación aún no dada de un órgano técnico? ¿Acaso el Gobierno ya tiene comprometida su voluntad?
La venta del teatro va a ser adjudicada directamente a una entidad privada, sin mediar subasta o concurso, impidiendo la pública concurrencia instada por el ordenamiento jurídico. El Gobierno no sólo se deshace del patrimonio de todos, sino que cede además la parcela de la iniciativa política en materia de cultura que sólo a lo público corresponde. El Fleta va a ser en parte “privatizado” pese a ser el único gran teatro propiedad de la Comunidad ¿se imaginan que el Estado vendiera la mitad del Museo del Prado o del Teatro Real a una entidad privada por muy apreciada que ésta fuera?
El Gobierno ha delegado en la SGAE la planificación del espacio, el reparto del tiempo de uso, el diseño del edificio. La directora general ha reconocido que el nuevo modelo de gestión tendrá que guiarse por los criterios propios de la rentabilidad económica y, mientras, el nuevo proyecto ha sido realizado por un arquitecto escogido por la SGAE sin mediar concurso de ideas. Es una entidad privada quien en estos momentos planifica a su medida buena parte del futuro de las artes escénicas en Aragón. El Gobierno no sabe si el Centro Dramático contará con sede en el edificio, aunque ya es seguro que sí que tendrá espacio la sede de la SGAE en Zaragoza.
Derribar el Fleta y renunciar a la gestión pública del gran teatro de la comunidad es un lujo que los ciudadanos no debemos tolerar. Desde APUDEPA creemos que la ley está de nuestra parte.
Carlos Bitrián
APUDEPA
