APUDEPA denuncia la irregular utilización del Decreto-ley para legislar sobre la fundamental materia del urbanismo
La sede del Gobierno, Real Casa de Misericordia en lenguadetrapo.blogia.com. La Diputación General, en la sesión quincenal de su Consejo de Gobierno, aprobó el martes un Decreto-ley en materia de urbanismo, con la única justificación de adaptar la legislación urbanística aragonesa a la nueva Ley del Suelo estatal. Pues bien, dicha aprobación reviste una profunda gravedad, por cuanto significa legislar al margen de las Cortes cuestiones que no revisten la urgencia necesaria según lo dispuesto por el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Dicho precepto exige que, para la aprobación de un Decreto-ley (figura novedosa en el ordenamiento jurídico aragonés a imagen y semejanza del ordenamiento estatal constitucional) se dé la condición de una “necesidad urgente y extraordinaria”, siendo evidente que, en este caso, no hay más necesidad que la ordinaria de adaptar la legislación aragonesa a la legislación básica del Estado, adaptación que se produce muy repetidamente y que jamás ha justificado la adopción de medidas de este tipo.
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia referida al Decreto-ley del Gobierno de España del año 2002, recurrido por el Partido Socialista, anula el Decreto por exceder “los estrictos límites” que la Constitución marca al Gobierno en su ejercicio del poder legislativo, delimitando los campos del Decreto-ley y aclarando que dicha figura no puede desvirtuar la legítima e insustituible labor de las cámaras legislativas.
El Gobierno de Aragón, mediante la utilización de esta figura para la regulación de una materia tan sensible como el urbanismo y sin la concurrencia de una necesidad “urgente y extraordinaria” hurta a la sociedad y a las Cortes el debate necesario, por lo que, ignorando la doctrina del Tribunal Constitucional, adopta una decisión de profundo carácter autoritario y antidemocrático con el único objetivo de favorecer determinados proyectos privados sin el control del Parlamento.
A nadie se le escapa que la adopción de esta medida en estos precisos momentos, y en la forma en que se ha dado, obedece a la única consigna de favorecer la “legalización” de determinados proyectos de la Diputación General y de la iniciativa privada que, hoy por hoy, no cuentan con cobertura legal. Se trata de un hecho muy grave y sin precedentes que burla al Parlamento y muestra la deriva autoritaria de la tercera legislatura de los presidentes Iglesias y Biel.
4 comentarios
Carmencita Descalza -
Adrián -
Josita -
Salud a todos y animaros a escribir. Que no se lleve a cabo con nuestro silencio.
Curiosa -