Vandalismo urbano
Nuestro compañero, Carlos Bitrián, nos deleita hoy con un artículo de opinión de rabiosa actualidad, "VANDALISMO URBANO" pero va más allá, nos desentraña el verdadero vandalismo. Heraldo de Aragón, martes 5 de mayo de 2009.
El inicio de los trabajos parlamentarios sobre la Ley de Urbanismo de Aragón (LUA) ha coincidido en el tiempo con el debate de las medidas contra el vandalismo urbano: quema de contenedores, pintadas, maltrato del mobiliario. Mientras estas deplorables manifestaciones vandálicas concitan la condena unánime, la ciudad asume discretamente otro vandalismo. El de los convenios urbanísticos, las modificaciones “a la carta” del Plan General, la expansión incontrolada, el acoso inmobiliario, los desalojos masivos y la degradación de la vivienda. El debate sobre la videovigilancia de las calles se intensifica a la vez que se silencia el que ha de dar lugar a la nueva Ley de Urbanismo.
Con el fin último de enriquecer a una minoría y acomodar a no pocos intermediarios, los poderes políticos y económicos han fomentado en las últimas décadas un modelo urbanístico que (en un medio de corrupción normalizada) ha encarecido escandalosamente la vivienda aumentando la deuda familiar, ha imposibilitado un sistema laboral sólido y justo, ha degradado el medio y su riqueza natural y cultural y ha perjudicado, en definitiva, a la gran mayoría de ciudadanos.
Los datos oficiales avalan la constatación de la desmesura urbanística española. El Observatorio de la Sostenibilidad concluyó en 2006 que del total de la superficie española construida en la historia, un 25% lo ha sido en los últimos 30 años. En este periodo, España se ha situado a la cabeza de las listas europeas de viviendas por mil habitantes pero también de gasto familiar en vivienda, que ha pasado de un 15% del total a más de un 30%.
El problema se ha agravado en los últimos años, tras la reforma liberalizadora del suelo. Si en 2001 había 51 viviendas por cada 100 personas, desde ese año a 2007 se han construido 84 por cada 100 nuevos habitantes. El Gobierno reconoce que se han construido 300 000 casas más de las necesarias cada año y que el número de viviendas nuevas todavía sin vender ronda el millón. El 31,5 % de las viviendas (datos de 2007) son secundarias y más de 3 000 000 están permanentemente vacías (Informe FUNCAS, 2005).
Como única solución a uno de los mayores problemas de España (el urbanismo, el territorio y la vivienda) los poderes públicos proponen la construcción de más casas. El Proyecto de LUA que tramitan las Cortes a propuesta de la Diputación General se aferra a los viejos vicios y aún los agrava. Ahonda en la gestión indirecta del suelo, mediante sociedades urbanísticas como las que han dado lugar a casos tan tristes como los de La Muela o Mallén. Introduce en la legislación aragonesa figuras inspiradas en el “agente urbanizador” valenciano, cuya derogación ha sido oficialmente solicitada por el Parlamento Europeo (informe Auken) por burlar los derechos inherentes a la pequeña propiedad, en beneficio de la inversión especulativa. Ampara la presión de la promoción inmobiliaria sobre el suelo y la fomenta, propiciando un mayor grado de indefensión general ante los abusos urbanísticos. Y convierte a la Diputación General en juez y parte, ampliando sus poderes más allá de lo razonable, previendo quizá la necesidad de su concurso en recalificaciones sospechosas como las que ahora se plantean contra la huerta de Las Fuentes.
En el punto en que podrían establecerse unas nuevas políticas urbanas y de vivienda, el de la exigencia a los propietarios de los deberes elementales de conservación y mantenimiento del patrimonio inmobiliario, el proyecto hereda la tibieza con la que se ha tolerado tradicionalmente el abandono vandálico (véanse los ejemplos recientes del número 5 de la calle Moneva, la Torre Clavero o el Café Madrid). Desaprovecha la oportunidad de tomar medidas eficaces contra estas afrentas urbanas (máxime cuando son interesadas), por ejemplo penalizando el abandono de solares e inmuebles con su expropiación y consecuente adscripción al patrimonio público de suelo en régimen de alquiler asequible, asegurando la salud del parque edificado, promoviendo la rehabilitación e interviniendo así en el mercado sin necesidad de fomentar nuevas construcciones y ventas del suelo público. Cuestión esta última relacionada íntimamente con la financiación municipal, que sigue sin abordarse en profundidad.
Frente al espíritu de este proyecto, cabe reivindicar un urbanismo racionalmente planificado por órganos ampliamente participados y verdaderamente independientes, al servicio estricto del interés general de los ciudadanos. Una nueva cultura del suelo (y con ella nuevos modelos económicos basados en la conservación) que lo despoje de su carácter de bien principal de negocio, carácter que resulta lesivo para la calidad de vida, la justicia social y el mantenimiento del medio ambiente y del patrimonio cultural.
Pero el proyecto de LUA parece preparar el cimiento legal que (si el suelo resiste) pueda dar lugar, en el escenario de una recuperación económica, a otra nueva acometida del mismo modelo desarrollista español de origen franquista. Habrá que vigilar las calles.
5 comentarios
Miyinalouzo -
Gracias, por ser Libres -
Curiosa -
roseta -
El poder político jamás recurrirá a una ley tan impopular como penalizar el abandono de los immuebles con la expropiación.
Véase el caso catalán: ICV propone, la opinión pública salta a la yugular.
Y es que para hacer una tortilla, es necesario romper algún que otro huevo.
Por cierto, el flyer es precioso. Felicidades a su autor.
Sara -
No lo había leido en el Heraldo, y me ha gustado mucho leerlo aqui.
Gracias por informarnos.