Averly y la ciudad del bien común
Artículo de Carlos Bitrián, presidente de Apudepa, publicado por Heraldo de Aragón en su edición de 3 de julio de 2013. Imagen tomada de la página web de la empresa.
Averly guarda en su nombre algún eco de comunidad utópica. O quizá solo sea que me lo sugiere el hecho de haberlo visto resistir milagrosamente en sus metálicas letras del portal de María Agustín durante los años más duros de la embestida inmobiliaria. El caso cierto es que la fundición ha logrado llegar hasta el presente como una bolsa de misterio en el corazón de la ciudad, tamizada por un frondoso arbolado y una pátina de antigüedad que parecían hacerla ajena a los fenómenos urbanos. Averly es, sin duda, uno de los conjuntos históricos clave de la época dorada de la industrialización aragonesa. Inexplicablemente (¿inexplicablemente?) este conjunto fabril, considerado de primer orden por el Plan Nacional del Patrimonio Industrial, no ha recibido más protección que una ridícula catalogación parcial. Si Averly pierde el interés de alguna manera es, precisamente, tomándolo por partes: el complejo forma una unidad orgánica en la que se mezcla cuanto responde al sistema productivo con los anhelos trascendentes de la pujante mentalidad industrial. A este respecto, la combinación de la sencillez funcionalista con cierto pintoresquismo burgués confiere al conjunto un atractivo especial. Los volúmenes se articulan armónicamente con los generosos espacios libres y los interiores se resuelven con racionalidad constructiva no exenta de sofisticación técnica. Su contenido es inseparable del continente: en buena medida, los talleres son la matriz del detalle del paisaje urbano de Zaragoza. Desde el siglo XIX, las calles, las plazas, los jardines y los parques de la ciudad encuentran su misterioso trasunto en el hermoso almacén donde se amontonan con caótica gracia los moldes de fuentes, esculturas, bancos, farolas y un sinfín de las más familiares piezas. El enorme interés de Averly es inseparable de su consideración como conjunto y tomarlo por partes es, en última instancia, destruirlo. Hace muy poco tiempo se ha conocido la compra del complejo por una inmobiliaria que se aprestó a anunciar el derribo de las naves para la construcción de 200 viviendas. Lo comunicó la misma semana en que llegaron nuevos datos sobre la situación del parque español de viviendas. El Colegio de Registradores ha informado de que el año pasado 30034 familias perdieron su hogar debido a las ejecuciones hipotecarias. La Fundación de las Cajas de Ahorros afirma, por su parte, que la demanda comercial de vivienda en España no podrá absorber el stock existente al menos hasta 2025, sin descartar una mayor lentitud en el proceso. Ante este estado de cosas ¿por qué ha de consentir la ciudad que le construyan más viviendas si no las necesita? La sociedad ha asimilado sumisa y acríticamente que el interés particular de una muy pequeña minoría puede determinar el proceso urbano. Se ha impuesto una interpretación del derecho a la propiedad privada que lo toma en realidad como un derecho a la acumulación ilimitada con fines especulativos. Comprendido con tamaño desprecio al bien común, el pretendido derecho a acaparar y especular socava gravemente el resto de los derechos humanos, como el derecho a la vivienda o a la cultura. De hecho, el proceso inmobiliario ha atacado fuertemente a la pequeña propiedad privada con el recurso permanente a los abusivos desahucios o a figuras como el agente urbanizador. Y, como se ha hecho creer que esa lógica es la única posible, las grandes promotoras se atreven a anunciar la destrucción del patrimonio para la construcción de más viviendas justo cuando más patentes son las consecuencias de la burbuja española, con una desorbitada tasa de paro, una deuda nacional por las nubes y una feroz política de empobrecimiento a través del recorte de derechos laborales y sociales. La sociedad tiene en sus manos la creación de una nueva lógica mucho más legítima que la que la empobrece y la arruina cultural y ambientalmente. Para comenzar, simplemente valdría llenar de efecto el hoy ahuecado artículo 128 de la Constitución, que dispone con claridad que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Resulta urgente trasladar a la ciudad esa supeditación constitucional de la riqueza nacional al bien común. Si fuese cierto que Averly contiene en su nombre algo de comunidad utópica, quizá la lucha por su defensa nos pueda inspirar principios generales para una nueva ciudad de espacio verdaderamente justo, libre y culto.
Carlos Bitrián es arquitecto y presidente de Apudepa
2 comentarios
Carmen -
Nos toca a la sociedad reaccionar, dejarnos de entretenimientos que nos adormecen y luchar por las causas comunes a todxs.
En estos años gobernados realmente por la voracidad de los "tiburones" han conseguido que descuidáramos los auténticos valores y derechos comunes a todxs y que todxs tenemos el derecho y el deber de cuidar, defender y luchar por ellos si es necesario. .
naira -
http://nairagallardoruiz.blogspot.com.es/