El estado de la cuestión del patrimonio en España: golpe de mano del Gobierno Valenciano
Imagen diario El País. Las grandes operaciones urbanas en los centros tradicionales han venido a caracterizarse por lo mismo: el afán de controlar y clarificar los entramados urbanos históricos que ocultan complejos entramados sociales. Y no precisamente para mejorar la calidad de vida de la población tradicionalmente allí afincada sino, por el contrario, para expulsarla a lugares periféricos de menor visibilidad y, por tanto, de menor peligro para la construcción de la “marca” o la “imagen” de la ciudad que, en último término, es el producto que se exporta en la búsqueda del turismo y de la inversión. Es decir, del capital.Todo ello, claro, para crear un escenario propicio a la promoción inmobiliaria "de calidad".
Claros ejemplos de este tipo de operación son la operación de “higienización” en el Raval o el barrio del Bon Pastor de Barcelona y el plan de “saneamiento” del Tubo de Zaragoza. Sobre ambas ciudades se ciernen amenazas parecidas, en los barrios castizos de la Barceloneta o de San Pablo. Pero, como venimos denunciando, los intereses urbanísticos sobre el suelo son los mismos en todas partes y tienen las mismas formas. Cada ciudad española tiene su propio Cabanyal. Porque de eso queremos hablarles hoy: de un barrio de una riqueza patrimonial, urbana, histórica y cultural en definitiva, impresionante: el Cabanyal de Valencia.
Se trata de un pueblo marinero, en la costa del mediterráneo, surgido a principios del siglo XIX, que se ha conformado mediante una aglomeración de barracas de pescadores dando lugar a una forma urbana reticular de sumo interés fruto del proceso de creación del barrio. Es decir: un lugar pintoresco de sabor auténtico que todavía es habitado por personas de poder adquisitivo variado en su compleja realidad de grandezas y miserias. El conjunto histórico goza de la máxima protección que otorga la legislación española de patrimonio cultural, la de Bien de Interés Cultural. Y en cambio, sobre el lugar pesa la espada de Damocles de un terrible PEPRI (un Plan Especial de Protección, manda huevos, y Reforma Interior, que es como gustan llamar a las operaciones de destrucción) que arrasa con el tejido histórico mediante la megalómana prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. ¿Les suena lo de abrir hasta el mar, llegar al río, esponjar, sanear, higienizar, lavar la cara? Pues eso.
Pero resulta que siempre hay gente protestante. Gente que no acepta a la primera de cambio lo que los intereses económicos de las elites adineradas hacen decretar a los monigotes políticos que se dicen representantes del pueblo. Esas personas comprometidas, que reciben el aprecio, el apoyo, el agradecimiento y el afecto de APUDEPA, han conseguido auténticas proezas teniendo en cuenta que luchan contra poco más o menos que la mafia (que no nos callamos, que no, que nos acogemos al DRAE). Les ha costado Dios y ayuda, pero finalmente la razón se ha impuesto a las manifiestas inaccesibilidad e incompetencia del poder judicial en temas de patrimonio (que sigue en casi todo a la todopoderosa maquinaria administrativa del poder ejecutivo, aceptando la discrecionalidad de sus decisiones y tomando a sus peritos y expertos) y ha conseguido que el Tribunal Supremo, en sentencia del 2009, solicitara al Estado un informe en ejercicio del artículo 149.1.28 de la Constitución Española, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de expolio del patrimonio cultural. Y esta frase es muy larga pero encierra un hecho muy importante, y no solamente para el caso concreto que nos ocupa. Lo verdaderamente extraordinario es que, por fin, y gracias a la insistencia de los ciudadanos, el Estado se ve obligado a ejercer sus competencias sobre el patrimonio español subsidiariamente de las competencias ordinarias de las comunidades autónomas o de los municipios. Porque hasta ahora el Estado ha hecho una dejación de sus responsabilidades auténticamente vergonzosa que ha causado un gravísimo perjuicio del patrimonio español, tolerando auténticas barbaridades sobre el mismo.
Desde APUDEPA acogemos con la máxima satisfacción el informe emitido por el Estado y la Orden del Ministerio de Cultura que declara “acto de expolio” el conjunto de actuaciones derivadas del PEPRI del Cabanyal, impuesto por el Ayuntamiento de Valencia con el apoyo de la Generalitat Valenciana. Créannos si les decimos que es un hito en la protección del patrimonio cultural español.
¿Alguien podía pensar, sin embargo, que la promoción urbanística iba a aceptar los actos derivados de las competencias constitucionales del Gobierno? Es evidente que no. El Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado de urgencia un Decreto-Ley (figura que se ha incorporado al ordenamiento autonómico en un mal entendido desarrollo del autogobierno, copiando los vicios de la administración central del Estado) que es un auténtico golpe de mano. Y es de risa. Porque se salta a la torera, y sin ningún fundamento jurídico, la reserva competencial establecida para el Estado en caso de expolio por la Constitución Española y porque interpreta, en un alarde de sinceridad que nos ha llegado al corazón, que las figuras de protección se interpretan no tal como diga la Ley sino tal como diga la administración que las dicta (que no se hallaría, por tanto, obligada de cumplirlas): “siendo el conjunto histórico de Valencia un BIC por haberlo declarado así la Generalitat, es a la Generalitat a la que le compete definir los valores que lo hacen acreedor de protección… de esta forma, no podrá existir ninguna expoliación por actuaciones que la propia Generalitat considera que no afectan a los citados valores”.
El Decreto-Ley burla todas las bases del Estado de Derecho adecuando la Ley al acto concreto de la administración, en vez de adecuar el acto a la Ley. Y lo hace a cara descubierta. Así, “deroga o modifica” el Decreto 57/1993 (el que declara BIC el Cabanyal) en las partes “que pudieran oponerse a la total ejecución del PEPRI”.
Es una auténtica aberración y una sandez, sí. Pero una sandez que busca ganar tiempo para presentar más tarde lo ilegal como un hecho consumado que ya ha generado beneficios y que ya no puede ser revertido. Experiencia tiene la Generalitat Valenciana (en este caso gobernada por el PSOE) con el Teatro Romano de Sagunto. Importa menos el contenido del Decreto-Ley que el continente. Es decir, que se trata de una norma con rango de Ley que solamente es recurrible ante el Constitucional y, por tanto, solamente por el Presidente del Gobierno, las cámaras legislativas o el Defensor del Pueblo y no por personas físicas o jurídicas.
El caso del Teatro Romano de Sagunto acabó muy mal, haciendo notoria la incapacidad de la Ley y de la Justicia para imponerse a la arbitrariedad ejecutiva. El Cabanyal puede acabar mejor si entre todos nos esforzamos en la dirección correcta. APUDEPA hace suyas las reivindicaciones de la Plataforma Salvem el Cabanyal y le transmite su afecto, su solidaridad y su inquebrantable apoyo.
Véase en El País el artículo de Trinidad Simó "Rehabilitación sin destrucción"
