APUDEPA DENUNCIA ANTE LA AUDIENCIA LA DESTRUCCIÓN DEL FLETA Y SU MALA GESTIÓN ECONÓMICA POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN.
APUDEPA, Asociación de Acción Publica para la Defensa del Patrimonio Aragonés, informa que el pasado viernes días 21 de abril a las 12 de la mañana miembros de esta Asociación fueron recibidos por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La asociación le hizo entrega de un escrito donde se detallan los hechos que han llevado a la ruina a una de las principales arquitecturas del siglo XX en Zaragoza y la mala gestión económica de los recursos públicos, todo ello en relación al Teatro Fleta de Zaragoza y la Diputación General de Aragón. Esta Asociación considera que existen indicios suficientes para creer que dichos hechos pueden ser constitutivos de delito por lo que se pide al fiscal la realización de las oportunas diligencias para el esclarecimiento de los mismos.
Como ya informó la prensa en su momento, esta asociación compareció ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón el pasado día 14 de marzo y ante la ausencia de respuesta por parte del gobierno, fue entonces cuando advirtió de la necesidad de llevar a cabo una investigación que aclare, de una vez por todas, cuantas irregularidades hayan podido cometerse en relación al proyecto de presunta rehabilitación del Gran Teatro Fleta. El hecho cierto e indiscutible es que el Gobierno de Aragón ha malgastado muchos millones de euros en la destrucción de un edificio catalogado por el Ayuntamiento de Zaragoza como bien de interés arquitectónico y que fue comprado por la DGA para rehabilitarlo. Entre todas las partidas económicas, se han derrochado muchos millones del 1% cultural.
APUDEPA cree que no existe otra solución que la investigación judicial de los hechos. teniendo en cuenta, además, que la Diputación General ha obstruido, en contra de la ley, la labor del Justicia de Aragón; que los atentados al patrimonio cultural están tipificados como delito en los artículos 321 a 324 del Código Penal y que la malversación de fondos públicos está tipificada como delito en el artículo 433 del Código Penal.
Con la exigencia de las reponsabilidades penales, políticas y administrativas a que hubiere lugar, pretendemos recordar a la ciudadanía y a los responsables políticos que las decisiones de aquéllos que gobiernan están sometidas siempre a la ley y que su infracción, en un estado de derecho, nunca puede resultar impune. APUDEPA recuerda que la Constitución española, en su artículo 46, exige de los poderes públicos, y entre ellos se encuentra el judicial, la protección y conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. Finalmente, esta asociación anuncia que, en caso de aceptarse las diligencias solicitadas, se personará en las mismas, perseverando en el objetivo de proteger el patrimonio cultural.
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