Y mañana, reflexión
Nuestro cariño y sentimiento profundo a la familia y amigos de Isaías Carrasco y nuestro desprecio más absoluto a la mafia y sus asesinos.
El Blog de APUDEPA ha considerado necesario no desentenderse del periodo electoral que vivimos. APUDEPA, la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Cultural Aragonés, es una organización estrictamente apartidista. Nuestra acción es radicalmente libre y nuestra ideología es, en muchos aspectos, muy variada, plural y rica. Pero sería ridículo esconder ahora que nuestra experiencia sobre el patrimonio cultural ha ido conformando algo así como una visión plural pero definida sobre cuestiones concretas y esenciales como el patrimonio histórico, la cultura, el medio ambiente, el urbanismo o la ordenación del territorio.
Los partidos políticos ponen a disposición de los ciudadanos unos documentos valiosísimos (por su significación, más que por su contenido), que sin embargo los ciudadanos solemos despreciar: son los programas electorales. Como es conocido, abordan una multitud de aspectos en relación con la vida, la ciudadanía y el país que dan pistas para escoger la ideología más cercana a la propia. Cada socio de APUDEPA, seguro, escogería una diferente. Pero en los aspectos que esta Asociación trabaja como tal, APUDEPA puede dar su opinión. Por ello hemos decidido hacer el trabajo de analizar 7 programas electorales: los de los tres grandes partidos nacionales, los dos partidos de ámbito aragonés y dos partidos nacionales más con notoriedad pública que se juegan tener representación parlamentaria. Nos hemos dejado muchos partidos. Hemos tenido que elegir, de las 300 páginas del PSOE a las 30 del PAR, estos son nuestros resultados. Críticos, independientes, subjetivos. Ha sido este un trabajo considerable, y pedimos disculpas por los errores que hayamos podido cometer. Todo el mundo puede hacer sus aportaciones y sugerir matizaciones, pues los siete programas electorales son públicos.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
El PSOE propone un gran Pacto por la Vivienda, con mayúsculas, “para conseguir que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda asequible, de calidad y en un entorno amigable”. Lo cierto es que en eso coincide con el Partido Popular, que propone un Acuerdo Nacional sobre Vivienda, como veremos. La preocupación por la vivienda es una de las grandes protagonistas de los programas electorales. El PSOE propone consensuar el Plan con instituciones y “todos los agentes públicos y privados que intervienen en el sector”. Poco alcance puede tener un gran pacto por la vivienda asequible si se quiere contentar plenamente a constructores y promotores. Proponen los socialistas 1.500.000 viviendas protegidas en los próximos diez años, 600.000 de alquiler. El Plan Estatal de Vivienda contemplará ayudas para el alquiler, la rehabilitación y la renovación de barrios. Entre otras medidas de ayuda, se impulsarán “mediante la colaboración público-privada, modalidades de vivienda adecuadas para la atención a colectivos en riesgo de exclusión social, tanto en alojamiento permanente como transitorio”.
El PSOE “impulsará la hipoteca de compra para alquiler para inversores particulares o sociedades que quieran comprar viviendas exclusivamente para ponerlas en alquiler”. Es decir, que seguirá concibiendo el suelo como uno de las principales fuentes de inversión, en beneficio de la especulación. Pese a ello, el programa parece plenamente consciente del “crecimiento frenético de la ocupación del suelo y en la urbanización dispersa del territorio” que “provoca efectos adversos como un enorme consumo de suelo”, entre otras consecuencias, como “necesidades crecientes de infraestructuras y un consumo energético incompatible con un nuevo modelo de desarrollo sostenible”. Buena cosa es que el programa del partido en el Gobierno reconozca estos peligros, pero sorprende, entonces, la promoción del proyecto más insostenible y más contradictorio con estos principios: Gran Scala.
Como medidas concretas se propone un Plan Renove para adecuar el parque construido español y el impulso de la rehabilitación, especialmente de los centros históricos y zonas rurales y la peligrosa “sustitución de los edificios de vivienda obsoletos”. No se aclara, sin embargo, si tales medidas responderán a los intereses generales o, más concretamente, al plan para evitar a las empresas constructoras e inmobiliarias las consecuencias de la desaceleración del sector. Por lo demás, lo que se proponen son subsidios, ayudas, parches con enfoque electoralista que no plantean soluciones serias. En general, complicidad discreta con el peso de la construcción en la economía española.
El PSOE nos propone interesantes propuestas relativas a la modernización del sector de la edificación, encaminadas a afrontar el cambio climático y a reducir “los desarrollos urbanos dispersos”. Son propuestas que tienden a concretar y que no encontramos en otros partidos políticos.
El programa analiza el impacto de la acción cultural sobre colectivos específicos que requieren una especial atención, como los jóvenes o los discapacitados. Esto será una constante en el resto de programas de los partidos políticos. Someramente se enuncian una serie de planes sectoriales entre los que figura un plan para el patrimonio cultural. Interesante es la propuesta para potenciar los mercados municipales, que se reconocen como un importante patrimonio histórico y cultural, si bien la apuesta por incluir “otro tipo de productos no perecederos e incluso no alimentarios” podría abrir la puerta para la reconversión de los mercados en centros comerciales.
Como no podría ser de otra manera, en el apartado de patrimonio natural, encontramos un sinfín de buenos propósitos, con especial atención a las zonas declaradas protegidas. Otro apartado, quizás más interesante por más novedoso, viene referido al medio rural, cuya reciente ley debe de verse como uno de las mejores tareas del Gobierno en el apartado de las buenas intenciones. Se pretende “favorecer la mejora de la situación socioeconómica de la población de las zonas rurales y su acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad, al tiempo que se conserva su patrimonio natural y cultural”. Muchas palabras altisonantes y pocos proyectos sólidos.
En el apartado cultural, lamentablemente, observamos cierta concepción de la cultura más como herramienta económica que como derecho básico y esencia de la civilización. También esto será regla común en la casi totalidad del resto de programas (hay excepciones). Se protegerán el español y las “cuatro lenguals cooficiales”, quedando fuera otras, lamentablemente, como el aragonés o el asturiano, que se han evaporado del programa socialista.
Muchas referencias a la potenciación de “las industrias” y “los agentes” culturales y pocas medidas concretas para vertebrar, en este sentido, la acción de Gobierno. La apuesta por una acción mixta queda claramente reflejada en el compromiso por unas políticas culturales equilibradas “entre la defensa del interés público y general y las dinámicas del mercado”. “Se potenciará el fomento de la participación del sector privado en la financiación de la cultura y mejorando la regulación del patrocinio y la responsabilidad social de las empresas para permitir una adecuada confluencia de intereses a favor de una vida cultural rica y participada”. Es decir: que se continuará delegando en los intereses privados el estímulo de la creación y la difusión del arte y la cultura.
Se promete una ley de archivos y la muy interesante digitalización de los fondos, ahondando en el eficaz programa PARES. Propuestas poco concretas y de escaso calado en la mayoría de ocasiones que hacen hincapié, eso sí, en el respeto de los múltiples derechos de la propiedad intelectual, en beneficio de las sociedades de gestión.
En Museos encontramos una referencia a una medida interesante que debería extrapolarse al resto de administraciones públicas: la sumisión al Código de Buenas Prácticas de los nombramientos, plazos y mandatos de los responsables de las instituciones culturales. Medida ilusionante que ha comenzado a tener aplicación con el concurso para el nombramiento del Centro de Arte Museo Nacional Reina Sofía. Por lo demás, la cultura sometida a las normas de la producción mercantil y reducida a mero objeto de consumo.
En patrimonio cultural pueden encenderse las alarmas que no lo estuvieran ya (si quedaba alguna). El programa solamente propone, junto a una extremadamente indefinida apuesta por el paisaje, la modificación de la Ley del Patrimonio Histórico, de 1985, “para convertirla en una nueva Ley de Patrimonio Cultural que tenga un enfoque global adaptado a las nuevas realidades, enmarcada en la nueva normativa comunitaria y autonómica y articulada con la legislación urbanística y del suelo, que introduzca nuevas figuras y categorías de protección (como el patrimonio industrial o el inmaterial) y refuerce los mecanismos existentes contra el expolio de los bienes culturales, especialmente los de naturaleza arqueológica y los pertenecientes al patrimonio cultural español en el medio subacuático”. Ojo porque una mala modificación es mucho peor que la conservación de la mejorable normativa actual.
Junto a vagas referencias a la importancia del patrimonio y a los grandes centros nacionales (no se nombra, por cierto, el Museo Nacional de Etnografía de Teruel, lamentablemente) encontramos dos interesantes propuestas para unificar “los registros actuales del Estado y las Comunidades Autónomas, como punto de partida del Banco Digital del Patrimonio Cultural Español” y el impuso a la “Red de centros de documentación e información del patrimonio cultural”.
Partido Popular (PP)
Las políticas que propone el Partido Popular en materia de vivienda y urbanismo son ciertamente conservadoras y, por tanto, ahondan en los males endémicos de la destrucción del patrimonio cultural y natural español, así como en el mantenimiento del suelo como una de las principales fuentes de inversión, fomentando la especulación. Entre otras cosas, propone “incentivar” a los Municipios “que liberen más suelo para la construcción de viviendas” si bien, también a las que “demuestren un mayor compromiso con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático”. Un ejercicio “de cal y arena” que no consigue maquillar el verdadero propósito liberalizador, que tan malos resultados ha propiciado hasta el momento.
El resto de políticas de vivienda pasan por la supresión o reducción de impuestos y las consabidas ayudas al alquiler y a la rehabilitación. El urbanismo sostenible ocupa solamente un punto extremadamente general y ambiguo que ni concreta medidas ni analiza los síntomas. Eso sí, se propone una Ley Integral contra el Cambio Climático, con escasas propuestas de calado, pero con un desarrollo extenso y general. Se incide aquí en las propuestas sobre el medio rural. Coincide con el PSOE en un gran acuerdo por la vivienda “Acuerdo Nacional sobre Vivienda”, que en este caso aparece mejor concretado y definido.
Extremadamente nociva nos parece la propuesta para reformar la legislación urbanística con el fin de “agilizar los procesos de desarrollo de suelo, de urbanización y de construcción de viviendas”. Se incide en “el desarrollo de los suelos de uso residencial” si bien se hace hincapié en las viviendas “sujetas a algún tipo de protección” y a la “máxima protección al medio ambiente”, cláusula ciertamente contradictoria. Como buena medida, aunque ciertamente anecdótica, señalamos la promoción de “programas de solidaridad intergeneracional” para animar a las personas mayores y a los jóvenes a compartir vivienda (y gastos) a cambio de compañía.
Junto al imprescindible catálogo de buenas intenciones, y sorprendentemente en el apartado de conservación del patrimonio natural, encontramos la propuesta de modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad “para evitar determinadas restricciones en relación a la práctica de la caza” y los atentados “contra la propiedad privada”. Se ampliará la Red Natura y se aprobará un proyecto Costa Natura para la protección del litoral (sorprendente, visto lo visto) en una concepción no vertebral de las políticas ambientales, sino más bien de parcheo y escaparate.
La política cultural se incardina en la mejora del bienestar social y se defiende al servicio de la realización personal, lo que parece ciertamente más adecuado que el planteamiento formal del PSOE. Se añade, sin embargo, una cláusula de servicio a la “cohesión e integración nacional” que no parece propia de concepciones modernas, ciertamente. Hay que decir que la redacción mejora en la concreción de las propuestas, entendiendo la cultura (más acertadamente a nuestro modo de ver) como “uno de los instrumentos básicos de la realización personal y del ejercicio de la condición de ciudadanos”.
Muy interesante nos parece, sin embargo, la apuesta por reforzar, en el marco de la educación, la enseñanza de las humanidades “con el fin de transmitir a los niños y jóvenes la herencia de conocimientos, principios y valores que constituyen nuestro patrimonio cultural”, si bien hubiera debido añadirse la potenciación de la pedagogía del patrimonio. También se apuesta por el uso de la lengua y la cultura españolas como instrumentos de “proyección” y “promoción” exterior y por la asunción de la riqueza lingüística, si bien (en este último caso) con muchos más recelos.
Los programas del PSOE y del PP son coincidentes en la configuración general de las políticas en materia de cultura, resaltando el mecenazgo y el fomento de las industrias culturales.
La referencia al patrimonio cultural y a la necesidad de su preservación es insuficiente, como es norma general. Se apuesta por un interesante Plan de infraestructuras y equipamientos “en el que se modernice y se homogenice la señalética de monumentos y lugares de interés cultural” si bien parece una nimiedad frente a los serios peligros que acechan al patrimonio cultural. Se apuesta firmemente por las nuevas tecnologías y se incide en proponer la ampliación de la red de Paradores Nacionales, ciertamente superada en su concepción del patrimonio cultural, si bien se incide en asegurar su “compatibilidad”. Anuncia medidas también generales sobre los grandes centros archivísticos y las bibliotecas, tomando como referencia el consenso alcanzado en el Museo del Prado.
Encontramos una propuesta interesante: desarrollar “el principio constitucional que exige de modo intransferible que el Estado asuma el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilite la comunicación cultural entre las Comunidades Autónoma, y de acuerdo con ellas”. Si se pretende retomar una necesaria labor de control y unificación sobre las administraciones públicas en relación al patrimonio cultural, bienvenido sea. Y es que en protección del patrimonio, actualmente, el Estado brilla por su ausencia. Si se pretende, por el contrario, una vuelta más retórica y formal, la propuesta es innecesaria y poco eficaz.
Junto a otras propuestas menos concretas, y referencias al patrimonio subacuático, encontramos dos propuestas muy interesante: digitalizar el sistema de gestión del patrimonio y garantizar su transparencia (verdaderamente importante) y renovar los objetivos y las bases científico-técnicas del Instituto del Patrimonio Histórico Español, aumentando sus presupuestos. Apunte muy acertado a tener en cuenta.
Se apuesta, como seña de distinción, por la protección de la fiesta de los Toros, que conllevará un plan de restauración (interesante) de plazas de Toros.
Izquierda Unida (IU)
El caso de Izquierda Unida es realmente especial, pues su programa puede considerarse algo más radical. Su bondad para el ciudadano, dependerá (además de la complicidad ideológica) del grado en que se comparta el diagnóstico inicial. El punto de partida es un modelo económico que, para el partido, “ha mostrado todas sus limitaciones y carencias en este último período” aumentando “la desigualdad relativa en nuestras sociedades. La política fiscal ha sido un importante recurso a favor de este proceso de generación de desigualdad y de incapacidad del estado y los servicios públicos para acometer sus obligaciones”. “Sería necesario recuperar el control político de la economía”. “Este modelo ha mostrado todas sus miserias en relación con la sostenibilidad del planeta. España incumple sistemáticamente los compromisos de Kyoto y no hay una política decidida para hacerlos cumplir en el breve plazo. Hay que decirlo con rotundidad: este modelo es insostenible social, ecológica y económicamente. Hace falta una profunda modificación de sus presupuestos y una reorientación de las estrategias económicas empezando por una mejora de la eficiencia energética del modelo y una inversión significativa en la rehabilitación de las ciudades como una estrategia más sostenible, intensa en empleo de mano de obra, con más capacidad de cualificación profesional y creación de valor añadido, y más sostenible ecológicamente que la lógica de alicatar el territorio”. Hemos de decir, en este sentido, que Izquierda Unida es el único partido que apuesta por una radical acción sobre un modelo que entiende claramente vinculado a la deriva constructora española.
En materia de vivienda la principal, y exclusiva propuesta de IU, consiste en reconocer por ley el derecho subjetivo a la vivienda. Propone crear, también, un cuerpo estatal de inspección urbanística, algo que, desde el punto de vista de APUDEPA, es de todo punto necesario. También compartimos algo que reconocen otros muchos partidos: es necesario modificar la financiación municipal si se quiere que los municipios lleven a cabo políticas más responsables sobre su suelo. Se apuesta también por una nueva concepción de las plusvalías urbanísticas, en línea con las políticas europeas y otras medidas más convencionales como el fomento de la rehabilitación, el alquiler y la vivienda protegida. En algunos casos son propuestas concretas que, en otros, sin embargo, quedan de nuevo en meras declaraciones de intenciones. Se propone también “movilizar vivienda vacía hacia el alquiler protegido” y un férreo control sobre el fraude relacionado.
Muy interesante nos parece (y plenamente racional) la propuesta de impulsar “las políticas de rehabilitación y regeneración urbana” para permitir reducir “al máximo el consumo de suelo y maximizar el uso del tejido urbano ya existente”. Se afirma con valentía que “la solución a los problemas de la vivienda no se puede encontrar solo en la construcción de nueva vivienda y hay que evitar en la medida en que sea posible construir cuando estén disponibles viviendas o áreas urbanas para rehabilitar o regenerar”. No se explica, sin embargo, cómo arbitrar las medidas concretas para lograrlo. También parece superficial, aunque obvia, la referencia a la necesidad “de reducir la dependencia del ladrillo”, apostando por modelos productivos. Faltan de nuevo, creemos, medidas concretas, pero se agradece el diagnóstico.
Concreta es la medida para dotar de “medios adecuados a las fiscalías que están llevando a cabo la defensa de la legalidad en materia de urbanismo”, absolutamente necesaria, e ingenua la propuesta para reforzar el papel de las Comunidades Autónomas frente a los ayuntamientos. ¡Cómo si no fueran cómplices!
Las medidas de Izquierda Unida en materia de medio ambiente tienen un carácter transversal en todo el programa electoral. Muchas de ellas son compartidas con otras fuerzas políticas, si bien es posible encontrar referencias más explícitas en algunos casos. Es llamativa la ausencia de políticas más definidas en materia de ordenación del territorio, más allá de la cuestión urbanística, no existiendo tampoco ninguna referencia a proyectos como Gran Scala. IU se limita a apoyar genéricamente “políticas de desarrollo rural cuyo eje sea la actividad agraria y esencialmente las dirigidas a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes del medio rural que garanticen y fomenten la multifuncionalidad, frenen procesos de despoblamiento en las zonas rurales y propicien la interacción entre el medio urbano y el rural, discriminando positivamente a los agricultores por las distintas funciones que realizan a favor de la sociedad en su conjunto (producir alimentos, gestionar el territorio, cuidar el paisaje y los recursos naturales, etc.). Especificamente, se compensarán las limitaciones a la actividad agraria impuestas en las zonas de la Red Natura 2000”.
Izquierda Unida es el único partido que, con muchos matices, parece rechazar la concepción casi exclusiva industrial o mercantil de la cultura, introduciendo interesante elementos de reflexión: “EEUU consiguió, a través de la Organización Mundial del Comercio -OMC, calificar a las creaciones del espíritu de meras mercancías y durante la década de los 90 impuso un nuevo orden mundial basado en la bilateralidad económica para imponer, más aún su cabe, su hegemonía cultural”. Abunda en este punto en conceptos antiamericanos algo trasnochados. Pero tiene la virtud de poner sobre la mesa una cuestión esencial: la creciente privatización del patrimonio arquitectónico y cultural y la política oficial de escaparate cultural. La alternativa, sin embargo, se presenta difícil y poco clara: “una cultura de cambio, creativa, moderna, descentralizada y participativa; una cultura de paz y solidaridad, defensora de la diversidad cultural en un entorno respetuoso con las diferencias. Una cultura basada en el patrimonio del pasado, la memoria histórica y el conocimiento en la sociedad de la información”. Las propuestas de Izquierda Unida en relación con el patrimonio “suenan bien”, máxime si se compara con la de otros partidos: “Poner a disposición del público nuestro rico patrimonio cultural, que incluya desde los planes de rehabilitación, hasta una legislación que frene la especulación, los usos que deterioren el patrimonio y el expolio del mismo, aplicando una política policial y penal contra el comercio ilegal y la destrucción de nuestro patrimonio cultural, artístico y arquitectónico”. Acompaña a estas consideraciones una serie de medidas ciertamente concretas, aunque algo más extendidas en el conjunto de los partidos, referentes al libro y las bibliotecas, los archivos, el cine o los museos. Lo cierto es que el balance de Izquierda Unida en su tarea de oposición (en relación con el patrimonio cultural) no ha sido lo ilusionante que podría parecer a la vista de las propuestas del programa electoral.
Chunta Aragonesista (ChA)
Chunta Aragonesista incide en el autogobierno para lograr algunos objetivos como el pleno reconocimiento de la cultura y la lengua aragonesas. Es el único partido que pide un especial reconocimiento y protección a un patrimonio tan débil, pero tan importante, como la lengua aragonesa, en el contexto de las lenguas minoritarias. Entre otras cosas, se pide la participación de las Comunidades con lengua propia en los organismos culturales internacionales, en el marco del Estado.
Como en el caso del PAR, se nota en el programa electoral que no son elecciones del todo cómodas para los partidos nacionalistas en materia programática. Se exige con firmeza el retorno del patrimonio cultural emigrado y se singulariza también el caso de los documentos aragoneses en el archivo de Salamanca. Es de agradecer. Se hace referencia también al Archivo de la Corona de Aragón y a la relación entre el turismo y la cultura. Junto con otras propuestas de carácter global, se proponen cuestiones interesantes que denotan sensibilidad por el patrimonio, si bien de forma indefinida: “exigir al Estado el respeto al patrimonio histórico aragonés (que más puede exigirse a la propia Diputación General) y la ejecución de los programas del 1% cultural que le corresponden a Aragón, evitando cualquier trato discriminatorio en relación con otras Comunidades Autónomas”. Se hace hincapié en una cuestión interesante e importante: la dotación de “recursos suficientes para los planes integrales de recuperación del patrimonio: catedrales, castillos, monasterios, yacimientos, balnearios, etc”.
Muy interesantes nos parecen las propuestas relacionadas con el urbanismo, comenzando por el liderazgo público en materia de suelo y vivienda: constituir un Patrimonio Público de Suelo que permita “evitar la venta innecesaria y especulativa de suelo público”. Se apuesta por “ciudades y barrios sostenibles, mediante un urbanismo que preste especial atención” a aspectos tales como la rehabilitación, la elaboración de un catálogo estatal de buenas prácticas “con especial referencia a los nuevos desarrollos urbanos en costas, áreas de montaña, riberas de los ríos y otras zonas sensibles”, las reformas legislativas necesarias “que permitan dar un uso efectivo y racional al enorme número de viviendas desocupadas que no tiene carácter de segunda residencia”, la incentivación de la arquitectura sostenible o el fomento del alquiler. Encontramos una propuesta muy interesante y muy poco frecuente: “una apuesta decidida por la rehabilitación de inmuebles y viviendas, no sólo con el objetivo de conseguir un incremente en su número y calidad sino con objeto de frenar procesos de degradación urbana de amplias zonas de la ciudad tradicional”. Se propone extender las Áreas de Rehabilitación Integrada y, como propuesta realmente novedosa, se propone impulsar la intervención de oficio por parte del Tribunal y el Servicio de Defensa de la Competencia “para garantizar la competencia efectiva dentro del mercado inmobiliario, así como para evitar las prácticas abusivas que pueden llevarse a cabo por promotoras y, especialmente, grandes propietarios de suelo, que tratan de enriquecerse de una manera artificiosa y gravosa para el conjunto de la sociedad”.
En materia de medio ambiente se proponen medidas algo más repetidas, si bien se encuentran aspectos interesantes, como la intención de “reforzar la acción pública en materia ambiental, mediante la definición de estrategias para la sostenibilidad” y la “gestión racional de los recursos naturales”. Se propone la creación del Parque Nacional de los Pirineos y fijar en Huesca la sede de la Agencia Estatal de Parques Nacionales, si bien no se aprovecha, lamentablemente, para exigir la creación del gran parque nacional estepario de Monegros. No se encuentra ninguna referencia, penosamente, al rechazo a Gran Scala. Verdaderamente incomprensible, teniendo en cuenta las competencias del Estado al respecto. Se apuesta por la movilidad sostenible con especial interés en la red ferroviaria regional y de cercanías.
Partido Aragonés (PAR)
El programa del partido aragonés es inconcreto e indefinido. En materia de medio ambiente, urbanismo y desarrollo rural sus propuestas son extremadamente conservadoras y nada novedosas.
Claro que nuestra lectura está condicionada. Sabemos que es el partido máximo valedor del desastre de Gran Scala pero no duda en proclamar su fe en el desarrollo sostenible: “Queremos un Aragón sostenible desde el punto de vista social y medio ambiental. Creemos que es posible crecer y desarrollarse sin tener que sacrificarlo todo a la lógica del máximo beneficio en el corto plazo. Entendemos el territorio como espacio de progreso y transformación social, lo que exige de forma necesaria que el desarrollo sea colectivo, se reparta justamente y, además, asegure el futuro de quienes viven en él”. Pocas propuestas concretas pueden destacarse, pues son las mismas palabras de siempre en ambiguos cantos de sirena. Valga un ejemplo: “Impulsar el desarrollo sostenible a partir de los recursos naturales. Siempre hemos dicho que los recursos naturales deben crear riqueza y bienestar allá donde se producen o generan, en un horizonte de sostenibilidad. Trabajaremos para que favorezca el desarrollo económico de Aragón, de forma que se asegure la continuidad social”.
En materia de cultura y patrimonio, junto a excentricidades de relleno (como la creación de una Academia de la Historia, el Foro de las Artes Zaragoza 2012 o la participación de la administración en equipamientos que ya son públicos como el Teatro Fleta o el Espacio Goya) encontramos propuestas muy concretas e interesantes, como la apertura del año Jacobeo en Somport, el impulso del patronato del Archivo de la Corona de Aragón, la declaración como patrimonio de la humanidad del Castillo de Loarre y de San Juan de la Peña o la exigencia firme de devolución del patrimonio emigrado ilegalmente depositado en Cataluña. Algo más difícil de creer es la creación de un gran “Museo de Arte Moderno Internacional en Zaragoza” cuando no se ha sido capaz de llevar a cabo ni un centro aragonés. Destaca también positivamente la candidatura de Zaragoza para la capitalidad cultural europea del año 2016. En general un programa vacío, de trámite y premeditadamente ambivalente.
UPyD
El programa de Unión, Progreso y Democracia en relación con el patrimonio cultural es ciertamente pobre y muy poco novedoso, quizás achacable a la cierta novedad del partido. Se apuesta por la supresión del mandato constitucional que considera la riqueza lingüística un patrimonio cultural a proteger y conservar y se incide en la importancia del binomio “turismo-cultura” sin considerar, en cambio, que es un binomio que el modelo actual entiende mal, y sin reparar en que el turismo de masas puede ocasionar importantes perjuicios sobre el patrimonio cultural.
El patrimonio se considera casi exclusivamente, lamentablemente, como “uno de los pilares fundamentales de la mejora de nuestra capacidad productiva y para el desarrollo de un modelo industrial competitivo, además de tener un papel central en las acciones económicas vinculadas al turismo cultural”. Pocas novedades en materia de cultura en relación con los grandes partidos: se entiende la como una gran industria que conviene utilizar bien desde el punto de vista económico y se incide en su importancia para la proyección exterior de España. Se apuesta por una mezcla clara entre lo público y lo privado y por apoyar el mecenazgo.
Pero, aisladamente, también encontramos propuestas muy interesantes: fundamentalmente la de potenciar el sector cultural como un recurso educativo integrado en los ámbitos escolares y universitarios y la novedosa iniciativa para un pacto de Estado que trate de evitar el clientelismo y el sectarismo que (en APUDEPA coincidimos) “son actualmente los criterios que rigen la asignación de las inversiones culturales”. Ya era hora de que alguien lo dijera.
Si es fácilmente comprensible el rechazo de UPyD a la política de cheques y ayudas, injustificable nos parece la apuesta por una mayor “liberalización del mercado de suelo”. “La construcción –se dice- debe ser libre, salvo las restricciones que establezcan los planes municipales en cuanto a los usos ambientales, patrimoniales, colectivos o de desarrollo urbanístico, soportando los agentes urbanizadores la realización de las infraestructuras y equipamientos de manera previa a la construcción de viviendas”. Es penoso que un partido tan joven apueste por medidas que se han consolidado como altamente lesivas para la protección del medio ambiente y la cultura.
Se acierta, a nuestro juicio, al considerar los peligros que comporta la utilización del suelo como instrumento de financiación municipal, si bien no se proponen soluciones interesantes. Sí lo son, sin embargo, las propuestas para que las VPO se destinen exclusivamente al alquiler.
Si bien se proponen mejoras medioambientales, tampoco se aborda la cuestión desde medidas vertebradoras y generalizadas.
C’S
Aunque también vagos, más interesantes nos parecen algunos enunciados básicos planteados por Ciudadanos. Si bien no hay propuestas suficientemente definidas, encontramos (a nuestro modo de ver) buenos diagnósticos y declaraciones de intenciones. Es, en relación con las materias que tratamos, un programa fresco y novedoso. En relación con el urbanismo se apuesta por una Nueva Cultura del Territorio, defendiendo la revisión de la legislación sobre medidas liberalizadoras en materia de suelo “con el fin de que se incorporen como valores fundamentales la defensa de la calidad de vida de los ciudadanos, el medio ambiente y el patrimonio cultural. La propiedad del suelo y la vivienda deben ser tratadas respetando su función social”. Interesante relación entre suelo y patrimonio que no por obvia es frecuente.
Muy interesante también, aunque genérica es la propuesta para la firma “de un gran pacto nacional sobre el patrimonio cultural que permita una mayor concienciación y compromiso social y político en la necesidad de difundir, mantener y recuperar el patrimonio cultural de los españoles”. Lamentablemente, es la única formación que ofrece algo parecido, aunque se quede en una generalización del todo incompleta e insuficiente.
Interesantes medidas se contemplan también en relación con la digitalización de archivos, mediante un Archivo Digital Nacional y un innovador Plan de Protección del Patrimonio Cultural Español, si bien queda poco definido el alcance y las competencias. Se apuesta por el software libre.
Propuestas parecidas al PSOE encontramos en el campo de la rehabilitación urbana, quizás menos concretas e igual de peligrosas en lo referente a la sustitución del “parque inmobiliario obsoleto” de zonas degradadas de los centros urbanos. Interesante en materia de vivienda es la defensa del mantenimiento de la titularidad pública del suelo destinado a vivienda protegida, haciendo uso del derecho de superficie. Se apuesta también por la rehabilitación.
Especialmente interesantes nos parecen las referencias al modelo de ciudad. A diferencia del PSOE, Ciudadanos goza de la presunción de inocencia, pues no ha gobernado todavía. Se apuesta por utilizar racionalmente el suelo “en función de las necesidades de la población, según un modelo compacto sustentable de acuerdo con las recomendaciones de la Declaración de Río de Janeiro (1992) sobre el medio ambiente y el desarrollo”. Se promoverán órganos técnicos de ámbitos supramunicipal y se fomentará la participación ciudadana, la transparencia y la “participación de los agentes sociales en la formulación del planeamiento territorial”. Se propone la participación, además de las administraciones, de “miembros de la judicatura, asociaciones, colegios profesionales, operadores inmobiliarios públicos o privados y otros colectivos interesados, garantizando que las plusvalías de la actividad urbanística reviertan en la sociedad”. Se defiende, claramente, el modelo de ciudad compacta, manteniendo la escala humana en el diseño urbano, “con el fin de conseguir una ciudad formada por barrios bien estructurados y autónomos, que integren diferentes usos, permitiendo la proximidad entre las viviendas, los servicios comunitarios, los comercios y los centros de trabajo, que favorezca el tránsito peatonal, el uso de la bicicleta y el transporte público, y que evite la segregación social”. Eso sí, “en casos excepcionales, debidamente justificados” se abre la puerta al crecimiento disperso (tenemos experiencia en la generalización de las excepciones) y se revitalizarán núcleos rurales en declive o abandonados, mediante su uso turístico o de segunda residencia. Caben serias dudas sobre esta última propuesta.
Menos novedosa, y algo pobres e indefinidas (más allá de los consabidos conceptos generales) son las propuestas sobre medio ambiente. Destacables las interesantes y atractivas medidas en relación con el urbanismo.
Conclusiones
Entre todos. El domingo. Por la noche.
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