"La penosa función de los 'allanadores', por Belén Boloqui y Carlos Bitrián
Artículo publicado por El Periódico de Aragón en su edición de 21 de marzo de 2008. El Periódico de Aragón publicaba en 16 de marzo de este mes un artículo en el que los portavoces gubernamentales se afanan en su misión de allanar el camino de la SGAE. Se afirma ahora que “o se recupera el edificio de los años 50 concebido para espectáculos de revista a la americana, o se levanta sobre sus restos un teatro para el siglo XXI”. Ello pese a que, hasta 2005, el teatro del tan traído y tan llevado siglo XXI era precisamente el que ahora se pretende desechar. A finales de 2003, cuando el Fleta ya se encontraba en su estado actual, la Consejera Almunia afirmaba que el Teatro rehabilitado según proyecto reformado de Basilio Tobías sería óptimo para “una programación de conciertos, de montajes teatrales de los más diversos formatos, y adecuada también para ópera y grandes compañías de danza”.
El Gobierno intoxica a los medios con informaciones falsas, afirmando que el Catálogo de Edificios de Interés se estudia en el Ayuntamiento, cuando lo cierto es que el Ayuntamiento ya cumplió ese requisito, reafirmando la protección del edificio por unanimidad y haciéndolo saber al Gobierno de Aragón. El Teatro está catalogado.
Las palabras de los “actores y directores” que incluye el artículo de “El Periódico” van desde la confusión de José Manuel Pérez Latorre a la sensatez de Ricardo Joven, pasando por el desprecio arquitectónico de Mariano Anós y Carlos Martín. Estos últimos reducen la cuestión a los estrictos límites de su parcela profesional, ignorando los pronunciamientos de los diferentes expertos (juristas, arquitectos, historiadores, artistas) e instituciones (Colegio de Arquitectos, DOCOMOMO, Hispania Nostra, Observatorio Internacional de Teatros en Riesgo…).
Pide el derribo del Fleta José Manuel Pérez Latorre, que ha recibido importantes encargos de los gobiernos locales (alguno adjudicado “a dedo”, incluso contra sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Aragón). ¿Qué esperar, con relación al patrimonio, de quien redactó el proyecto de demolición y sustitución de la magnífica cubierta de la Estación de Canfranc (demolición declarada ilegal por el Juez a instancias de APUDEPA)?
Alega Pérez Latorre, como el Viceconsejero Vázquez, que los edificios deben adaptarse, olvidando que “adaptación” no equivale a “derribo”. ¿Por qué ocultan que el Fleta se encuentra ya inmerso en unas obras de “adaptación” según proyecto de Basilio Tobías que el Gobierno mantiene paralizadas? ¿Por qué ocultan que del Fleta no solamente se conserva la fachada sino también su portentosa estructura y la configuración de sus espacios? ¿Debemos juzgar un edificio por el aspecto que presentan sus obras? ¿Aplicamos este criterio al estado actual del Museo Pablo Serrano y de la Estación de Canfranc? Nada aprendieron con las penosas pérdidas de “El Coliseo”, “El Dorado” y tantos otros, producidas pese a los sucesivos intentos conservacionistas de las vanguardias de la sensibilidad patrimonial. Porque, en patrimonio cultural al menos, conservación no es antónimo de progreso.
Tergiversando la realidad (por ignorancia o mala fe) se pregunta Pérez Latorre si tiene sentido no tirar el Fleta porque “haya una serie de gente que dicen que eso no se puede tocar”. Que el Fleta no se puede tirar no lo dice, sin embargo, “una serie de gente”: lo dice la ley y el Catálogo de Edificios de Interés. Para apreciar el gran valor del Fleta hay que entender su arquitectura. Para cumplir la Ley, no.
La Diputación General ampara su errática política en materia de cultura en las múltiples expresiones de su poder. Por un lado, incumpliendo la ley al negar la información que le solicita el Justicia de Aragón, impidiendo el ejercicio de su estatutaria misión supervisora en perjuicio de los derechos ciudadanos y mostrando así la total ausencia de sentido democrático. Por otro lado, desinformando mediante su poderosísima estructura comunicativa. Y siempre asegurándose una atmósfera general silente mediante el control de la actividad de tantos profesionales que dependen de las instituciones públicas para desarrollar su trabajo (publicaciones, exposiciones, proyectos arquitectónicos, conciertos o programas de televisión).
Quizás Zaragoza tirará el Fleta como en su día tiró la Torre Nueva. Así los intereses de turno podrán invocar su derribo en un futuro para justificar nuevas demoliciones. Pero no será porque no haya ciudadanos que, independientemente de sus particulares intereses, se afanen en algo tan elemental como es defender el imperio de la Ley.
Belén Boloqui Larraya y Carlos Bitrián Varea por la Junta de APUDEPA
2 comentarios
Discordia -
Tonius -
En esta región mediocre, en todos los sentidos, está muy bien,aunque parezca mentira que esto suceda en pleno año 2008, que defendais el cumplimiento de la Ley.