¿Pacto PSOE-PP?, el bochorno urbanístico del reparto de Zaragoza
Ambrosio Lorenzetti. Detalle del Mal Gobierno. Palacio de Siena. Mitad del siglo XIV. En el centro la Tiranía en la figura de Demonio acompañada de los vicios de la Soberbia, Avaricia y Vanagloria. Debajo, de blanco, la virtud de la Justicia que aparece vencida y sola. Más claro que nunca conocemos el procedimiento de quienes en esta ciudad se reparten el suelo y cómo, y con ello las consabidas recalificaciones y pelotazos urbanísticos que la Operación Molinos en La Muela ha puesto en evidencia para la masa ciudadana.
Felicitamos a El Periódico de Aragón por la valiente publicación de sus artículos sucesivos “Socialistas y Populares pactan las futuras recalificaciones urbanísticas” (6 de mayo) y “El futuro urbanístico desata fuertes tensiones en el PP de Zaragoza” (7 de mayo). Algunos estarán que echarán las muelas acostumbrados a estar en la consabida sombra protectora.
Es necesario saber si es cierta la información dada y en qué términos, pero por ahora el PSOE no lo ha negado (sí lo han hecho sectores del PP). De ser cierto, no podemos ni imaginar lo que esa trama urbanística en millones de euros supondría para el encarecimiento del suelo en Zaragoza pero mientras tanto como aragoneses es nuestra obligación difundir estas componendas espurias de poder que ahora niegan, unos y otros, con total sinvergonzonería. Detrás, ciertos empresarios del suelo y cemento, posiblemente algunos bancos.
Lo publicó El Periódico de Aragón en sendos artículos de ayer y antes de ayer y nosotros los incluimos ahora para colaborar en su difusión. No puede parecerer más claro y evidente, ahora ya tenemos los datos, de un lado y de otro y sabemos con quién nos estamos jugando los cuartos.
Nuestra obligación como ciudadanos es estar informados, ineludiblemente en momentos de crisis como la que estamos viviendo. Nos van a ver cara a cara, en la prensa, en los foros y en las urnas. Como ciudadanos aragoneses sentimos enorme vergüenza ¡Elecciones anticipadas, lo menos!
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Véase el interesante artículo de José Luis Trasobares, Exconcejales ladrilleros, como siempre, en el Periódico de Aragón, 9/5/2009
Véases también el blog urbanismo patas arriba
4 comentarios
Marianin -
¡Tengo ganas que venga una crisis que afecte solo a los corruptos y responsables de este modelo de vida, a su santo gusto, amén.
Sopa Juliana -
Pues porque todos tienen un precio. Esta vez, parece que el pacto va a salir caro.
Ya se sabe "Tanto va el cántaro a la fuente,...
Alfalfa -
Sara -
El pleno de las Cortes dio ayer el visto bueno final a la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, que establece las limitaciones e incompatibilidades de los altos cargos y regula el funcionamiento del Ejecutivo. Entre otras cosas, establece que presidente y consejeros no podrán tener más del 10% de las participaciones de empresas que contraten con el sector público ni desempeñar actividad pública o privada adicional a su cargo, remunerada o no. La ley faculta al presidente para disolver las Cortes y convocar elecciones y le permite también nombrar vicepresidentes ´sin cartera´. CHA e IU lamentaron que las limitaciones sean cortas.
Esta es la segunda ley que se aprueba en desarrollo del Estatuto Aragonés, reformado en el 2007. Dicho texto estableció la capacidad del presidente autonómico para disolver las Cortes y convocar elecciones, algo que ahora queda refrendado por la ley. Esta última refuerza el papel de los consejeros, permite crear cuantas vicepresidencias (´sin cartera´) estime el presidente, incluye la obligación de los miembros del Gobierno de realizar una declaración patrimonial ante las Cortes e impide a los altos cargos desempeñar actividades públicas o privadas al margen de su cargo.
Los miembros del Gobierno pueden tener hasta un 10% de las participaciones en empresas que contraten con la Administración pública, pero tendrán que deshacerse de lo que supere ese porcentaje. Solo podrán gestionar el patrimonio familiar y personal, por lo que están vetados para dirigir firmas privadas, y tendrán que inhibirse en decisiones sobre empresas que familiares suyos hayan dirigido, asesorado o administrado hasta dos años antes de ser altos cargos.
El vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, añadió que el texto mejora la capacidad normativa del Gobierno e introduce los medios electrónicos en la gestión, y consideró que la ley es garantista y fija nuevas exigencias a los altos cargos. El socialista Carlos Tomás y el aragonesista Javier Allué defendieron el texto, que sin embargo recibió las críticas de Adolfo Barrena (IU) y de Chesús Bernal (CHA).
Estos últimos consideraron que las limitaciones e incompatibilidades deberían haber sido mayores (lo intentaron sin éxito a través de enmiendas). "No estamos en absoluto de acuerdo con que (los altos cargos) puedan tener hasta un 10% del capital de empresas que trabajan con la Administración", dijo Barrena, quien indicó que es "imposible votar a favor ningún artículo".
Bernal lamentó que no haya habido más condiciones que garanticen la limpieza de la gestión pública y subrayó que la ley, a diferencia de lo que sucede con todas, no tiene régimen de infracciones y sanciones.
Manuel Guedea, del PP, comentó que pese a que su partido no está de acuerdo con algunos extremos, sí lo está en general.