El caso Averly: La Fiscalía General del Estado al Ayuntamiento. Stop a la licencia de derribo

Foto Arainfo

NOTA DE PRENSA 

La Fiscalía General del Estado, que no ve por ahora ilícito penal en Averly, solicita al Ayuntamiento de Zaragoza que no conceda licencia de derribo hasta que la catalogación “sea firme, sin posibilidades de impugnación”

El Ministerio Fiscal entiende “que la concesión de la licencia de derribo y la demolición de los edificios cuando pende precisamente un procedimiento judicial cuyo objeto es la adopción de una medida cautelar respecto a esa actuación supondría frustrar absolutamente el objeto del dicho procedimiento judicial al hacer absolutamente inútil el mismo”.

El Ministerio Fiscal considera que, en tanto no se resuelva el proceso judicial, el otorgamiento de la licencia es “contrario a la más elemental lógica procesal”

La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, Apudepa, ha tenido acceso a un documento que la Fiscalía General del Estado ha remitido al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. En dicho documento la Fiscalía sostiene que de lo actuado hasta ahora no se desprende la existencia de actuaciones con responsabilidad penal en los hechos conocidos. La Fiscalía, que señala no obstante que se puede interponer denuncia ante el Juzgado de Instrucción, considera que la legalidad de los planes para Averly debe resolverse por ahora en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sin embargo también se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, la concesión de licencia de derribo para Averly. En el informe remitido al Ayuntamiento de Zaragoza, el Ministerio Fiscal ha mostrado de manera contundente su parecer contrario a la concesión de licencia mientras no esté resuelto el procedimiento judicial en marcha. Así, la Fiscalía añade que “sí entiende el Ministerio Fiscal que la concesión de la licencia de derribo y la demolición de los edificios cuando pende precisamente un procedimiento judicial cuyo objeto es la adopción de una medida cautelar respecto a esa actuación supondría frustrar absolutamente el objeto del dicho procedimiento judicial al hacer absolutamente inútil el mismo”. La Fiscalía considera que “parece contrario a la más elemental lógica procesal que se pueda adoptar una resolución administrativa que, como indicábamos anteriormente, frustre de manera irreversible el pronunciamiento judicial en un procedimiento en la pieza de medidas cautelares cuya naturaleza precisamente es evitar cualquier actuación irremediable”.

El escrito de la Fiscalía, además de todo lo dicho, contiene un indicio favorable al recurso de Apudepa sobre las medidas cautelares, al afirmar, desde el respeto a la decisión que adopte el Tribunal Supremo, que “lo cierto es que recientemente se ha dictado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de febrero de 2014 considerando que la exigencia de un coste excesivamente oneroso cuando se trata de costes económicos generados por medidas a las que el juez nacional puede supeditar la concesión de medidas (que incluye el patrimonio histórico, cultural y artístico según la Ley 27/2006, de 18 de julio que la transpone al ordenamiento jurídico español) podría suponer el incumplimiento de la misma”.

Ante tan contundente informe de una instancia tan elevada como la Fiscalía General del Estado, Apudepa considera que se hace inaplazable un pacto municipal para evitar el derribo de Averly en tanto no se resuelva el procedimiento judicial en curso. El informe del Ministerio Fiscal aporta importantes argumentos legales y legitimidad jurídica para mantener la suspensión de la concesión de la licencia hasta el pronunciamiento de los tribunales. Por ello la Asociación hace un llamamiento a los grupos políticos para que lleguen a un acuerdo que no impida el cumplimiento de las futuras decisiones judiciales.

Y ello sin que la Asociación renuncie a las medidas legales a que haya lugar en todos los órdenes.

Apudepa, 2 de julio de 2014