Urbanismo

APUDEPA lamenta la improvisación y la falta de planificación en el Casco Histórico de Zaragoza y urge a la elaboración de un Plan Integral participado

 

Vaciado de la casa palacio de Palafox, Zaragoza. Foto Apudepa. La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, APUDEPA, ve cada día con más preocupación la situación del Casco Histórico de Zaragoza. El mal estado del patrimonio civil y de la arquitectura popular urbana son buenos indicadores de la mala aplicación del Plan Integral del Casco Histórico.

Es insultante que sea la necesidad de contratar a parados la razón principal para que lleguen inversiones al Casco, pues demuestra un desprecio absoluto hacia la ciudad y la falta de una planificación seria en relación con su Centro Histórico.

APUDEPA denuncia que el PICH ha tenido un desarrollo nefasto basado principalmente en operaciones de cosmética arquitectónica, olvidando precisamente el factor integral que es único que puede conducir al éxito las políticas sobre centros históricos, como viene demostrando la experiencia española y europea. Además, la constante improvisación y la indefinición han mancillado el espíritu y la letra del Plan original (la última prueba de todo ello la dan las maniobras en relación con el palacio de Fuenclara y la Imprenta Blasco).

Zaragoza necesita un Plan, a juicio de la Asociación, que entienda integralmente los problemas del Casco Histórico, partiendo de sus apremiantes necesidades sociales, de las necesidades de los vecinos y de la necesidad de mantener la esencia tipológica, arquitectónica y constructiva del casco histórico, conforme al principio de conservación integrada reflejado en la Carta Europea de Amsterdam. Y para ello es necesaria la convergencia de las diversas disciplinas y de los ciudadanos afectados, no solamente en la redacción del Plan sino también en su seguimiento.

Por otra parte, intervenciones sobre el patrimonio monumental como las del Convento de Mínimos de la Victoria o el Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia demuestran que es necesario un mayor debate y una mucho mayor interdisciplinariedad, así como una mayor atención a la complejidad histórica y arquitectónica del Centro Histórico.

APUDEPA quiere denunciar también las sustituciones de edificios que siguen practicándose en el Centro Histórico (pese a que la Ley de Patrimonio Cultural las proscribe) el “fachadismo”, los vaciamientos y el deficiente tratamiento de los inmuebles de Interés Ambiental. Todas ellas, junto al descontrol arqueológico que venimos detectando, son razones poderosas que explican el fracaso del desarrollo del Plan Integral del Casco Histórico.

APUDEPA quiere señalar también que la salud y la vitalidad del Centro Histórico de una ciudad depende también de la planificación urbanística de todo el término municipal y del área metropolitana, por lo que cualquier política que no tenga un alcance global (como la actual, caracterizada por un urbanismo a la carta) está abocada al fracaso y conlleva la marginación del Centro Histórico.

 

APUDEPA, 8 de enero de 2009

 

La ciudad perdida, por Jordi Borja

Nuestras ciudades han sufrido y sufren el acoso al "espacio público", que supone la negación misma de la ciudad. No existe planificación seria. El diario El País en su edición catalana de 22 de diciembre de 2008 publica este artículo que se puede aplicar totalmente a Aragón: La ciudad perdida, por Jordi Borja.

El arquitecto David Mangin acaba de recibir el Premio Nacional de Urbanismo de Francia y declara: "La ciudad sólo es sostenible, duradera, si posee la capacidad permanente de adaptarse, de evolucionar. Y sólo es posible si es una ciudad transversal, de mezcla, abierta..., pero el espacio público hoy está fuertemente amenazado. Lo que predomina ahora son los espacios uniformes, sin vida urbana de las periferias, y las áreas de enclave, cerradas, especializadas, en la ciudad compacta, lo que aún llamamos ciudad aunque cada vez lo es menos. La ciudad con historia no representa más que el 5% de las zonas urbanas francesas...".

Recientemente, se presentó el Anuario Territorial de Catalunya correspondiente a 2007. Una gran obra que elabora cada año la Societat Catalana d’Ordenació del Territori del Institut d’Estudis Catalans, con el apoyo de la Generalitat y la Diputación de Barcelona. Se analizan los 200 casos más relevantes de transformaciones y proyectos territoriales y no se obvian los impactos negativos que las acciones y omisiones de los actores públicos y privados han producido sobre un territorio cada vez más mal urbanizado. Se incluye el debate público y la resistencia de los actores ciudadanos, lo que demuestra que el país tiene un gran potencial crítico y capacidad de elaborar propuestas alternativas o por lo menos exigencias que forman parte de la ciudadanía de nuestra época.

La Introducción al Anuario, a cargo de Josep María Llop, ex responsable de Urbanismo de Lleida y de Barcelona, tiene la virtud de explicar las causas de este proceso disolutorio de la ciudad que denuncia David Mangin. La absurda y culposa expansión inmobiliaria (los promotores recibieron en estos años del boom créditos por valores de más de 50.000 millones de euros) ha multiplicado tanto la banalización de las periferias como los enclaves en la ciudad compacta. Es la negación de la ciudad, de su capacidad de progreso. La evolución resulta como es sabido de la selección natural y del juego entre el azar y la necesidad, y también, como dice Marcoulis citado por Llop, de la simbiosis, de las relaciones contradictorias y complementarias entre elementos o actores distintos. En la ciudad se dan en teoría estos tres factores pero la urbanización actual, negando el tercero también reduce la eficacia de los otros dos.

El planeamiento municipal y regional se ha mostrado impotente y ha faltado una intervención pública sistemática y eficaz sobre el suelo urbanizable o con vocación de serlo, el factor clave del proceso urbano. A pesar de que el 73% del suelo está teóricamente planificado, la capacidad de gestión es débil frente al dinamismo del mercado. La conflictividad territorial que han desarrollado plataformas múltiples en ámbitos locales es todo lo contrario de una patología social como a veces creen los responsables políticos: en muchos casos ha frenado o reducido los impactos negativos de lo que la misma Cámara de la construcción ha denominado "urbanismo especulativo". Un urbanismo que ha contado con la complicidad de los proyectos de la extensión de la red viaria que de facto han favorecido la expansión de la urbanización difusa.

Ahora, en el marco de la crisis económica global, ha llegado una oportunidad de respuesta a la misma desde la Catalunya-ciutat. Enfrentar la disolución de la ciudad y sus impactos sociales y ambientales, la regulación del mercado inmobiliario, la falta de una política de reforzamiento de centralidades y compacidades urbanas en todo el territorio, el modelo de comunicaciones que requiere este urbanismo integrador, la gestión del planeamiento a escala supramunicipal. Los objetivos territoriales vinculados a la generación de empleo y al desarrollo de actividades endógenas pueden ser una respuesta positiva a la crisis si son capaces no de reproducir sino que demuestran que son capaces de reducir el salvajismo capitalista actual. La miseria intelectual de la política española no permite hacerse esperanzas pero, en cambio, debieran estimular al Gobierno catalán a tomar iniciativas innovadoras.

La intervención pública se apoya en tres instrumentos principales: la normativa, la inversión y la capacidad de definir planes y proyectos, que incluyen normas y actuaciones propias y algo más, una voluntad política práctica que orienta la acción del conjunto de actores públicos y privados. La normativa existe, la actual legislación urbanística permite una fuerte intervención del sector público, tanto en el planeamiento como en la gestión. La capacidad de inversión, no sólo directa, también mediante la obtención de recursos, ya sean monetarios (plusvalías), cesiones de suelo, etcétera. El punto débil es el planeamiento que existe pero faltan las instituciones adecuadas a los desafíos del territorio y también una concepción renovada del planeamiento, más estratégico que regulador, entendido como un medio para desarrollar proyectos y no como la autoridad superior que aprueba o rechaza hipotéticas iniciativas públicas o privadas.

La nueva organización del territorio que anunciaba el Estatuto (el anterior y el actual) no solamente no se ha desarrollado, sino que tampoco se ha planteado mediante conceptos operativos. El planeamiento más importante es el de escala municipal, lo cual en un país con más de 900 municipios, la mitad de los cuales no llega a 500 habitantes y más del 80% no alcanzan los 5.000, es insostenible. Las "veguerías" (¿por qué no llamarlas "regiones", que no suena tan anacrónico y que ya se utilizó en los años republicanos?) no parece que vayan a ser la solución. No tanto por su ámbito, más adecuado al planeamiento, como por su concepción administrativista, delegación de los departamentos y relación bilateral con los municipios.

Nos falta un motor innovador, un referente para el conjunto del territorio. El silencio de Barcelona es estruendoso. Encerrada en su término municipal, sin un proyecto de futuro y sin ambición de capital, su gobierno, al optar por una ficticia proximidad, sólo ha conseguido alejarse de Cataluña.

 

 

El Fondo Estatal de Inversión Local o la demostración de la deriva española

Sea por la crisis, sea por las navidades, lo cierto es que los españoles nos hemos comido sin masticar (permítasenos la expresión) una de las noticias más llamativas y más indignantes de los últimos tiempos: la aprobación por el Consejo de Ministros del Fondo Estatal de Inversión Local.

Ante la lluvia de millones que nuestras necesitadas administraciones locales han recibido de pronto, quizá reflexionar un poco sobre el fondo económico de esta medida y su relación con el sistema urbanístico español les resulte de aguafiestas. Lejos de cuestionar la iniciativa, todos los partidos políticos (a excepción de Unión, Progreso y Democracia, que casualmente todavía no tiene representantes municipales) y los colectivos sociales se han puesto a hacer cuentas para ver qué actuaciones se pueden financiar con cargo al milagroso Fondo. Cosas de la contingencia, sin duda.

De todos es sabido que a los Ayuntamientos españoles se les ha mantenido en los últimos años una financiación precaria que no ha permitido en muchos casos la realización de proyectos necesarios y urgentes. La supresión del Impuesto de Actividades Económicas (que casualmente seguía en el tiempo a la reforma de la Ley liberalizadora de Suelo) vino a agudizar la situación y dejó sobre la mesa una evidencia: que había poderes interesados en estrangular financieramente a los Ayuntamientos. ¿Por qué? Porque convenía que los munícipes se lanzasen desesperados a la aventura de vías “extrapresupuestarias” de financiación, que pasaban todas ellas por la explotación de su patrimonio público de suelo. Hemos visto así como nuestros núcleos de población aceleraban exponencialmente el ritmo expansivo que ya existía previamente. Mientras los cascos históricos y los barrios se deterioraban a pasos agigantados, las nuevas zonas periféricas residenciales se multiplicaban imparablemente, sembrando el paisaje español, como habrán podido comprobar, de grúas y excavadoras. Todo ello para alimentar un monstruo: el del negocio de la construcción y de la promoción inmobiliaria, que poco a poco fue tomando, como ahora se demuestra, las riendas de la economía del Estado. ¿Por qué no actuó entonces el Gobierno de España? ¿Por qué permitió en épocas de “bonanza” que los ayuntamientos sobrevivieran sin financiación, realizando sus proyectos a costa del desequilibrio social, demográfico, medioambiental y cultural de su paisaje y de su territorio? ¿Acaso no era esa una crisis mayor que la que actualmente vivimos? O mejor dicho ¿Acaso no era esa la misma crisis que ahora padecemos? Uno sólo se empacha tras grandes comilonas. Tomen un dato significativo: en marzo de 2005 el Gobierno de España anunciaba una medida extraordinaria. El vicepresidente económico y el ministro de Administraciones Públicas habían acordado destinar 120 millones adicionales a los ayuntamientos para compensar la pérdida de la recaudación proveniente del IAE. ¡120 frente a los 8000 que ahora el Gobierno reparte como aguinaldo navideño!

No convenía entonces molestar al monstruo que ha ido engullendo el paisaje español y que ha aumentado las desigualdades entre ciudadanos. Porque con autonomía financiera, muchos municipios quizá no se habrían lanzado a las garras de la expansión incontrolada, en perjuicio del coste de sus servicios, de la consolidación de sus núcleos y del precio de su suelo.

De un día para otro, sin embargo, cuando algunos planes inmobiliarios (que no todos) han quedado paralizados por los efectos de la crisis económica, el Gobierno reparte 8000 millones de euros con la intención confesada de “estimular la economía” y asegurar los puestos de empleo. Es decir: recapitalizar a las empresas constructoras e inmobiliarias para que en alguna medida puedan proseguir con su labor devoradora. Es el fin último al que obedece la creación del Fondo Estatal de Inversión Local, como podemos comprobar fácilmente. En primer lugar porque el Real Decreto-ley 9/2008 por el que se crea el Fondo es suficientemente claro:

“En este contexto de intenso deterioro de las condiciones financieras y económicas, el Gobierno ha decidido poner en marcha diversas medidas extraordinarias de impulso a la actividad económica y al empleo que pasan a sumarse a otras ya contenidas en el marco general del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, activado en los últimos meses como respuesta a la presente crisis. (…) En concreto, con esta medida el Gobierno trata de favorecer aquellas inversiones que contribuyan a dinamizar a corto plazo la actividad económico, incidiendo directamente en la creación de empleo, al tiempo que reforzar la capitalización de los municipios. (…) Por tanto, la naturaleza de los proyectos que son objeto de esta medida extraordinaria comportará el empleo de trabajadores y la movilización de recursos que, en gran medida, procederán de los excedentes a que ha dado lugar el ajuste tan brusco en el sector de la construcción que nuestra economía está experimentando. Lógicamente, cabe esperar que este Fondo favorezca, asimismo, la viabilidad y el empleo de pequeñas y medianas empresas que centran sus actividades en áreas anexas a la construcción, como los servicios de ingeniería, arquitectura, logística, así como la producción y movilización de materiales, maquinaria y equipamiento diverso”.

Los detalles del Decreto acaban de aclarar el panorama: pese a la cifra astronómica, no se trata de ninguna medida gubernamental de mejora de la financiación municipal (una medida que el largo plazo agradecería) puesto que la “inyección” extrapresupuestaria se limita a la actual contingencia: al año 2009. Tanto es así, que el Gobierno obliga al gasto de este dineral en el año próximo y no permite que con él se paguen obras que ya están presupuestadas. Así lo explicita el artículo 3 del Real Decreto-ley: “Las obras objeto de los contratos deben ser de nueva planificación y de ejecución inmediata”. Poco importa si el dinero es necesario, ahora y para un año, para mejorar el bienestar ciudadano. No hay ninguna intención en este decreto de reflexionar sobre el problema español de fondo. Existe simplemente una atención a las contingencias de las empresas constructoras que, de paso, servirá para el aumento del empleo y para la realización de algunas obras necesarias en los municipios.

Resulta realmente escandaloso que una cifra tan elevada se comprometa para proyectos que se han de elaborar en un mes y ejecutar en un año, atentando contra la calidad necesaria de las actuaciones municipales. Nos consta que en los ayuntamientos españoles, los técnicos no duermen  estos días intentando encontrar proyectos en los cajones que les permitan no “desaprovechar” la lluvia de millones. En un foro internacional sobre centros históricos y patrimonio cultural al que tuvieron la oportunidad de acudir miembros de APUDEPA, el jefe de la oficina urbanística del ayuntamiento de una hermosa capital autonómica decía textualmente lo siguiente: “Después de no tener dinero para nada, de pronto hemos recibido millones de euros de las administraciones autonómicas y del Estado. A mí me da vergüenza. Es dinero que se va a malgastar. Ahora nos sobra. Lo podemos regalar. Y lo tenemos que gastar en un año”. Coincidían con él el resto de técnicos municipales presentes.

Tamaña falta de planificación implicará, a no dudarlo, grandes tensiones a corto y medio plazo en nuestras ciudades. ¡Qué no se hubiera podido hacer en los últimos ocho años con un Fondo Estatal de Inversión Local de 8000 millones de euros a gastar en proyectos redactados planificadamente y gastados racionalmente! ¡Cuántas aberraciones urbanísticas nos hubiéramos ahorrado!

Si alguien ha tenido la tentación de pensar que este Fondo beneficiará al maltrecho patrimonio español, desengáñese. Se beneficiará solamente una parte: aquél que ya contaba con proyectos seriamente elaborados. El resto no solamente no se beneficiará, sino que sufrirá notablemente. El artículo 3.6 del Real Decreto dispone que son obras financiables con cargo al fondo “las de conservación del patrimonio municipal y protección y conservación del patrimonio histórico del municipio”. Pero, como reiteradamente hemos dicho desde APUDEPA y desde este Blog, si hay algo que redunda a favor de la conservación del patrimonio, más que el dinero, es la racionalidad y la planificación. Gastar al buen tuntún es claramente contraproducente para la conservación del patrimonio cultural. El patrimonio necesita de proyectos serios, largamente madurados, reflexionados y debatidos. Proyectos que surjan de análisis históricos, artísticos, constructivos y arqueológicos profundos y de la discusión interdisciplinaria. Justo lo que, evidentemente, un mes de plazo no permite.

Y aún cabe señalar otro efecto perverso: de todos es conocido que la loca dinámica urbanística de estos últimos años ha hecho proliferar la corrupción en nuestras administraciones, especialmente en las locales y las autonómicas. ¿Están preparados nuestros municipios, tras estos años de locura, para recibir grandes cantidades de dinero a gastar en un solo ejercicio? ¿Cuánto dinero no se desviará, de una forma u otra, en los innumerables procesos de contratación que se fomentan? ¿Será el Gobierno capaz de controlar euro por euro semejante intensidad en el movimiento municipal de capital?

Es evidente que la crisis del sistema que se ha alimentado hasta el momento genera contingencias dramáticas en la sociedad, fundamentalmente manifestadas en la pérdida del empleo de miles de ciudadanos. ¿No es momento de pensar en otros sistemas de sostenimiento del empleo que no pasen por la construcción y el urbanismo desaforados? España necesita personas que cuiden de personas, tal y como ponen de manifiesto las innumerables quejas ante la financiación deficiente de la Ley de Dependencia. ¿Por qué no se fomentan dignamente estos empleos, que son igual de productivos y mucho menos contaminantes y mucho más eficientes para el bienestar de las personas? La Universidad española necesita de más puestos de trabajo que acaben con su precariedad actual. ¿Por qué no se ofertan más plazas para el personal docente e investigador dependiente del sistema público, fortaleciendo así el desarrollo, la transmisión y la creación del conocimiento? ¿Por qué no se afianza la economía productiva desde el control público?

En suma, desde nuestro punto de vista, el Fondo Estatal de Inversión Local forma parte de una huída hacia delante de las administraciones públicas y es fruto exclusivamente (lo prueba el hecho de que se produzca en este momento y no anteriormente) del afán de mantener el ritmo constructor español, supliendo así a las necesarias reformas estructurales que España (su patrimonio, su paisaje, su territorio) y el bienestar de sus ciudadanos necesitan.

 

Barbaridades urbanísticas: El excolegio de Jesús María en Zaragoza

Edificio del colegio de Jesús y María en la Calle Cortes de Aragón. Foto Apudepa, 2008. LLAMAMIENTO A LA SOCIEDAD ZARAGOZANA: Zaragoza no puede tener un comportamiento urbanístico sobre sus antiguos colegios, similar al de los de los años 60 y 70.

APUDEPA ha visto en prensa con honda preocupación que de nuevo el PGOU de Zaragoza tendrá que ser modificado de usos sociales (educativos) a usos urbanísticos (residenciales) en el convenio que se quiere desarrollar en el antiguo colegio de Jesús María, pues a tenor de las declaraciones del representante del ayuntamiento, Pérez Anadón, el consistorio pasa por derribar todo el antiguo edificio docente con la finalidad de construir viviendas nuevas y así obtener el consistorio dinero, en detrimento de usos sociales que reclaman los propios vecinos del barrio.

Apudepa recuerda que no fueron cultas ni sociales las operaciones urbanísticas de los años 60 cuando se derribaron los antiguos colegios de los jesuitas y Sagrado Corazón, incluida la moderna iglesia de la Inmaculada. Presente la comunidad de Jesús María en Zaragoza desde 1930, los actuales terrenos de la avenida Goya-Cortes de Aragón conservan los orígenes del colegio en un edificio pequeño y en otro de los años 1940, inaugurado parcialmente1944, usado como colegio hasta 1998.

Apudepa está alarmada por la actual gestión del suelo urbano que solo atiende a los intereses de los promotores constructores pues no solo se recalifica suelo no urbanizable sino que en el siglo XXI se recalifica suelo de equipamiento educativo por suelo residencial. En consecuencia, rechazamos la modificación del PGOU, que supone el derribo del antiguo edificio del colegio, cuya arquitectura representa un compromiso desde la tradicional arquitectura aragonesa hacia la modernidad, y abogamos por su conservación como equipamiento y uso social, entre cuyos valiosos espacios se encuentra el de la hermosa capilla escolar que enmascara el interior del edificio colegio.

APUDEPA, Zaragoza 25 de septiembre 2008

APUDEPA exige conservar el soto de Cantalobos y la huerta de Las Fuentes y rechaza el uso del suelo como vía de financiación

Paisaje agrario en la ribera del Ebro. Foto  Apudepa, 2005. Ante la intención del Ayuntamiento de Zaragoza de solicitar de los organismos competentes la celebración en la ciudad de una exposición internacional horticultora en 2014, APUDEPA expresa su más absoluto rechazo a que dicha operación se financie mediante convenios urbanísticos y ocupe el lugar de espacios de extraordinario valor natural, agrícola y paisajístico como la huerta de las Fuentes y el soto de Cantalobos.

La Asociación quiere llamar la atención sobre lo evidente: que la mejor forma de preservar la riqueza de estos espacios es la de mantener su naturaleza como espacio agrícola y de ribera. Lo que menos necesita el soto de Cantalobos son intentos de protección “tan sui generis” que pasan, como siempre, por la ocupación de su suelo y por la urbanización de la huerta y sus alrededores.

APUDEPA muestra su más absoluto rechazo a la continuación de la práctica nefasta de financiar las actividades municipales mediante convenios urbanísticos y a costa del patrimonio público de suelo.

La Asociación pide respetar la naturaleza del río y de sus espacios asociados, como gran riqueza de una ciudad de impresionante tradición hortícola como Zaragoza y pide compatibilizar el necesario disfrute público y ciudadano con las formas tradicionales y productivas de conservación del paisaje.

APUDEPA, 19 de septiembre de 2008

 

APUDEPA pide un gran proceso de participación social para definir los usos del meandro de Ranillas

Expo Zaragoza 2008 y meandro de Ranillas. Foto Heraldo de Aragón. La Asociación pide equipamientos para el Actur y para la ciudad, espacios culturales y control público y rechaza la privatización del Parque del Agua. La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, APUDEPA, solicita al Ayuntamiento de Zaragoza, a la Diputación General de Aragón y al Gobierno de España, que abran con carácter inmediato un proceso de participación ciudadana para definir los usos del recinto Expo y del meandro de Ranillas. La Asociación considera que solo la participación amplia de la sociedad, en todas sus manifestaciones, puede conseguir que el recinto Expo se convierta en una pieza urbana beneficiosa para el conjunto de la ciudad.

Por su parte, APUDEPA rechaza la presencia hegemónica de oficinas y apuesta por una congestión de usos que permita aliviar las necesidades endémicas del barrio del Actur y llenar de vida ciudadana el nuevo espacio de la ciudad. La Asociación entiende que solamente si el recinto es accesible a todas las personas alcanzará cotas de éxito. Por ello apuesta porque, además de oficinas, los edificios Expo acojan equipamientos, especialmente dirigidos para mayores, jóvenes y niños.

APUDEPA desea, además, que los espacios más adecuados para ello sean convertidos en centros culturales con necesaria participación pública en su gestión. La Asociación solicita, que las administraciones mantengan la propiedad de los principales edificios y encaucen las fórmulas que permitan el necesario dominio público urbano.

En relación con la propuesta de nueva Exposición para 2014, APUDEPA exige que se deje de considerar el suelo urbano como fuente de negocios y se proceda de una vez por todas a la protección y conservación auténtica del soto de Cantalobos. En ese sentido, la Asociación vive con preocupación los nuevos movimientos especulativos detectados en el entorno de Miraflores.

APUDEPA, 15 de septiembre de 2008

 

 

Paradojas de Beatriz Corredor

No nos resistimos a presentar en nuestro Blog el artículo de la ministra de Vivienda del Gobierno de España publicado por el diario El País en su edición de 5 de agosto de 2008. La viñeta de Cano, publicada por el diario Heraldo de Aragón en su edición de 24 de julio de 2008, es suficientemente ilustrativa como para no hacer ningún comentario más. Pero entenderán ustedes que no podamos resistirnos.

En un alarde de sinceridad la ministra reconoce que en los últimos años España ha construido 300.000 viviendas más de las necesarias cada año “y, además, a precios imposibles”. Este dato que nos presenta la ministra dice mucho de la incompetencia en materia de vivienda del Gobierno de Rodríguez Zapatero en los últimos 4 años. ¿Cómo es posible que el Gobierno permita que se doble el número de viviendas construidas cada año sin mover un dedo para cambiar la situación? ¿Cómo es posible que, aún así, mantenga relaciones peligrosas –véase la labor de la Oficina Económica de Moncloa con Miguel Sebastián y David Taguas- con las constructoras españolas?

Ante esta situación de partida que muestra la propia ministra caben dos explicaciones: o el Gobierno ha sido cómplice de los intereses particulares de las grandes empresas a costa del bienestar general (carestía de la vivienda, destrucción del paisaje y del patrimonio cultural, aumento de la explotación de recursos naturales en operaciones urbanísticas) o el Gobierno carece de la mínima capacidad para regular y controlar el suelo público ante la omnipotencia del mercado y la libertad de las comunidades autónomas y los municipios.

La música y la letra andan desacompasadas en este artículo que sirve a Corredor para presentar la apuesta estrella de su ministerio. Por una parte afirma que el Estado no puede utilizar el dinero público “para intervenir en el mercado, ayudando a que los promotores vendan su stock a precios superiores a los de la vivienda protegida”, lo que “sería destinar el dinero de todos a garantizar el beneficio de unos pocos”. Y por la otra presenta un plan que va en la misma línea de lo que denuncia: inyección de dinero público para que en España se siga construyendo a un ritmo adecuado para el enriquecimiento de las grandes empresas constructoras y promotoras. Y para ello se pone a disposición del mercado suelo del patrimonio público por valor de 300 millones de euros. Es decir: la misma letra de siempre pero con música refinada (“rehabilitación”, “alquiler”, “vivienda protegida”). ¿No habíamos quedado en que sobran viviendas en España?

Es en el último párrafo en el que las intenciones del Gobierno quedan al descubierto. La ministra viene a reconocer que el plan es consecuencia de “la crisis que atraviesa el sector [de la construcción]” y no de la crisis ambiental y social. Y para ello “ayuda a reactivar su actividad [la del sector de la construcción] a través de la vivienda protegida, especialmente en alquiler, y la rehabilitación”.

Como venimos diciendo desde hace tiempo en APUDEPA, el mercado ha encaminado sus propósitos hacia la vivienda protegida, el alquiler y la rehabilitación, como si con palabras “sostenibles” pudiera compensarse la destrucción social, cultural y ambiental que en la práctica sigue sufriendo España. El alquiler es necesario, pero para que funcione debe de anularse la naturaleza eminentemente inversora y especulativa del suelo. La vivienda protegida no debe convertirse en una excusa para la construcción, en una especie de disfraz para la vivienda libre. Y la rehabilitación debe de ir guiada por un cuidado exquisito a la arquitectura tradicional y a los valores culturales y arquitectónicos de los pueblos y ciudades. Si no se basa en estudios y equipos interdisciplinares, la “rehabilitación” puede limitarse a ser obra nueva en solares viejos, a la sustitución de los inmuebles antiguos por otros nuevos, con el consiguiente perjuicio económico y ecológico para el conjunto de la sociedad. Si se apuesta por una política seria y global de rehabilitación (que falta hace) lo primero que hay que hacer es encaminar en esa dirección los planes de estudio de las escuelas de arquitectura y reactivar la eficacia de los oficios tradicionales, adecuando para ello los medios y las tecnologías productivas e interventoras, incluyendo por supuesto las de las empresas del sector. Es la única salida para compatibilizar el “reciclaje” material con el respeto necesario a la gran riqueza tipológica y constructiva de la arquitectura existente.

Así las cosas, la gran paradoja en cuya cuenta no parece caer la ministra Corredor, consiste en que, pese a reconocer la gran cantidad de viviendas vacías y “sobrantes” en España, el Gobierno sigue impulsando la construcción a costa del patrimonio público de suelo. ¿Por qué no destina el Gobierno los 300 millones de euros a adquirir por su precio justo (que para eso es el Gobierno y tiene mecanismos constitucionales suficientes para ello) las viviendas y solares vacíos de los cascos históricos (en manos de grandes inversores a la espera de mejores momentos para la especulación) poniendo a disposición de todas las capas de la sociedad esos nuevos hogares y reviviendo ciudades compactas que ahora se debaten justamente entre la expansión y el vaciamiento?

Hasta aquí nuestra reflexión. Con ustedes, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.

Con el suelo público no basta

En España se crean unos 400.000 nuevos hogares cada año, lo que da idea del número de viviendas que nuestro país necesita para satisfacer los proyectos vitales de miles de ciudadanos. En los últimos años se han edificado muchas más viviendas de las que el mercado podía absorber -hasta 700.000 anuales- y, además, a precios imposibles. La paradoja es que hay un exceso de oferta de viviendas sin vender, y una gran demanda por parte de las familias que, sin embargo, no pueden acceder a las existentes por su precio inasumible. En consecuencia, muchas han decidido aplazar la decisión de adquirir una vivienda, y las que se deciden a hacerlo, tienen serias dificultades para acceder al crédito hipotecario.

Esta falta de financiación afecta también a los promotores, que necesitan crédito para continuar con su actividad empresarial. Por tanto, el sector ha sufrido un brusco frenazo, como demuestran las estadísticas de transacciones inmobiliarias e hipotecas. Además, nuestro mercado del alquiler es aún raquítico -apenas un 11% del total de viviendas-. Por eso es imprescindible generar más oferta de viviendas en alquiler a precios competitivos, tanto entre particulares como en la promoción de viviendas protegidas.

Para salir de este círculo vicioso, el Gobierno ha afrontado la situación desde varios frentes. En primer lugar, dando salida al exceso de oferta, a las viviendas que los promotores tienen sin vender. Para ello, desde enero de 2008, ya es posible que estas viviendas se califiquen como de protección oficial si llevan un año terminadas. Y, siempre, naturalmente, dentro de los precios máximos determinados por el módulo de la vivienda protegida. Porque la obligación del Estado es ayudar a los que tienen más dificultades para acceder a la vivienda, pero no garantizar con dinero público los beneficios privados. Éste es, a juicio del Gobierno, el límite al que el Estado puede llegar. Ir más allá, utilizando el dinero público para intervenir en el mercado, ayudando a que los promotores vendan su stock a precios superiores a los de la vivienda protegida, sería destinar el dinero de todos a garantizar el beneficio de unos pocos. Los ciudadanos no lo entenderían.

En segundo lugar, diseñando una estrategia de promoción de viviendas protegidas, sobre todo en alquiler, que permita atender la demanda de vivienda de los próximos años y, a la vez, reactivar el sector de la construcción residencial, procurando el mantenimiento del empleo y de los sectores auxiliares. Para lograrlo, apostamos también por la rehabilitación, que es otra de nuestras prioridades.

Sin embargo, para acometer cualquier política de vivienda es necesario disponer de una materia prima básica: el suelo. Y el principal escollo para la construcción de viviendas protegidas es la escasez de suelo urbanizado a precios asequibles. Nuestra intención es, por tanto, poner solares a disposición de la promoción de vivienda protegida. Y para ello contamos, en primer lugar, con el suelo público: lo haremos de forma coordinada con los ministerios que poseen suelo a través de una comisión interministerial, que se constituirá próximamente.

Y con el suelo público no basta: para que puedan construirse las viviendas protegidas que nos demandará la sociedad dentro de cuatro, cinco, seis años, para cumplir nuestro compromiso de promover 1.500.000 en diez años, es necesario que ahora obtengamos suelo a precio asequible para poder urbanizarlo, es decir, prepararlo para que esté en condiciones de ser edificado cuando se vaya necesitando. Sobre todo, porque para promover viviendas protegidas en alquiler, que es una prioridad del Gobierno, es imprescindible que el suelo sea barato. Sólo así será viable su financiación y las empresas del sector se animarán a invertir en esta actividad.

Por ello, el ministerio ha puesto en marcha una Oferta Pública de Compra de Suelo, a través de SEPES, por importe inicial de 300 millones de euros y con un horizonte de cuatro años, basada en los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y coordinación con las comunidades autónomas, que compartirán las decisiones sobre las condiciones de la oferta y la elección de los solares, y que priorizará aquellos suelos que están en mejores condiciones para su más rápido desarrollo. Y además, adquiriéndolo a precio de vivienda protegida. Para que, entre todos, Estado, comunidades y ayuntamientos, lleguemos a más. Una medida, por cierto, que ya han puesto en marcha algunos ayuntamientos como Madrid, comunidades como Murcia y Canarias, y que han anunciado Baleares, Cataluña y Andalucía.

SEPES tiene 50 años de experiencia en la adquisición, urbanización y gestión de suelo, pero el 91% de su cartera patrimonial es para actividad terciaria o industrial. Ahora vamos a aprovechar su capacidad para urbanizar también suelo residencial para promover viviendas protegidas, específicamente en alquiler. La evolución de los precios demuestra que es un buen momento para que las Administraciones Públicas consigamos el suelo que hasta ahora nos estaba vedado por su desorbitado precio.

El Gobierno asume su responsabilidad y afronta la crisis que atraviesa el sector. Lo hace ayudando a reactivar su actividad a través de la vivienda protegida, especialmente en alquiler, y la rehabilitación. Y además sienta las bases de la política de vivienda de los próximos años. Para ello necesita suelo. Éste es el objetivo.

Beatriz Corredor es ministra de Vivienda.

 

La "Carta de Zaragoza" (1997). Un documento histórico promovido por APUDEPA

La Puerta del Carmen como elemento simbólico de la ciudad antigua junto al urbanismo de desarrollismo franquista, modelo todavía vigente en la ciudad. Foto Apudepa 2008. Recientemente una asidua comentarista de nuestro blog  solicitaba   que publicásemos la Carta de Zaragoza (1997) sobre Conjuntos Históricos  que nosotros habíamos citábamos  en nuestro comentario: Los ARIs y la rehabilitación de la vivienda en los centros históricos ¿De qué estamos hablando?

Con este fin presentamos  el documento que comprende  dos partes: una, la carta que se le dirige a la alcaldesa de Zaragoza, Sra. Rudi, y otra, las conclusiones en sí que contiene además el listado de conferenciantes y ponencias. Para este Blog hemos escaneado todo sin omitir detalle fin de dar a conocer íntegramente un texto que creemos en la actualidad  perfectamente válido. 

El nivel, como Vds. podrán comprobar por las firmas fue muy alto pero el conjunto profesional de la ciudad le dio la espalda. Fue así, no lo vamos a ocultar, aunque se difundiese  en prensa y se hiciese la suficiente propaganda.

En agradecimiento inolvidable a  los oradores tenemos que decir que todos ellos ejercieron su papel de ponentes como si fuese un voluntariado: "El patrimonio Cultural: Un desafía económico y social", por D. D. José Mª Ballester, Jefe de la División de Patrimonio Cultural del Consejo de Europa; "Problemática de los Cascos Antiguos y especial referencia al Casco Histórico de Zaragoza" Por D. Emilio Gastón Sanz, abogado y Ex-Justicia de Aragón; "Conjuntos Históricos y Sociedad de Consumo”, por D. Alfredo J. Morales, catedrático de Historia del Arte por la Universidad de Sevilla; "Rehabilitación de Conjuntos Histórico-Artísticos: exigible, deseable, rentable. Un ejemplo: Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico de Allariz (Galicia)", por D. Daniel Pino Vicente, sociólogo urbanista, Premio Europeo de Urbanismo en 1994; "Criterios de valoración en la intervención arquitectónica sobre patrimonio" por Neus García Inysta, arquitecto, Secretaria del Laboratorio de Arquitectura Mediterránea U.LA. (Unión Internacional de Arquitectos).

La Universidad colaboró dejándonos generosamente el aula magna del Paraninfo universitario. Lo mismo hizo la  Diputación Provincial de Zaragoza que nos prestó su salón principal para la primera conferencia inaugural. Ningún profesional  cobró nada y para Apudepa sólo se derivaron los gastos de billetes y alojamientos. Cierto es que no hubo profesional  que se retirase cuando desde APUDEPA planteábamos nuestra precariedad económica (ni teníamos subvenciones ni las tenemos ahora). Todos entendieron nuestra finalidad altruista y deseo de colaboración en aportar visiones pluridisciplinares independientes al Plan Integral para el Conjunto Histórico de Zaragoza (PICH).

Repasar estas páginas para nosotros es un elemento de constante aprendizaje y de gratísimo recuerdo por esa entrañable relación que se creó en esos meses de abril y mayo de 1997.   Ya han pasado 11 años y nuestro PICH sigue estancado y mal resuelto. No nos extraña dada la incapacidad de ciertos políticos y profesionales responsables para establecer un diálogo profundo. A éstos últimos les aconsejaríamos más sensatez y profesionalidad y menos politiqueo de escasas miras sociales.

Acabaremos añadiendo que a la alcaldesa Sra. Rudi se le exhortaba a que desarrollase en el Conjunto Histórico (CH) de Zaragoza una política de “conservación integrada”, algo que el Consejo de Europa ya había definido perfectamente para 1975. Parece que se sigue sin entender el concepto a pesar de todos los fondos europeos que han ido llegando.

En cuanto a la actualidad, 2008, el CH de Zaragoza está sufriendo más que nunca la presión urbanística y ahora esa presión está llegando a la antigua Huerta de Santa Engracia, al burgués barrio de Santa Engracia. En Zaragoza los poderes económicos no se detienen ante  nada, ahora ya hasta el Opus especula con sus propios terrenos (Calle San Clemente 12-14, antigua casa de Moneva y  convento anexo).

EXCELENTÍSIMA   SEÑORA ALCALDESA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA

D. Arturo Ansón Navarro, D. Emilio Gastón Sanz y Dª Belén Boloqui Larraya, en nombre APUDEPA, Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, y del público asistente al ciclo conferencias sobre "Conjuntos Históricos", le hacen entrega pública, y en su nombre, a D. Félix Bemad, Concejal de Organización y Gestión de Suministros, del Excmo. Ayuntamiento, de la "CARTA PE ZARAGOZA". Principios Y RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA POLÍTICA PE PATRIMONIO CULTURAL Y PROPUESTAS PARA EL NUEVO PLAN INTEGRAL DEL CASCO ANTIGUO PE ZARAGOZA.

Se le adjunta el corpus jurídico documental, oficial, procedente del Consejo de Europa, Documentación sobre política patrimonial cultural del Consejo de Europa", a fin de que su equipo de gobierno y el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio proceda a su estudio y adopte las medidas de cambio urgentes y necesarias en relación con la política de patrimonio cultural de la ciudad de Zaragoza, acorde con la letra y el espíritu de la documentación vigente en el seno del Consejo de Europa a la  que Aragón y España pertenecen. De haber adoptado la ciudad en su momento estos criterios sociales y de "conservación integrada" que el Consejo de Europa defiende y España suscribe elAyuntamiento de Zaragoza no estaría derribando la Casa-palacio de Gil Berges nº 1, ni se hubiesen consentido los derribos y las actuaciones "ilegales" en la Avenida Cesar Augusto nº 99-103 (junto al Mercado Central), ni habría consentido otras actuaciones de características similares.

Finalmente, le solicitamos que las conferencias sean publicadas por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, a fin de dar difusión a su contenido, entendiendo que con ello no hacemos sino servir al "bien común de la Ciudad de Zaragoza y de todo Aragón".

Sin otro particular, le saludan atentamente.

Zaragoza, Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, a veintitrés de Mayo de 1997.

                 

Arturo Ansón

Emilio Gastón

Belén Boloqui

 

CONCLUSIONES DEL CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE "CONJUNTOS HISTÓRICOS". PROPUESTAS   PARA EL NUEVO PLAN INTEGRAL DEL CASCO ANTIGUO DE ZARAGOZA

 

"CARTA DE ZARAGOZA"

Una correcta gestión municipal en la política de patrimonio cultural y, concretamente, en la "Conjunto Histórico de Zaragoza" debe partir de los siguientes planteamientos y principios:

1°. Participación ciudadana- La rehabilitación de los "Conjuntos Históricos" tiene que llegar por un proceso de concienciación ciudadana. En Europa la sensibilización ciudadana exige cada vez más la conservación y revalorización de su patrimonio cultural y obliga a crear leyes para defenderlo. Sólo una sociedad educada, capacitada y culta, respetuosa con su patrimonio cultural, está preparada para enfrentarse al futuro.

2°. Voluntad política. Es imprescindible que los políticos crean en lo que dicen y lo lleven a cabo. Es importante que apliquen las leyes y convenios europeos ratificados por el gobierno español.

3°. Es imprescindible la participación y coordinación de técnicos especializados para abordar la problemática del patrimonio cultural a través de una estrategia global multidisciplinar que integre todos los aspectos: medioambientales, culturales, materiales, arquitectónicos, urbanísticos, económicos, sociales y jurídicos.

4° La conservación y    uso del patrimonio cultural    implica la participación ciudadana y     la coordinación   entre el sector público y el sector privado. Las autoridades responsables tienen la obligación de desarrollar estrategias transversales que asocien diversos tipos de intervención, que aseguren la coordinación de iniciativas públicas y privadas en apoyo de la acción de ios propietarios privados que son quienes mantienen una buena parte del patrimonio cultural. Ello supone una serie de medidas jurídicas, fiscales y administrativas, licencias y exenciones, que asegure el éxito de tales estrategas.

5°. Las políticas de Patrimonio Cultural en Europa han evolucionado espectacularmente en los últimos 25 anos, concediéndole una relevancia creciente.

La UNESCO y el Consejo de Europa han elaborado un importante corpus documental" que España suscribe y le obliga jurídicamente. Son documentos básicos: La Declaración de Amsterdam (I975y la Carta de Nairobi (1976); el Convenio de Granada (1985); la Conferencia de Malta (1992); la Cumbre de Viena (1993) veLa Declaración de Ministros de Helsinki (1996). Es de destacar en el Consejo de Europa la noción de "espacio cultural europeo" al que Aragón debe incorporarse para un adecuado "desarrollo sostenible" a medio y largo plazo.

6° La política de patrimonio cultural es exigible jurídicamente. La Constitución Española en su artículo 46 establece: "Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España". A la luz de los convenios suscritos por nuestro país, esta obligación implica la "conservación integrada del patrimonio", noción dinámica que va mucho más allá de la simple conservación material o cultural de unos vestigios, para basar su integración en los procesos de planificación urbana y en los de ordenación del territorio. Por tanto, partiendo de la optimización de la propia herencia cultural, supone la salvaguarda de las características del entorno heredado. Este concepto ha sustituido al de la conservación exclusivamente monumental, o al de las fachadas de ciertos edificios, conceptos ya desfasados pero aún vigentes en tierras aragonesas.

7°. La política de patrimonio cultural es deseable como exigencia ética por dos principios. Primero, desde el punto de vista social v cuantitativo: en ios cascos antiguos vive la clase social más desfavorecida (mayores índices de paro, rentas más bajas, más ancianos, etc.). Segundo, desde el punto de vista cualitativo: tenemos obligación del conservar el patrimonio cultural porque, independientemente del hecho de la propiedad, existen unos valores superiores, una herencia común que estamos obligados a transmitir a las generaciones futuras. Los conjuntos, lugares, elementos constructivos y edificios son hitos culturales que actúan como signos de organización del continuo histórico de identidad de una sociedad.  La conferencia de Ministros de Helsinki (1996) realzó el papel pedagógico del patrimonio especialmente en el proceso de construcción y unión europea.

8°. La política de patrimonio cultural es rentable económicamente. En términos globales, es más barato rehabilitar que construir de nuevo según han demostrado en numerosos estudios técnicos. Si la administración aplicase con rigor un criterio economicista la mayor parte del dinero de los Planes Nacionales de la Vivienda irían a parar a la rehabilitación, lo que daría en consecuencia un “sobrebeneficio” social y económico. La conservación del patrimonio cultural genera empleo, como creación de pequeñas y medianas empresas relacionadas con su rehabilitación y mantenimiento continuado. Además, la reciente Conferencia de Helsinki (1996) realzó el patrimonio cultural como recurso económico que impone a los gobiernos el deber de promover estrategias dinámicas de conservación, en especial en el campo de la regeneración urbana y en el desarrollo rural.

9. Aplicación de estrategias sostenibles para el turismo cultural.   La pujanza del turismo puede contribuir al desarrollo y a la revitalización de las regiones pero es susceptible de crear presiones sobre el patrimonio cultural que afecten a la calidad de vida de sus comunidades. Las políticas y estrategias de turismo cultural deben estar encuadradas en la perspectiva de una utilización equilibrada y sostenible del patrimonio, reservando las posibilidades de uso de ese patrimonio para las generaciones venideras (Conferencia de Helsinki, 1996).

10. Es necesario erradicar la falsa idea que considera la conservación del patrimonio como un obstáculo para el progreso. La realidad demuestra que los países más desarrollados son, precisamente, aquellos que mejor han sabido conservar su patrimonio cultural, organizar y ordenar sus ciudades históricas y  estructurar su territorio, porque en ellos se ha logrado una mayor calidad de vida y unas relaciones sociales mucho mas distendidas. Esto lo han  llevado a cabo no por ser los países más ricos sino los más cultos. "Lo moderno" en Europa es rehabilitar y conservar. Cualquier intervención en patrimonio cultural viene sometida a un riguroso estudio de "impacto ambiental".

11. La difusión del patrimonio cultural debe estar garantizada al ciudadano, considerando que es el desconocimiento del patrimonio y sus valores lo que faculta su destrucción. La catalogación de los edificios, el estudio del barrio en su conjunto, así como el de la tipología de las construcciones y de su evolución histórica, son las primeras medidas precautorias de salvaguarda de los Conjuntos Históricos. Por falta de información, catalogación y de planificación adecuada -escasez en la infraestructura de apoyo al Patrimonio Cultural-, Aragón sufre en la actualidad graves problemas en la conservación del Patrimonio Cultural.

12. Debemos de tener en cuenta los aragoneses que desde el punto de vista social, ético y económico, a medio y largo plazo, se va a producir un deterioro general irreversible en el conjunto de la vida urbana si Zaragoza se empeña en mantener la práctica urbanística de la "España del desarrollismo" (basada en el modelo franquista), que destruye partes enteras de Centros Históricos por razones de simple especulación inmobiliaria.

Se ha procedido a la lectura de las Conclusiones del Ciclo de Conferencias sobre "CONJUNTOS HISTÓRICOS. PROPUESTA PARA EL NUEVO PLAN INTEGRAL DEL CASO ANTIGUO DE ZARAGOZA» y aprobación por aclamación, realizadas en la Sala Paraninfo de la Universidad de Zaragoza con participación ciudadana, según llamamiento público realizado por APUDEPA, Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, el día veintitrés de mayo de 1997, a las 19 horas 30 minutos. Procede la propuesta y su difusión.

 Para que así conste,

Arturo Ansón, Secretario

Emilio Gastón, Vicepresidente

Belén Boloqui, Presidenta

Relación de ponentes : "El patrimonio Cultural: Un desafío económico y social", por D. D. José Mª Ballester, Jefe de la División de Patrimonio Cultural del Consejo de Europa; "Problemática de los Cascos Antiguos y especial referencia al Casco Histórico de Zaragoza" Por D. Emilio Gastón Sanz, abogado y Ex-Justicia de Aragón; "Conjuntos Históricos y Sociedad de Consumo” , por D. Alfredo J. Morales, catedrático de Historia del Arte por la Universidad de Sevilla; "Rehabilitación de Conjuntos Histórico-Artísticos: exigible, deseable, rentable. Un ejemplo: Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico de Allariz (Galicia)", por D. Daniel Pino Vicente, sociólogo urbanista, Premio Europeo de Urbanismo en 1994; "Criterios de valoración en la intervención arquitectónica sobre patrimonio" por Neus García Inysta, arquitecto, Secretaria del Laboratorio de Arquitectura Mediterránea U.LA. (Unión Internacional de Arquitectos).