No se aplican leyes básicas contra la delincuencia urbanística.

Cubiertas destrozadas en los edificios de la dársena del Canal de Castilla. BIC. Medina de Rioseco (Valladolid). Foto Apudepa

Ayer, día 19/6/2006, El País traía un interesante artículo de opinión “De nuevo la corrupción” recordando como subtítulo que “no se aplican leyes básicas contra la delincuencia urbanística”. La corrupción urbanística salpica constantemente a este país. ¿Hasta dónde alcanza la grangrena de la marea gris del cemento? Estos días ha sido Estepona con su alcalde del PSOE, concejales y demás adláteres los que habían creado una caja B a la que ingresaban ciertos constructores, y calaña semejante, para que recalificaciones de suelo a la carta fuesen a lucrar a unos y a otros.

El citado artículo de opinión clama a favor de una administración de justicia dotada de medios; que se apliquen las leyes vigentes contra la corrupción; que se regule la figura del estatuto Municipal para poder reclamar la declaración de bienes de alcaldes y concejales; que se activen los controles internos de los municipios (interventores) y se active la restitución de lo robado para acceder a los beneficios penitenciarios (ver aquí).

Apudepa entiende que en esa amplísima red especuladora que salpica el país, el patrimonio arquitectónico catalogado está en peligro, bien sea por la vía del Censo General de las respectivas comunidades autónomas o por los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). En consecuencia, nos alarma que sobre todo ello no se haya referido el Ministro de Cultura en su reciente comparecencia parlamentaria. Para muestra no hace falta nada más que ver el franco retroceso de la arquitectura popular de muchos pueblos y centros históricos en España, mal conservados a base de ruinas tan propiciadas como sabidas, vaciamientos escandalosos ( a los que osadamente se atreven a llamar con el término “rehabilitación”) o actuando directamente a favor del derribo. Ayer hablábamos desde nuestro post del Ayuntamiento de Fraga en Huesca con su manifiesta negligencia, y la del propio Departamento de Patrimonio Cultural de la Diputación General de Aragón, en relación al impune derribo de Casa Dueso y su manzana.

En Castilla está pasando tres cuartos de lo mismo. Así lo hemos constatado en la reciente visita de algunos miembros de Apudepa a Cantabria y a Castilla la Nueva, provincias de León, Zamora, Palencia y Valladolid y Segovia. Allí, mientras en términos generales se restaura el patrimonio eclesiástico, la arquitectura civil está en peligro, incluyendo en este entramado especulador los cada vez más escasos palacios. Ni que decir tiene que la arquitectura popular está en peligro, salvo excepciones, en franco retroceso. Por eso señor ministro espabile, convoque y llame a capítulo a quien tenga que hacerlo y hágalo público que la mafia del suelo está en cualquier esquina de nuestra piel de toro.