Lanzarote y la corrupción urbanística en España
Imagen de urbanización abandonada junto al mar y la playa de las Cucharas, costa de Teguise. Foto Apudea, 2014.
Venía el pasado día en la sección Domingo de El País, 09-02-2014, un artículo que por su interés ofrecemos su enlace: “Lanzarote: El paraíso de los 200 imputados”, subtitulado “La vida en la isla canaria gira en torno a los juzgados con docenas de sumarios abiertos por corrupción y 22 complejos turísticos ilegales”. En la imagen de la portada más y más tiburones merodean por la isla de Lanzarote y las islas Chinejas, todas ellas resaltadas en rojo. Todo un símbolo del contenido interior.
Tristemente no es nada nuevo en este país que día sí y día no se desayuna con más y más casos de corrupción urbanística vinculada en paralelo a los ayuntamientos y a los grupos de caciques y oligarcas locales, que en el caso que nos ocupa, históricamente, han controlado y siguen controlando el urbanismo. Aquí en la isla lo sabe “todo pichi pata” pero como no sea la justicia quien acabe con este desmadre los isleños se sienten incapaces. Aquí todo se sabe. Si les preguntas todos los reconocen, es un hecho, una realidad, sobradamente conocida.
Es curioso ver cómo al buen hacer del venerado artista César Manrique (1919-1992), marcando pautas paisajísticas vinculadas a la arquitectura vernácula y al desarrollo sostenible, evitando un crecimiento masivo, se han arrimado los tiburones del ladrillo, nunca satisfechos con un crecimiento y un enriquecimiento particular insólitos.
Esto a todos nos suena tras las operaciones Malaya en Marbella (Málaga, La Muela y Plaza en Zaragoza y en la comunidad valenciana donde ha nacido una “Asociación contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana”. Tal es así que han creado una ruta contra la corrupción. Se trata de un recorrido en autobús que muetra el lado más polémico de la política valenciana. Los asistentes a este viaje se ponen mascarillas y degustan chorizos y han conseguido que más de 200 millones de ciudadanos se enteren de este expolio del bien común (enlace). Otras ciudades también planean exportar la idea: Madrid, Málaga y Sevilla y no estaría de más que Zaragoza se sumase a la denuncia.
1 comentario
javier -
http://elpais.com/elpais/2014/02/11/opinion/1392144536_493843.html
Eso de la fianza loca para una Asociación, ¿os suena?
Siempre ganan los mismo, los listos, los.......
Perdedores que al final ganan
El imposible derribo de un complejo en el que se han invertido 130 millones de euros
Marina Isla de Valdecañas es el nombre de un lugar que se dice paradisíaco, en el que pueden comprarse villas por 500.000 euros con su campo de golf, su complejo deportivo y hasta una base náutica desde la que pasearse por el embalse del mismo nombre. Pero se ha convertido también en el paradigma de algo que ocurre con lamentable frecuencia en España: el de una justicia que, incluso cuando funciona, llega tarde y mal para reparar los daños de una fiebre constructora que no ha dudado en pasar por encima de la legalidad.
El complejo se ubicó en unos terrenos de El Gordo (Cáceres) incluidos en la Red Natura 2000, con un nivel de protección que excluye la posibilidad de construir. Dos grupos ecologistas presentaron denuncia en 2007 y en 2011 obtuvieron su primera victoria judicial: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declaró ilegal el complejo. Pero el proyecto siguió adelante, pues el juez fijó una fianza de 41 millones de euros para paralizar las obras y ejecutar la sentencia, una cifra inalcanzable para un grupo como Ecologistas en Acción.
Esto es algo que ocurre con frecuencia: quienes inician un pleito urbanístico suelen ser asociaciones de vecinos o de ecologistas que al final tienen que desistir porque no pueden asumir los costes del proceso. Para colmo, la Administración llamada a reparar el daño suele figurar como parte demandada por haber concedido la licencia, por lo que es imaginable su entusiasmo. En este caso, tras la sentencia, PP y PSOE se pusieron de acuerdo y aprobaron un cambio normativo destinado a legalizar el complejo.
Ahora ha sido el Tribunal Supremo, última instancia jurisdiccional, el que ha dictado el derribo de lo construido. El problema es que la dilación judicial suele favorecer a los osados y en no pocas ocasiones, cuando llega la sentencia se declara inaplicable. En este caso, tras el primer fallo de ilegalidad, no se pararon las obras, como hubiera sido prudente, sino que siguieron adelante, hasta invertir 130 de los 200 millones previstos.
Ahora, en el supuesto de que se llegue a aplicar la sentencia, los promotores podrán exigir una compensación a la Administración, que pagaremos entre todos. Hay demandados que, incluso perdiendo, acaban ganando.