Sea por la crisis, sea por las navidades, lo cierto es que los españoles nos hemos comido sin masticar (permítasenos la expresión) una de las noticias más llamativas y más indignantes de los últimos tiempos: la aprobación por el Consejo de Ministros del Fondo Estatal de Inversión Local.
Ante la lluvia de millones que nuestras necesitadas administraciones locales han recibido de pronto, quizá reflexionar un poco sobre el fondo económico de esta medida y su relación con el sistema urbanístico español les resulte de aguafiestas. Lejos de cuestionar la iniciativa, todos los partidos políticos (a excepción de Unión, Progreso y Democracia, que casualmente todavía no tiene representantes municipales) y los colectivos sociales se han puesto a hacer cuentas para ver qué actuaciones se pueden financiar con cargo al milagroso Fondo. Cosas de la contingencia, sin duda.
De todos es sabido que a los Ayuntamientos españoles se les ha mantenido en los últimos años una financiación precaria que no ha permitido en muchos casos la realización de proyectos necesarios y urgentes. La supresión del Impuesto de Actividades Económicas (que casualmente seguía en el tiempo a la reforma de la Ley liberalizadora de Suelo) vino a agudizar la situación y dejó sobre la mesa una evidencia: que había poderes interesados en estrangular financieramente a los Ayuntamientos. ¿Por qué? Porque convenía que los munícipes se lanzasen desesperados a la aventura de vías “extrapresupuestarias” de financiación, que pasaban todas ellas por la explotación de su patrimonio público de suelo. Hemos visto así como nuestros núcleos de población aceleraban exponencialmente el ritmo expansivo que ya existía previamente. Mientras los cascos históricos y los barrios se deterioraban a pasos agigantados, las nuevas zonas periféricas residenciales se multiplicaban imparablemente, sembrando el paisaje español, como habrán podido comprobar, de grúas y excavadoras. Todo ello para alimentar un monstruo: el del negocio de la construcción y de la promoción inmobiliaria, que poco a poco fue tomando, como ahora se demuestra, las riendas de la economía del Estado. ¿Por qué no actuó entonces el Gobierno de España? ¿Por qué permitió en épocas de “bonanza” que los ayuntamientos sobrevivieran sin financiación, realizando sus proyectos a costa del desequilibrio social, demográfico, medioambiental y cultural de su paisaje y de su territorio? ¿Acaso no era esa una crisis mayor que la que actualmente vivimos? O mejor dicho ¿Acaso no era esa la misma crisis que ahora padecemos? Uno sólo se empacha tras grandes comilonas. Tomen un dato significativo: en marzo de 2005 el Gobierno de España anunciaba una medida extraordinaria. El vicepresidente económico y el ministro de Administraciones Públicas habían acordado destinar 120 millones adicionales a los ayuntamientos para compensar la pérdida de la recaudación proveniente del IAE. ¡120 frente a los 8000 que ahora el Gobierno reparte como aguinaldo navideño!
No convenía entonces molestar al monstruo que ha ido engullendo el paisaje español y que ha aumentado las desigualdades entre ciudadanos. Porque con autonomía financiera, muchos municipios quizá no se habrían lanzado a las garras de la expansión incontrolada, en perjuicio del coste de sus servicios, de la consolidación de sus núcleos y del precio de su suelo.
De un día para otro, sin embargo, cuando algunos planes inmobiliarios (que no todos) han quedado paralizados por los efectos de la crisis económica, el Gobierno reparte 8000 millones de euros con la intención confesada de “estimular la economía” y asegurar los puestos de empleo. Es decir: recapitalizar a las empresas constructoras e inmobiliarias para que en alguna medida puedan proseguir con su labor devoradora. Es el fin último al que obedece la creación del Fondo Estatal de Inversión Local, como podemos comprobar fácilmente. En primer lugar porque el Real Decreto-ley 9/2008 por el que se crea el Fondo es suficientemente claro:
“En este contexto de intenso deterioro de las condiciones financieras y económicas, el Gobierno ha decidido poner en marcha diversas medidas extraordinarias de impulso a la actividad económica y al empleo que pasan a sumarse a otras ya contenidas en el marco general del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, activado en los últimos meses como respuesta a la presente crisis. (…) En concreto, con esta medida el Gobierno trata de favorecer aquellas inversiones que contribuyan a dinamizar a corto plazo la actividad económico, incidiendo directamente en la creación de empleo, al tiempo que reforzar la capitalización de los municipios. (…) Por tanto, la naturaleza de los proyectos que son objeto de esta medida extraordinaria comportará el empleo de trabajadores y la movilización de recursos que, en gran medida, procederán de los excedentes a que ha dado lugar el ajuste tan brusco en el sector de la construcción que nuestra economía está experimentando. Lógicamente, cabe esperar que este Fondo favorezca, asimismo, la viabilidad y el empleo de pequeñas y medianas empresas que centran sus actividades en áreas anexas a la construcción, como los servicios de ingeniería, arquitectura, logística, así como la producción y movilización de materiales, maquinaria y equipamiento diverso”.
Los detalles del Decreto acaban de aclarar el panorama: pese a la cifra astronómica, no se trata de ninguna medida gubernamental de mejora de la financiación municipal (una medida que el largo plazo agradecería) puesto que la “inyección” extrapresupuestaria se limita a la actual contingencia: al año 2009. Tanto es así, que el Gobierno obliga al gasto de este dineral en el año próximo y no permite que con él se paguen obras que ya están presupuestadas. Así lo explicita el artículo 3 del Real Decreto-ley: “Las obras objeto de los contratos deben ser de nueva planificación y de ejecución inmediata”. Poco importa si el dinero es necesario, ahora y para un año, para mejorar el bienestar ciudadano. No hay ninguna intención en este decreto de reflexionar sobre el problema español de fondo. Existe simplemente una atención a las contingencias de las empresas constructoras que, de paso, servirá para el aumento del empleo y para la realización de algunas obras necesarias en los municipios.
Resulta realmente escandaloso que una cifra tan elevada se comprometa para proyectos que se han de elaborar en un mes y ejecutar en un año, atentando contra la calidad necesaria de las actuaciones municipales. Nos consta que en los ayuntamientos españoles, los técnicos no duermen estos días intentando encontrar proyectos en los cajones que les permitan no “desaprovechar” la lluvia de millones. En un foro internacional sobre centros históricos y patrimonio cultural al que tuvieron la oportunidad de acudir miembros de APUDEPA, el jefe de la oficina urbanística del ayuntamiento de una hermosa capital autonómica decía textualmente lo siguiente: “Después de no tener dinero para nada, de pronto hemos recibido millones de euros de las administraciones autonómicas y del Estado. A mí me da vergüenza. Es dinero que se va a malgastar. Ahora nos sobra. Lo podemos regalar. Y lo tenemos que gastar en un año”. Coincidían con él el resto de técnicos municipales presentes.
Tamaña falta de planificación implicará, a no dudarlo, grandes tensiones a corto y medio plazo en nuestras ciudades. ¡Qué no se hubiera podido hacer en los últimos ocho años con un Fondo Estatal de Inversión Local de 8000 millones de euros a gastar en proyectos redactados planificadamente y gastados racionalmente! ¡Cuántas aberraciones urbanísticas nos hubiéramos ahorrado!
Si alguien ha tenido la tentación de pensar que este Fondo beneficiará al maltrecho patrimonio español, desengáñese. Se beneficiará solamente una parte: aquél que ya contaba con proyectos seriamente elaborados. El resto no solamente no se beneficiará, sino que sufrirá notablemente. El artículo 3.6 del Real Decreto dispone que son obras financiables con cargo al fondo “las de conservación del patrimonio municipal y protección y conservación del patrimonio histórico del municipio”. Pero, como reiteradamente hemos dicho desde APUDEPA y desde este Blog, si hay algo que redunda a favor de la conservación del patrimonio, más que el dinero, es la racionalidad y la planificación. Gastar al buen tuntún es claramente contraproducente para la conservación del patrimonio cultural. El patrimonio necesita de proyectos serios, largamente madurados, reflexionados y debatidos. Proyectos que surjan de análisis históricos, artísticos, constructivos y arqueológicos profundos y de la discusión interdisciplinaria. Justo lo que, evidentemente, un mes de plazo no permite.
Y aún cabe señalar otro efecto perverso: de todos es conocido que la loca dinámica urbanística de estos últimos años ha hecho proliferar la corrupción en nuestras administraciones, especialmente en las locales y las autonómicas. ¿Están preparados nuestros municipios, tras estos años de locura, para recibir grandes cantidades de dinero a gastar en un solo ejercicio? ¿Cuánto dinero no se desviará, de una forma u otra, en los innumerables procesos de contratación que se fomentan? ¿Será el Gobierno capaz de controlar euro por euro semejante intensidad en el movimiento municipal de capital?
Es evidente que la crisis del sistema que se ha alimentado hasta el momento genera contingencias dramáticas en la sociedad, fundamentalmente manifestadas en la pérdida del empleo de miles de ciudadanos. ¿No es momento de pensar en otros sistemas de sostenimiento del empleo que no pasen por la construcción y el urbanismo desaforados? España necesita personas que cuiden de personas, tal y como ponen de manifiesto las innumerables quejas ante la financiación deficiente de la Ley de Dependencia. ¿Por qué no se fomentan dignamente estos empleos, que son igual de productivos y mucho menos contaminantes y mucho más eficientes para el bienestar de las personas? La Universidad española necesita de más puestos de trabajo que acaben con su precariedad actual. ¿Por qué no se ofertan más plazas para el personal docente e investigador dependiente del sistema público, fortaleciendo así el desarrollo, la transmisión y la creación del conocimiento? ¿Por qué no se afianza la economía productiva desde el control público?
En suma, desde nuestro punto de vista, el Fondo Estatal de Inversión Local forma parte de una huída hacia delante de las administraciones públicas y es fruto exclusivamente (lo prueba el hecho de que se produzca en este momento y no anteriormente) del afán de mantener el ritmo constructor español, supliendo así a las necesarias reformas estructurales que España (su patrimonio, su paisaje, su territorio) y el bienestar de sus ciudadanos necesitan.
