Señora Presidenta, señorías.
Como consideración previa, permítannos presentarles un lamento: el que se refiere al trámite dado a nuestra solicitud de comparecencia y, en consecuencia, al momento en que esta se produce. La petición de APUDEPA fue presentada en el Registro de las Cortes el día 30 de marzo, antes de la constitución de la ponencia del proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón y meses antes de la aprobación de su dictamen por la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
APUDEPA solicitó comparecer y lo hizo aportando los frutos de un amplio trabajo de reflexión en torno del proyecto de Ley y de la cuestión urbanística en general, al entender que la enorme trascendencia de la legislación urbanística imponía que en su nueva formulación primase la participación social, el debate y la reflexión colectiva. Sus señorías, sin embargo, han pospuesto nuestra comparecencia al momento en que ya no es necesaria: cuando el pleno ha aprobado la Ley e incluso cuando esta ha entrado ya en vigor.
No se trataba de interferir indebidamente en la competencia exclusiva del legislador, sino de hacer efectivo el derecho constitucional a la “participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. El Estatuto de Autonomía de Aragón reconoce a los aragoneses, en este sentido, el derecho “a participar en el proceso de elaboración de las Leyes” y en la “elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como [...] en los ámbitos cívico, político, cultural y económico”.
Entendemos que nuestra comparecencia debería haberse producido en otro momento, pero también en otro lugar, en la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
El artículo 56.4 del Reglamento de las Cortes prevé que “las solicitudes de comparecencia de representantes de colectivos sociales, personas físicas o representantes de personas jurídicas” puedan ser remitidas a una Comisión diferente a la de Peticiones y Derechos Humanos “por circunstancias del trabajo parlamentario”. Así lo recoge también la Resolución de la Presidencia, de 29 de septiembre de 2000.
Parecida sensibilidad a la de este Parlamento en lo que a participación social se refiere demostró la Diputación General con el proyecto de Ley de Urbanismo, aprobado sin ningún tipo de debate ni consultas a los agentes sociales implicados. Esto que les muestro es el documento elaborado por la Dirección General de Participación Ciudadana sobre la necesidad de la participación “en el proceso de elaboración de una Ley”. Con gran entusiasmo la Dirección General ha publicitado su trabajo previo a la aprobación del proyecto de Ley de Servicios Sociales. Es una verdadera lástima que la Dirección General haya permitido que, paralelamente, las leyes fundamentales de la legislatura hayan tenido una tramitación tan desconsiderada y opaca. No crean sus señorías que nos sorprende: sabemos que el actual régimen democrático no ha podido evitar que las parcelas en que se desenvuelven los grandes intereses económicos (como lo son sin duda las parcelas urbanística y territorial) sigan “protegidos” de la intrusión que supone el debate y la reflexión en torno del bien común. Consignamos aquí, pues, el primer gran defecto de la Ley de Urbanismo de Aragón.
No ha de extrañarles, señorías, que una Asociación que defiende el patrimonio centre su interés en la legislación urbanística y territorial. Antes al contrario: si algo hemos aprendido en estos años de trabajo voluntario es que la defensa del patrimonio es absolutamente indisociable de la reivindicación de una regulación del espacio que prime la justicia y la equidad y reconozca la supremacía, en aras del interés general, de sus componentes sociales y culturales.
Es absurdo, además, contemplar el patrimonio despojado de su trascendencia social, cultural, económica y política. No es invento de APUDEPA: es la doctrina que parte del principio de la conservación integrada, consagrado en la Carta y en la Declaración de Ámsterdam de 1975, adoptadas por el Consejo de Europa. Ya la Declaración expone el convencimiento del Congreso de Ámsterdam de que “la conservación del patrimonio arquitectónico debe ser considerada no como un problema marginal, sino como el objetivo principal de la planificación urbana y territorial”.
La conversión contemporánea del suelo en materia principal de especulación financiera es, sin duda, el principal factor de destrucción y degradación del patrimonio cultural, del paisaje y del medio español en general. Lo viene siendo desde las desamortizaciones decimonónicas, nefastamente gestionadas en beneficio de los intereses particulares de los poderes de turno. Desde entonces, la ciudad y el espacio han sido el objeto de negocio preferido de las élites para su enriquecimiento fácil, aún a costa de la imposición de un modelo de especulación improductiva que degrada progresivamente el medio en perjuicio de la vida en las ciudades, dificulta el primordial acceso a la vivienda y empobrece a la mayoría de los ciudadanos. No es necesario que abundemos en esto: el estallido de lo que se ha conocido como la “burbuja inmobiliaria” y la reciente crisis económica internacional de origen precisamente financiero-inmobiliario han descubierto a quien no los conociera ya el peligro y la injusticia del negocio inmobiliario, así como la especial debilidad del modelo económico español, tan dependiente de la construcción y la promoción de suelo.
Tiene cierta lógica que la corrupción española, dramáticamente generalizada (en mayor o menor grado) en los ámbitos de la gestión política y económica, haya encontrado en lo urbanístico el medio ideal para desarrollarse masiva e incontroladamente.
El brutal crecimiento extensivo de las ciudades, desproporcionado en relación con el aumento demográfico, no solamente es la principal causa de la evidente degradación de la relación armónica de la ciudad con el paisaje y con el medio, sino también la fuente del abandono interior de unas poblaciones progresivamente ahuecadas, convertidas en conglomerados de tejidos urbanos segregados en función de la renta de sus habitantes, con centros históricos vaciados de valores patrimoniales.
Los organismos oficiales avalan con datos estas afirmaciones. Como hemos recordado en más de una ocasión, el estudio sobre cambio de ocupación de suelo (2006) del Observatorio de la Sostenibilidad (institución nacida del convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España, la Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares) constata que del total de la superficie española construida en la historia un 25% lo ha sido en los últimos 30 años, en los que España ha pasado a estar en la cabeza de las listas europeas de viviendas por mil habitantes, sin que ello haya contribuido a facilitar el acceso a la vivienda. Al contrario: el gasto familiar en este concepto ha pasado de un 15% del total a más de un 30%.
Si en 2001, después de años intensos de construcción y especulación inmobiliaria, había en España 51 viviendas por cada 100 personas, desde ese año a 2007 se han construido 84 por cada 100 nuevos habitantes. El número de viviendas ha aumentado en este periodo en más de un 16 %, cuando el número de habitantes (que no de núcleos familiares) lo ha hecho en menos del 10%. Son datos del Gobierno de España, que ahora reconoce que se han construido al menos 300 000 casas más de las necesarias al año. El 31,5% de las viviendas son secundarias (datos de 2007) y según el Informe Funcas de 2005, más de 3 000 000 están permanentemente vacías.
El Parlamento Europeo considera (léase el Informe Auken, en el que más tarde abundaremos) que el modelo urbanístico español es, y cito textualmente, “un modelo expoliador de los bienes culturales que destruye valores y señas de identidad fundamentales de la diversidad cultural española, destruyendo yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, así como su entorno natural y paisajístico”. El informe constata, asimismo, que (cito de nuevo) “se han dado muchos casos en que todas las administraciones, central, autonómicas y locales han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas” y que “esta actividad extendida que respaldan las autoridades locales y regionales irresponsables a través de una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada, que en muchos casos es contraria a los objetivos de varios actos legislativos europeos, ha dañado considerablemente la imagen de España y de los amplios intereses económicos y políticos que tiene en Europa, debido a la aplicación laxista de las legislaciones urbanísticas y medioambientales vigentes en las Comunidades Autónomas españolas en algunas actuaciones urbanizadoras, así como la aparición de algunos casos relevantes de corrupción ocasionados por ellas”.
Lamentablemente, y de aquí el motivo de nuestras protestas, tanto la Ley de Urbanismo de Aragón recientemente aprobada como el resto de la legislación española siguen apostando (en la dirección contraria al interés general y a los derechos fundamentales de los pequeños propietarios) por el suelo como objeto de negocio.
Nótese que no ofrecemos datos y valoraciones de organizaciones no gubernamentales sino de las principales instituciones nacionales e internacionales. Mientras el informe Auken, aprobado por amplia mayoría del Parlamento Europeo solo unos días antes de la constitución de la Ponencia del Proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón, solicitaba (y cito) “al Gobierno de España y de las comunidades autónomas implicadas […] una profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, con objeto de poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones consagrados” en los Tratados, Cartas y Directivas Europeos y, expresamente, la derogación de “todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador”; mientras esto solicitaba el Parlamento Europeo, digo, las Cortes de Aragón, en un gesto de una gravedad que produce escalofríos, no solamente ignoraban la exhortación de la Eurocámara sino que la desafiaba abiertamente creando en Aragón la figura cuya derogación expresamente se pedía, como causante de los mayores abusos urbanísticos en la aberrante práctica española: el agente urbanizador, institucionalizado aquí con el nombre de Promotor de Actuaciones de Urbanización o Urbanizador. Les ruego a todos los portavoces de los grupos parlamentarios que, en su turno de réplica, respondan directamente a la cuestión que les planteo: ¿qué opinión les merece que las Cortes de Aragón hayan creado la figura que expresamente solicitó derogar a todas las autoridades españolas el Parlamento Europeo por ser el origen de buena parte del abuso, la corrupción y el acoso urbanísticos?
En el carácter del suelo como objeto principal para el enriquecimiento de las élites se haya la raíz de la degradación urbana y territorial, de la destrucción del patrimonio, del alarmante endeudamiento familiar, con el consiguiente empobrecimiento, de la imposibilidad cada vez más preocupante del acceso a una vivienda, de la injusticia social en definitiva.
El mejor indicador de los niveles de degradación y perversión del modelo urbanístico, importado en su versión más agresiva de la costa, es la defensa sin sonrojo por parte de los políticos aragoneses del Partido Socialista y del Partido Aragonés del pseudoproyecto Gran Scala para una neociudad del juego en el desierto monegrino.
Afirmamos, en consecuencia, que sin una legislación urbanística inspirada exclusivamente por el amor al bien común serán del todo inalcanzables objetivos tan irrenunciables como son la conservación del patrimonio, la preservación del medio, el mejoramiento de la calidad de vida, la erradicación de la injusta marginación social y el acceso a la vivienda.
APUDEPA quiso (y quiere) no solamente rechazar el proyecto de Ley de la Diputación General, sino presentar a las Cortes propuestas y alternativas. Para que conste, al menos, que existen. Solicitamos, con carácter general, el fomento de una nueva cultura del suelo que permita despojarlo de su actual carácter como bien principal de negocio y su tratamiento como el recurso escaso que es, en una ordenación racional y socialmente consensuada que repercuta en la conservación de sus valores naturales, ambientales, paisajísticos y culturales, en la mejoría de las condiciones de vida en los medios rural y urbano y en la justicia del modelo económico y laboral. Proponemos para ello reorientar la actividad urbanística para evitar todo negocio especulativo, limitándola a las necesidades reales de la sociedad, y restringiendo fuertemente la expansión urbana cuando existan viviendas abandonadas o que puedan ser rehabilitadas, tanto en los centros históricos como en los barrios periféricos, en el medio rural y en el urbano. Es necesario, para ello, limitar de forma clara el ejercicio de la actividad empresarial al interés público y proteger los derechos de los pequeños propietarios, impidiendo la promoción de suelo ajeno. Solicitamos también, en este sentido, la eliminación de los convenios urbanísticos entre administraciones y promotores como instrumentos de gestión, limitándolos a las administraciones públicas y, en casos justificados, a los propietarios de suelo.
Con pueblos y ciudades repletos de viviendas e inmuebles vacíos y abandonados, la Ley debería consagrar como principio fundamental y guía de la actividad urbanística la conservación y el mantenimiento del patrimonio inmueble. Todos los esfuerzos deben concentrarse en la rehabilitación, que no es la destrucción, el vaciamiento o la sustitución sino la adecuación del inmueble a los requerimientos de seguridad, uso, comodidad, salubridad, higiene y decoro, con pleno respeto, por lo demás, a los altos valores culturales contenidos en la arquitectura y en la construcción históricas. Desde el rigor técnico y con amplia participación interdisciplinar. Nada de esto sucederá, sin embargo, mientras el sistema fuerce por ahogamiento financiero de los municipios la venta de suelo público para la financiación de los proyectos y las actividades locales. Este tipo de financiación extrapresupuestaria es parte de la causa de procesos de extensión urbana que no responden a necesidades demográficas, sino a contingencias económicas y políticas de los ayuntamientos. Proponemos la proscripción de la enajenación de suelo público para la financiación de actividades, proyectos y servicios municipales o del resto de administraciones públicas, reivindicando una reforma del sistema de financiación municipal.
El impulso a la recuperación y al mantenimiento interior requiere de un decidido apoyo legislativo. Es necesario y urgente detener los procesos de deterioro del patrimonio inmueble de la ciudad consolidada, y fundamentalmente del centro histórico.
Una sociedad madura no debe permitir el abandono intencionado a que son sometidos muchos inmuebles en los núcleos consolidados por grandes propietarios con fines especulativos. Proponemos que todos aquellos solares, parcelas o edificios que vean reiteradamente incumplidos el deber de edificación o las obligaciones legales para su conservación en condiciones dignas de seguridad, uso, salubridad, higiene y decoro, sean expropiados, sumados a los patrimonios públicos de suelo y, tras su rehabilitación, destinados a un alquiler de precios tasados y asequibles para las personas con economías más desfavorecidas. El primer paso debería ser la estricta observancia de la legislación urbanística, impulsando las inspecciones urbanísticas y asegurando el cumplimiento de las órdenes de ejecución oportunas con el fin de asegurar la conservación y el mantenimiento de los inmuebles. Estas medidas serían efectivas contra una de las grandes lacras de la convivencia urbana: la presión y el acoso inmobiliarios que, en los casos extremos, acaban en injustos desalojos masivos de vecindarios enteros. Proponemos la creación de un Observatorio independiente con amplia participación social contra la Presión Inmobiliaria.
Consideramos desde APUDEPA que, junto a una legislación justa, la única garantía para asegurar el interés general de la gestión urbanística es la participación generalizada de los ciudadanos hacia el consenso y la negociación equitativa. Proponemos para ello, con carácter general, que las grandes decisiones urbanísticas requieran, cuando no de la unanimidad, de mayorías fuertemente cualificadas en los órganos de decisión y asesoramiento, capaces de representar de forma razonable acuerdos generales. Es necesario, contra lo que hace la Ley actual, asegurar la independencia de los órganos técnicos de la administración, con la participación de representantes libremente escogidos por ciudadanos, asociaciones y agentes sociales. Máxime si se tiene en cuenta que con la Ley se ha dotado de un poder exagerado a los promotores de proyectos de “Interés General de Aragón”, aún contra la planificación y la autonomía municipales. APUDEPA pide la limitación de la discrecionalidad de estos planes, exigiendo al menos la unanimidad del Pleno de las Cortes de Aragón y de los ayuntamientos afectados. Lo que se ha hecho mediante la reforma de las Leyes de Urbanismo y Ordenación del Territorio ha sido todo lo contrario: debilitar todavía más el papel de este Parlamento y, en consecuencia, la participación de la representación ciudadana.
Para evitar también la limitación de la discrecionalidad en las revisiones fácticas (a las que tan acostumbrados estamos) de los Planes Generales mediante modificaciones puntuales, APUDEPA solicita establecer también mayorías cualificadas de los Plenos y los órganos asesores municipales y umbrales que hagan necesaria la revisión general del Plan cuando se exceda de determinado porcentaje de suelo reclasificado.
APUDEPA propone, además, asegurar la participación y el control social mediante la creación del Observatorio de la Sostenibilidad de Aragón, como centro de referencia independiente para el estudio y la recopilación, elaboración y evaluación rigurosas de la información básica sobre sostenibilidad en Aragón y facilitar mediante todos los medios, especialmente los telemáticos, el conocimiento y la participación de los ciudadanos en cualquier aspecto de la gestión urbanística.
Hemos de lamentar ante ustedes las graves carencias que APUDEPA ha detectado en el tratamiento urbanístico del patrimonio cultural aragonés. La Ley carece incomprensiblemente de mecanismos coherentes de coordinación con la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, lo que mantendrá actuales situaciones de contradicción e inseguridad. La Asociación considera necesaria la adición de cláusulas que aseguren en todo caso y en diversos puntos el mantenimiento efectivo de la protección de los Elementos de Interés municipales, proscribiendo la declaración de ruina para los Bienes Culturales, las referencias al vaciamiento de las construcciones tradicionales y de los centros históricos y prescribiendo mucho más estrictamente los deberes de conservación y mantenimiento. Se ha perdido la oportunidad de introducir legislativamente nuevos mecanismos de gestión del patrimonio cultural en el marco urbanístico tales como las Cartas y los Programas de Arqueología Preventiva, de Protección del Paisaje, del territorio y de la arquitectura vernácula y del Riesgo del Patrimonio Cultural.
Añadiremos para finalizar una nueva propuesta, ante el estado de excepción urbanística que hemos vivido en los últimos años, y hasta la maduración de un nuevo modelo: se trata del establecimiento inmediato y provisional de una moratoria urbanística para todos los municipios que hayan aumentado en más de un 10% la superficies de suelo urbano o urbanizable desde la entrada en vigor de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón.
Antes de conocer la posición concreta de sus señorías y de los grupos parlamentarios (cosa que deseamos fuertemente) ante nuestras propuestas concretas, las resumiremos en los siguientes puntos:
- Con carácter general, el fomento de una nueva “cultura” del suelo basada en la justicia de la legislación y la gestión urbanísticas.
- La consagración de un urbanismo ampliamente participado.
- La independencia de los órganos técnicos de la administración y el aseguramiento del debate, la reflexión y el consenso urbanísticos.
- La satisfacción del derecho constitucional a una vivienda digna.
- La protección del patrimonio cultural aragonés.
Por todo ello, dada la gravedad del momento presente y dado que APUDEPA considera la cuestión urbanística y territorial como una de las principales cuestiones pendientes, abordable únicamente desde la reflexión y el debate en torno del bien común, esta Asociación solicita a las Cortes de Aragón, señorías, la apertura de un amplio proceso de participación social y política para la elaboración de unas nuevas directrices urbanísticas y territoriales que sean respetuosas con lo dispuesto por el Parlamento Europeo, que atiendan a la conservación del medio y a la justicia social y que respondan única y exclusivamente al interés general.
Gracias por su atención.
