'Donde reside la Justicia', por Carlos Bitrián Varea
Donde reside la Justicia
Por Carlos Bitrián Varea, arquitecto y presidente de Apudepa
Heraldo de Aragón 15/05/2012
LA FIRMA I La operación inmobiliaria que el Gobierno de Aragón ha planeado para el traslado de las dependencias judiciales de Zaragoza a Ranillas tienen inconvenientes implicaciones económicas y también simbólicas
«Es importante que, para que la soberanía y la justicia continúen residiendo en el pueblo, lo hagan también en su espacio y no en el de un fondo de inversión»
Que a nuestra pobre Zaragoza le está costando digerir eso que los gurús locales llamaron ‘el legado urbano de la Expo’ no es un secreto para nadie. Y no resulta demasiado preocupante si se tiene en cuenta que las ciudades (parabién o para mal) con el tiempo lo acaban digiriendo casi todo. Mucho peor es que las administraciones sigan apostando, para lograr ingresos, por los viciados instrumentos de la especulación del suelo que tanto daño han hecho al país y a la justicia social. La constatación del desastre económico, social y cultural a que nos ha conducido el modelo que trata al suelo como un mero material de combustión ”debería haber generado, al menos, una reflexión en la búsqueda de nuevas soluciones.
Pero no, las administraciones siguen alimentando el negocio de la especulación. La DGA anuncia ahora una rocambolesca operación inmobiliaria que no deja de ser absurda aunque esté de moda. Después de decidir el traslado de las sedes judiciales de Zaragoza a los pabellones de Ranillas por ser de su propiedad, el Gobierno de Aragón los quiere poner a la venta por 52,6 millones de euros para Quedar seguidamente como arrendatario del fondo de inversión que los adquiera. A partir del momento de la enajenación, a ese fondo de inversiones irá a parar el alquiler de 622.072 euros al mes que hasta entonces el Gobierno va apagarse así mismo. Pues bien, en siete años el Gobierno habrá perdido los 52,6 millones que prevé ganar al vender el espacio de la Justicia y a partir de entonces pagará 7,5 millones y medio de euros al año por mantener allí los órganos judiciales. ¿Son estas las políticas a medio y largo plazo a las que se refería la estrategia 2025 de la presidenta Rudi? ¿Por qué aceptan o promueven estas cuentas las administraciones si nos empobrecen a todos y solamente enriquecen a los especuladores?
La operación suscita también muchas dudas en otros órdenes. Nadie aclara qué va a pasar con el interesante construcción de Regino Borobio con una ampliación proyectada por Alejandro de la Sota que constituye la única obra en Zaragoza de uno de los mejores arquitectos españoles del siglo XX. Grave irresponsabilidad sería, y atentado contra el patrimonio cultural, pretender otro negocio destructor con un edificio cuyo uso es además estratégico para el casco histórico de la ciudad.
Pero quizás más importante que todo ello es la consecuencia simbólica de la venta. La Justicia no es un servicio más. El espacio en el que se desarrollan sus trabajos y se despliegan sus ritos no debería ser gestionado como mercancía, pues es un espacio que, como ningún otro, debe mantener una exquisita neutralidad respecto de todo tipo de poderes y presiones. ¿Qué pasaría si un día los tribunales tuvieran que juzgar a los dueños de su casa? ¿Cómo sería la justicia que los jueces tendrían que impartir entonces a sus patronos (que así llama la RAE a los dueños de la casa donde se reside)? ¿Acaso no se vende en algo la Justicia si se vende el techo que la alberga? Si la Justicia tiene ya serios problemas de credibilidad, medidas como ésta la alejan más todavía del pueblo del que constitucionalmente emana.
Los gobiernos no deben olvidar la importancia simbólica de la gestión del espacio. El artículo más solemne de la Constitución, el primero, al proclamar que «la soberanía nacional reside en el pueblo» utiliza un verbo de evidentes implicaciones espaciales, pues «residir» significa «estar establecido en un lugar». El uso de una metáfora que remite al espacio y al alojamiento para fijar la relación entre la soberanía y su titular viene a explicitar la relación natural entre el lugar en que la soberanía se manifiesta y su titularidad. La residencia del as cosas tiene causas y consecuencias simbólicas, por cuanto esas cosas se ven afectadas por la naturaleza del espacio que las alberga. Y el discurso espacial que la comunidad despliega en la ciudad es herramienta fundamental que le sirve para reconocerse a sí misma como lo que es o aspira a ser. La residencia metafórica de la soberanía en el pueblo conlleva la residencia literal de sus poderes en el espacio público. Y es importante que, para que la soberanía y la justicia continúen residiendo en el pueblo, lo hagan también en su espacio y no en el de un fondo de inversión. Que la justicia pase a residir en el lugar de los mercados quizás no sea lo de menos, sino, invirtiendo la metáfora, un paso más en a construcción de eso que podría ya denominarse la ‘soberanía mercantil’.
2 comentarios
fernando garcia vicente,fiscal implicado en belver. -
ELENA -
vuestras opiniones a vuestro blog? me deleitaría leerlas.