Paradojas de Beatriz Corredor
No nos resistimos a presentar en nuestro Blog el artículo de la ministra de Vivienda del Gobierno de España publicado por el diario El País en su edición de 5 de agosto de 2008. La viñeta de Cano, publicada por el diario Heraldo de Aragón en su edición de 24 de julio de 2008, es suficientemente ilustrativa como para no hacer ningún comentario más. Pero entenderán ustedes que no podamos resistirnos.
En un alarde de sinceridad la ministra reconoce que en los últimos años España ha construido 300.000 viviendas más de las necesarias cada año “y, además, a precios imposibles”. Este dato que nos presenta la ministra dice mucho de la incompetencia en materia de vivienda del Gobierno de Rodríguez Zapatero en los últimos 4 años. ¿Cómo es posible que el Gobierno permita que se doble el número de viviendas construidas cada año sin mover un dedo para cambiar la situación? ¿Cómo es posible que, aún así, mantenga relaciones peligrosas –véase la labor de la Oficina Económica de Moncloa con Miguel Sebastián y David Taguas- con las constructoras españolas?
Ante esta situación de partida que muestra la propia ministra caben dos explicaciones: o el Gobierno ha sido cómplice de los intereses particulares de las grandes empresas a costa del bienestar general (carestía de la vivienda, destrucción del paisaje y del patrimonio cultural, aumento de la explotación de recursos naturales en operaciones urbanísticas) o el Gobierno carece de la mínima capacidad para regular y controlar el suelo público ante la omnipotencia del mercado y la libertad de las comunidades autónomas y los municipios.
La música y la letra andan desacompasadas en este artículo que sirve a Corredor para presentar la apuesta estrella de su ministerio. Por una parte afirma que el Estado no puede utilizar el dinero público “para intervenir en el mercado, ayudando a que los promotores vendan su stock a precios superiores a los de la vivienda protegida”, lo que “sería destinar el dinero de todos a garantizar el beneficio de unos pocos”. Y por la otra presenta un plan que va en la misma línea de lo que denuncia: inyección de dinero público para que en España se siga construyendo a un ritmo adecuado para el enriquecimiento de las grandes empresas constructoras y promotoras. Y para ello se pone a disposición del mercado suelo del patrimonio público por valor de 300 millones de euros. Es decir: la misma letra de siempre pero con música refinada (“rehabilitación”, “alquiler”, “vivienda protegida”). ¿No habíamos quedado en que sobran viviendas en España?
Es en el último párrafo en el que las intenciones del Gobierno quedan al descubierto. La ministra viene a reconocer que el plan es consecuencia de “la crisis que atraviesa el sector [de la construcción]” y no de la crisis ambiental y social. Y para ello “ayuda a reactivar su actividad [la del sector de la construcción] a través de la vivienda protegida, especialmente en alquiler, y la rehabilitación”.
Como venimos diciendo desde hace tiempo en APUDEPA, el mercado ha encaminado sus propósitos hacia la vivienda protegida, el alquiler y la rehabilitación, como si con palabras “sostenibles” pudiera compensarse la destrucción social, cultural y ambiental que en la práctica sigue sufriendo España. El alquiler es necesario, pero para que funcione debe de anularse la naturaleza eminentemente inversora y especulativa del suelo. La vivienda protegida no debe convertirse en una excusa para la construcción, en una especie de disfraz para la vivienda libre. Y la rehabilitación debe de ir guiada por un cuidado exquisito a la arquitectura tradicional y a los valores culturales y arquitectónicos de los pueblos y ciudades. Si no se basa en estudios y equipos interdisciplinares, la “rehabilitación” puede limitarse a ser obra nueva en solares viejos, a la sustitución de los inmuebles antiguos por otros nuevos, con el consiguiente perjuicio económico y ecológico para el conjunto de la sociedad. Si se apuesta por una política seria y global de rehabilitación (que falta hace) lo primero que hay que hacer es encaminar en esa dirección los planes de estudio de las escuelas de arquitectura y reactivar la eficacia de los oficios tradicionales, adecuando para ello los medios y las tecnologías productivas e interventoras, incluyendo por supuesto las de las empresas del sector. Es la única salida para compatibilizar el “reciclaje” material con el respeto necesario a la gran riqueza tipológica y constructiva de la arquitectura existente.
Así las cosas, la gran paradoja en cuya cuenta no parece caer la ministra Corredor, consiste en que, pese a reconocer la gran cantidad de viviendas vacías y “sobrantes” en España, el Gobierno sigue impulsando la construcción a costa del patrimonio público de suelo. ¿Por qué no destina el Gobierno los 300 millones de euros a adquirir por su precio justo (que para eso es el Gobierno y tiene mecanismos constitucionales suficientes para ello) las viviendas y solares vacíos de los cascos históricos (en manos de grandes inversores a la espera de mejores momentos para la especulación) poniendo a disposición de todas las capas de la sociedad esos nuevos hogares y reviviendo ciudades compactas que ahora se debaten justamente entre la expansión y el vaciamiento?
Hasta aquí nuestra reflexión. Con ustedes, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.
Con el suelo público no basta
En España se crean unos 400.000 nuevos hogares cada año, lo que da idea del número de viviendas que nuestro país necesita para satisfacer los proyectos vitales de miles de ciudadanos. En los últimos años se han edificado muchas más viviendas de las que el mercado podía absorber -hasta 700.000 anuales- y, además, a precios imposibles. La paradoja es que hay un exceso de oferta de viviendas sin vender, y una gran demanda por parte de las familias que, sin embargo, no pueden acceder a las existentes por su precio inasumible. En consecuencia, muchas han decidido aplazar la decisión de adquirir una vivienda, y las que se deciden a hacerlo, tienen serias dificultades para acceder al crédito hipotecario.
Esta falta de financiación afecta también a los promotores, que necesitan crédito para continuar con su actividad empresarial. Por tanto, el sector ha sufrido un brusco frenazo, como demuestran las estadísticas de transacciones inmobiliarias e hipotecas. Además, nuestro mercado del alquiler es aún raquítico -apenas un 11% del total de viviendas-. Por eso es imprescindible generar más oferta de viviendas en alquiler a precios competitivos, tanto entre particulares como en la promoción de viviendas protegidas.
Para salir de este círculo vicioso, el Gobierno ha afrontado la situación desde varios frentes. En primer lugar, dando salida al exceso de oferta, a las viviendas que los promotores tienen sin vender. Para ello, desde enero de 2008, ya es posible que estas viviendas se califiquen como de protección oficial si llevan un año terminadas. Y, siempre, naturalmente, dentro de los precios máximos determinados por el módulo de la vivienda protegida. Porque la obligación del Estado es ayudar a los que tienen más dificultades para acceder a la vivienda, pero no garantizar con dinero público los beneficios privados. Éste es, a juicio del Gobierno, el límite al que el Estado puede llegar. Ir más allá, utilizando el dinero público para intervenir en el mercado, ayudando a que los promotores vendan su stock a precios superiores a los de la vivienda protegida, sería destinar el dinero de todos a garantizar el beneficio de unos pocos. Los ciudadanos no lo entenderían.
En segundo lugar, diseñando una estrategia de promoción de viviendas protegidas, sobre todo en alquiler, que permita atender la demanda de vivienda de los próximos años y, a la vez, reactivar el sector de la construcción residencial, procurando el mantenimiento del empleo y de los sectores auxiliares. Para lograrlo, apostamos también por la rehabilitación, que es otra de nuestras prioridades.
Sin embargo, para acometer cualquier política de vivienda es necesario disponer de una materia prima básica: el suelo. Y el principal escollo para la construcción de viviendas protegidas es la escasez de suelo urbanizado a precios asequibles. Nuestra intención es, por tanto, poner solares a disposición de la promoción de vivienda protegida. Y para ello contamos, en primer lugar, con el suelo público: lo haremos de forma coordinada con los ministerios que poseen suelo a través de una comisión interministerial, que se constituirá próximamente.
Y con el suelo público no basta: para que puedan construirse las viviendas protegidas que nos demandará la sociedad dentro de cuatro, cinco, seis años, para cumplir nuestro compromiso de promover 1.500.000 en diez años, es necesario que ahora obtengamos suelo a precio asequible para poder urbanizarlo, es decir, prepararlo para que esté en condiciones de ser edificado cuando se vaya necesitando. Sobre todo, porque para promover viviendas protegidas en alquiler, que es una prioridad del Gobierno, es imprescindible que el suelo sea barato. Sólo así será viable su financiación y las empresas del sector se animarán a invertir en esta actividad.
Por ello, el ministerio ha puesto en marcha una Oferta Pública de Compra de Suelo, a través de SEPES, por importe inicial de 300 millones de euros y con un horizonte de cuatro años, basada en los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y coordinación con las comunidades autónomas, que compartirán las decisiones sobre las condiciones de la oferta y la elección de los solares, y que priorizará aquellos suelos que están en mejores condiciones para su más rápido desarrollo. Y además, adquiriéndolo a precio de vivienda protegida. Para que, entre todos, Estado, comunidades y ayuntamientos, lleguemos a más. Una medida, por cierto, que ya han puesto en marcha algunos ayuntamientos como Madrid, comunidades como Murcia y Canarias, y que han anunciado Baleares, Cataluña y Andalucía.
SEPES tiene 50 años de experiencia en la adquisición, urbanización y gestión de suelo, pero el 91% de su cartera patrimonial es para actividad terciaria o industrial. Ahora vamos a aprovechar su capacidad para urbanizar también suelo residencial para promover viviendas protegidas, específicamente en alquiler. La evolución de los precios demuestra que es un buen momento para que las Administraciones Públicas consigamos el suelo que hasta ahora nos estaba vedado por su desorbitado precio.
El Gobierno asume su responsabilidad y afronta la crisis que atraviesa el sector. Lo hace ayudando a reactivar su actividad a través de la vivienda protegida, especialmente en alquiler, y la rehabilitación. Y además sienta las bases de la política de vivienda de los próximos años. Para ello necesita suelo. Éste es el objetivo.
Beatriz Corredor es ministra de Vivienda.
