En la línea de máxima claridad que tratamos de seguir siempre en este Blog, APUDEPA denuncia hoy, tras haber analizado la situación creada, que el trasvase del Ebro a Barcelona impuesto por el Gobierno de España y por la Generalitat de Cataluña con la anuencia del Gobierno de Aragón es o bien un proyecto de trasvase permanente o un chanchullo económico en toda regla. Veamos:
El Boletín Oficial del Estado de 22 de abril de 2008 (víspera del Día de Aragón, qué detalle) publicaba el Real Decreto-Ley 3/2008, de 21 de abril, “de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona”. En el diccionario “Realidad/Eufemismos – Eufemismos/Realidad” hemos hallado que dicho Real Decreto se traduce como Real Decreto-Ley 3/2008 de Trasvase del Ebro a Barcelona.
Efectivamente, el decreto concibe la interconexión entre las cuencas del Ebro y del Ter-Llobregat (Cuencas internas de Cataluña) aprovechando la concesión ya realizada para el mini-trasvase a Tarragona. De ahí que tanto Generalitat (PSC-PSOE-ERC-ICV-IU), Diputación General (PARSOE) y Gobierno (PSOE) hayan afirmado hasta la saciedad que no se trata de un “trasvase adicional” sino de un “reaprovechamiento de los caudales del trasvase existente”. Pero si la concesión de caudales existía ya merced a una ley ampliamente contestada en Aragón (Ley 18/1981), lo que no existía ni existe todavía es la interconexión de las cuencas (ampliación al sistema Ter-Llobregat), la autorización para el mercado del agua y, fundamentalmente, la infraestructura física para el traslado del agua a Barcelona. Si un trasvase se compone de infraestructura física y amparo legal, resulta obvio que lo difícil de obtener es lo primero y no lo segundo. Recordemos que el trasvase del Ebro contemplado en el Plan Hidrológico Nacional del Partido Popular tuvo amparo legal y si no llegó a realizarse fue por la lentitud que unas obras de semejantes características conlleva. Es decir: una vez que la infraestructura existe, autorizar su uso es cosa de una firma del presidente del Gobierno y de 15 días de polémica en Aragón y Amposta. El Real Decreto actual, en su disposición derogatoria, entiende que cesarán los efectos de la “redistribución de caudales” cuando cese la situación de emergencia que la provocan o cuando se ponga en marcha la desalinizadora del Prat. Cesará entonces “este” amparo legal, pero la infraestructura estará ya preparada para cualquier ocurrencia. Una vez dado este paso, lo demás es “bufar i fer ampolles”, como se dice en catalán. Quizás por esto es por lo que la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España se decantan por una infraestructura de 180 millones de euros con una vida útil de 9 meses, en vez de soluciones menos traumáticas, más baratas y, sobre todo, fácilmente anulables si, como ha sucedido, se resuelve súbitamente un problema que depende de factores impredecibles. Ya el 23 de abril de este año, cuando la situación de sequía sí parecía grave, APUDEPA decía: “Dado que la situación de restricción no es segura, sino posible, quizás lo más acertado sería planear una solución que tampoco fuera segura, sino posible”.
Las lluvias de las últimas semanas en Cataluña han venido a superar, afortunadamente, la situación de emergencia que padecía la Comunidad Autónoma. La Generalitat, en una política que debería de llenar de vergüenza (por profunda incoherencia) a los partidos que se han opuesto reiteradamente a cualquier trasvase, especialmente ERC e ICV/EU, se niega a replantear la obra mientras la ministra de Agricultura afirma (para sembrar confusión mientras se preparan las máquinas) que el trasvase cesará si cesa la situación de emergencia. Pero, significativamente, se niega a dar la cifra a partir de la cual el Gobierno consideraría suficiente las reserva de agua. Según ella “porque las cifras alimentan polémicas” y según la evidencia porque no quiere correr el riesgo de que esa cifra ya se haya ampliamente superado. Lo cierto es que el Real Decreto es muy claro al respecto: fija el déficit de agua en 3,9 hm3/mes el plazo máximo de aplicación en 9 meses lo que (calculando a lo señorita del 1,2,3) nos da una necesidad de agua total máxima de 35,1 hm3. Por si esto fuera poco, el artículo 4 dispone que “la suma de los volúmenes que podrán derivarse” en virtud de lo dispuesto por el real decreto-ley “no podrá superar el volumen máximo de cincuenta hectómetros cúbicos anuales”. Pues bien: desde el pasado 1 de abril, las reservas de agua de Barcelona han aumentado en 80 hm3, una cantidad que dobla la necesaria para cubrir el déficit del área metropolitana. Se han superado con creces las previsiones que contemplaba el propio Real Decreto-Ley. Pero la obra sigue adelante. ¿Por qué?
Una sospecha suficientemente fundada indica que, efectivamente, se quiere tener una infraestructura “a mano” de los gobiernos español y catalán para futuros trasvases permanentes o intermitentes (cuyos caudales serían fácilmente regulables a posteriori). Pero aún albergamos más sospechas maliciosas que, para más INRI, no son incompatibles:
Como hemos dicho, el Real Decreto-Ley prevé, además del amparo legal, la realización de una infraestructura valorada en 180 millones de euros. El artículo 6 del Real Decreto declara de interés general las obras de la infraestructura de “conducción CAT-ATLL” (Trasvase del Ebro) “necesaria para hacer efectivos el abastecimiento de poblaciones y la derivación de caudales autorizados por este real decreto-ley”. Se declaran, asimismo, de utilidad pública y de urgencia a efectos de expropiación de los bienes afectados. Pero, además, se recurre al artículo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que, para las obras de emergencia, prevé que la administración pueda “sin obligación de tramitar expediente administrativo”, “ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido, satisfacer la necesidad sobrevenida o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito o suficiente”. Es decir, que se permite que una obra de 180 millones de euros se adjudique a dedo, negando el principio elemental de pública concurrencia. Por si fuera poco, el Real Decreto-Ley dispone que “no será de aplicación a estas obras lo dispuesto en el artículo 46.5 del texto refundido de la Ley de Aguas” que establece que “con carácter previo a la declaración del interés general de una obra hidráulica, deberá elaborarse un informe que justifique su viabilidad económica, técnica, social y ambiental, incluyendo un estudio específico sobre la recuperación de los costes”. Para que vean ustedes lo mucho que sirven las leyes.
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino adjudicó hace una semana la ejecución de las obras de trasvase de aguas a Barcelona a una Unión Temporal de Empresas denominada “Conducción CAT-ATLL”. Esta UTE que recibe el encargo (como se ha dicho, a dedo) está formada por:
- Aguas de Barcelona, AGBAR (20% que es la que figura en la mayoría de noticias)
- Dragados-ACS (16%)
- Sacyr (16%)
- Acciona (16%)
- Comsa (16%)
- Copisa (16%)
¿Recuerdan ustedes quién ha fichado a Taguas? ¿Recuerdan ustedes a quién pidió “ayuda” el presidente Zapatero para solucionar el caos del AVE en Barcelona?
La composición de la UTE es de lo más explícita y la historia rocambolesca. Aguas de Barcelona ha estado desde el principio tras el proyecto de trasvase del Ebro (desde el mismo encargo para el estudio de la Vicepresidenta Fernández de la Vega). La empresa es una de las principales del mercado catalán y su presidente, Jordi Mercader fue alto cargo del gobierno socialistas, presidente del Instituto Nacional de Industria (poderosísimo precedente de la SEPI que aunaba las empresas públicas) durante el mandato de Felipe González. Se le considera un hombre muy cercano al PSC y, de hecho, su nombramiento como vicepresidente de “La Caixa” fue interpretado como un guiño a los socialistas catalanes y a su gobierno tripartito. No en vano “La Caixa” es pieza fundamental en el sistema de financiación de los partidos catalanes. Agbar, que desde el principio se posicionó como la empresa del trasvase, contaba con Copisa como contratista principal. Comsa era, por su parte y según diversas fuentes, la empresa escogida por la Generalitat para el trasvase del Segre. A las otras tres empresas ya las conocen ustedes: núcleo duro de SEOPAN: Florentino Pérez (ACS), José Manuel Entrecanales (Acciona) y Luis del Rivero (Sacyr).
Al parecer, las constructoras madrileñas (y especialmente Sacyr) albergaban serias pretensiones que amenazaban el negocio de Aguas de Barcelona con sus contactos en la villa y corte. Pero hete aquí que, tras largas conversaciones y en la noche de un jueves, el Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu (casualmente del PSC) alumbra una solución salomónica: bajo el liderazgo de Aguas de Barcelona (20%) el pastel queda repartido en 6 partes, 3 cercanas a la Generalitat, otras 3 del núcleo duro constructor.
Quizás a la luz de las palabras del propio Presidente del Gobierno (pronunciadas durante su sesión de investidura ) quede todo algo más claro:
“Hemos anunciado (…) que la agilización de la inversión será otra de las medidas urgentes, la aceleración de la inversión pública en materia de infraestructuras, al igual que otras medidas que he ido hoy refiriendo en torno al apoyo al sector inmobiliario”.
El Congreso rechazó ayer lamentar el fichaje de Taguas (pese a la “desagradable sorpresa” que supuso para Zapatero) y modificar la Ley que ha permitido el caso. Lo hizo con los votos de PSOE i CiU. La moción, que apelaba a la ética democrática, la presentaba Iniciativa per Catalunya/Verds/EU por boca del diputado Joan Herrera. ¿Se habrá enterado el señor diputado de la defensa que hacen sus superiores de un trasvase insostenible que solamente beneficia a las empresas que han nombrado a Taguas?
La Diputación General de Aragón se desmarca ahora en contra del trasvase. Pero se limitará a interponer un recurso contencioso-administrativo cuando comience la obra, a sabiendas de que cuando el juez resuelva habrán pasado años, la obra estará hecho, el dinero gastado y las noticias a otra cosa.
Ya habrán observado que en el Blog de APUDEPA insistimos últimamente en estos asuntos. Lo hacemos porque estamos convencidos de que este es el contexto general en que se sitúa el patrimonio cultural y el natural (como la vida misma): el dominio económico de la construcción, la prevalencia de los intereses particulares sobre los generales, la apariencia de legalidad, la indefensión ciudadana y una política de hechos consumados ante la que todo (incluso el control judicial) es indiferente. Nunca llueve a gusto de todos. Nunca mejor dicho…
