Gracias señor presidente. Señor presidente, señorías: Introducción Permítanme antes de comenzar que muestre en nombre de la Asociación la satisfacción que nos produce venir a hablar a las Cortes de todos. Comparecemos ante ustedes porque no nos resignamos al silencio. Venimos para hablar de patrimonio, pero no sólo de patrimonio, sino también de cultura, de ciudad, de política en definitiva. Porque todos somos ciudadanos y políticos, ustedes y nosotros. Que a nadie le quepa ninguna duda: nuestro único partido hoy es el Teatro Fleta. El debate en torno a la ciudad, al territorio, al espacio, es un debate fundamental que condiciona todos los ámbitos de la política y que a todos nos incumbe. Debate que implica al patrimonio, al interés social, al político, a los pequeños y a los grandes intereses económicos particulares. Desde hace mucho tiempo, a nuestro parecer lamentablemente, estos últimos tienen preeminencia sobre el resto. El espacio puede ser considerado a la luz de muchos criterios, aunque en demasiados casos, sin embargo, el espacio sólo es comprendido como pura mercancía. Lo más preocupante es que esta misma forma de entender el espacio es la que parece imponerse entre los gestores de la cosa pública, hasta el punto de parecer que no existe alternativa posible. El Gobierno de Aragón parece no ver nada más tras la fachada del Fleta que la pura mercancía que sin duda representa. Ya no ve, si es que alguna vez lo ha visto, el espacio del teatro, ya no ve la arquitectura, ya no ve la sede de la orquesta sinfónica ni del centro dramático, ya no ve el espacio de la comunidad, de la cultura. El Fleta es sólo un espacio interesante en el centro de la ciudad para una sociedad privada que quiere desarrollar su proyecto en Zaragoza. Valores del edificio No sería necesario recordar la importancia arquitectónica y cultural del Fleta si no fuera porque algunas de sus señorías son partidarias de su derribo. El Gran Teatro Fleta es una obra clave de la modernidad en Aragón y aún en España. Su arquitecto, José de Yarza García, manejando con soltura los pormenores del quehacer arquitectónico y las referencias de la arquitectura moderna europea, dotó a la ciudad de una gran sala preparada para recibir casi todo tipo de espectáculos. En 1955 abría sus puertas el nuevo Teatro Iris, recibiendo tres años más tarde su actual nombre en honor del tenor Miguel Fleta. La obra de Yarza supuso un aliento importante para la incorporación de la arquitectura zaragozana a la concepción moderna de la arquitectura internacional. La novedosa solución estructural adoptada, vinculada a una forma determinada de espacio, junto a la moderna “desornamentación” interior y exterior, el diseño de su cuidada sección, una caja escénica bien preparada y las cualidades ambientales del espacio, hicieron del edificio una de las obras de referencia de la arquitectura moderna de cines y teatros. Saben sus señorías que la prestigiosa Fundación internacional Docomomo para la Documentación y Conservación del Movimiento Moderno lo tiene registrado como una de las obras ejemplares de la arquitectura moderna en España y Portugal. En Zaragoza son sólo 4 los edificios así considerados, pero serán 3 si los planes del Gobierno para el derribo del teatro salen adelante. Historia de los últimos años Estas Cortes han sido testigos de la tragedia en tres actos en que las instituciones aragonesas han convertido los últimos años del Teatro Fleta. Desde 1981 la amenaza del derribo se cierne sobre el edificio. En 1986 el Ayuntamiento de Zaragoza acordaba, mediante la revisión del plan general de ordenación urbana, la inclusión del teatro en el catálogo de edificios de interés, en la categoría de bien de interés arquitectónico y su calificación como equipamiento cultural. Los recursos de Iris Park ante los tribunales dieron lugar a la sentencia de la Audiencia de Zaragoza, ratificada en apelación por el Tribunal Supremo, por la que se confirmaba la legalidad del planeamiento municipal si bien se establecía el derecho de la propiedad de percibir la indemnización consecuente de la limitación del aprovechamiento urbanístico de la parcela. Resistiéndose entonces a ejecutar este punto de la sentencia, y no viendo ya en el Fleta más que un solar improductivo, el Ayuntamiento, gobernado primero por el partido socialista y después por el popular, tramitó la descatalogación del edificio para permitir su derribo. En dicha pretensión topó con las decisiones de los órganos técnicos y políticos de la Diputación General (tanto en los años de gobierno del partido socialista como en los años de gobierno del partido popular) que no juzgaron conveniente prescindir de un bien cultural de esas características. Los debates sobre el Fleta se sucedieron durante casi una década, hasta que la Diputación General decidió en 1998 adquirir el Teatro Fleta para su conversión en el gran escenario de la Comunidad. Fue aquélla una compra no exenta de polémica, puesto que, ante la exigüidad tradicional de los presupuestos en materia de cultura, el Gobierno decidió excusar con la compra del Fleta la venta, para la construcción de vivienda de precio libre, de una parcela del patrimonio público destinada a la vivienda protegida. De nuevo el espacio de la ciudad entendido como pura y simple mercancía. Así comienza este segundo acto que será el de la presunta rehabilitación del Fleta. Se convocó entonces un concurso para la transformación del Fleta que forzaba al edificio con un programa de necesidades que suponía la multiplicación de la superficie construida del teatro. Una vez fallado, la Diputación General hizo del Fleta el gran proyecto de la legislatura en materia cultural. Pocas ocasiones perdió el Gobierno en las Comisiones o en el pleno de estas Cortes para hablar de lo que se suponía una brillante operación y una “apuesta” por la cultura. El Fleta iba a inaugurarse con “La Dolores” el día 23 de abril del año 2003. El Gobierno publicó en prensa una serie de más de 10 reportajes publicitarios a todo color bajo la campaña “sin límites a la creatividad”, incluyendo el día 7 de abril de 2002 una entrevista con el arquitecto señor Tobías en que declaraba que “hubiera sido una fatal equivocación (demoler el teatro Fleta) primero por su gran valor histórico artístico y, segundo, desde el punto de vista urbanístico”. Ahora sabemos que vivíamos de humo. El tercer acto, inconcluso, comienza con el anuncio de un acuerdo mediante el cual se pretende vender parcialmente el teatro, renunciar a su rehabilitación, concluir su derribo y construir un nuevo edificio de gestión mixta y cuya programación será mayormente privada. Patrimonio cultural El Fleta ya no es lo que fue. Pero su estado actual no se debe al paso desolador de un huracán, como parece querernos hacer creer el Gobierno, sino a una actuación tremendamente irresponsable y a un cúmulo de despropósitos guiados por el desprecio al patrimonio cultural. El proceso que ha llevado al borde de la desaparición a uno de los edificios más importantes de Zaragoza no ha producido ni el más mínimo gesto tendente a la asunción de responsabilidades. Mientras el señor Consejero Callizo, hoy Viceconsejero de Turismo, decía en las Cortes en abril de 2002 que en el caso del teatro Fleta “el Gobierno va a actuar (...), sobre todo, con absoluto respeto a la conservación del patrimonio cultural” (DISCA, Plenos, 64); Mientras la señora Consejera Almunia el día 25 de septiembre de 2003 en estas Cortes garantizaba “una vez examinados los últimos informes técnicos, la continuidad de las obras del Gran Teatro Fleta, dentro de las previsiones de coste, calendario y usos, permitiendo que la comunidad cuente dentro de esta legislatura con una moderna sala preparada para una programación de conciertos, de montajes teatrales de los más diversos formatos, y adecuada también para ópera y grandes compañías de danza” (DISCA, Serie A, 9); mientras eso ocurría en estas Cortes, Apudepa solicitaba personarse ya en el año 2000 en el expediente de rehabilitación y denunciaba el proceso de destrucción del Fleta en un artículo publicado en prensa el día 16 de abril de 2002. “Adaptar la horma del antiguo Fleta en el nuevo era imposible” decía en ese artículo la profesora Boloqui ante los sordos oídos de quienes ahora le dan la razón. El día 6 de mayo de ese mismo año en otro artículo el profesor Borrás y otros insignes especialistas se mostraban contrarios a los criterios de la actuación en el teatro. Unos días más tarde, el 16 de mayo, era el presidente de la Cátedra de arquitectura Ricardo Magdalena, de la Institución Fernando el Católico, quien denunciaba la ficción del nuevo Fleta y la desaparición del edificio. La reacción del Gobierno de Aragón, como han visto y pueden leer en el Diario de Sesiones, fue la de negar lo evidente y la de seguir destruyendo el patrimonio cultural con la prepotencia de quien no escucha ni se deja asesorar por nadie, aunque se tratase de distinguidos profesionales, profesores o catedráticos de la Universidad. Pero, señorías, si hoy estamos aquí no es sólo para demandar responsabilidades y para denunciar los actos contra el patrimonio. Si hoy estamos aquí es para demandar, para exigir, la conservación de lo que queda del Teatro Fleta mediante una actuación meditada y comprometida con los criterios técnicos y científicos de respeto al patrimonio cultural. El Fleta ha sido maltratado pero su conservación es posible pese a cuantos nos quieren hacer creer lo contrario. Pedimos a los grupos de la oposición la misma firmeza para exigir la conservación del patrimonio que para demandar responsabilidades. Por eso hoy aquí solicitamos, solemnemente, su apoyo al mantenimiento del teatro y a su recuperación en los términos antes enunciados. APUDEPA era partidaria desde el inicio del mantenimiento de la arquitectura íntegra del teatro. Pero ahora hay que decidir si es posible y deseable la recuperación en alguna medida del edificio. Nosotros, con la ley en la mano, consideramos que es posible, deseable y obligado su mantenimiento y en este punto les pido de nuevo su apoyo. El Gobierno dice que son condicionantes geotécnicos los que imposibilitan el proyecto, pero entonces ¿por qué el señor Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte declaraba el día 18 de septiembre de 2003 al diario Heraldo de Aragón, cuando ya se conocía el nivel exacto de la capa freática, que “los recientes estudios geotécnicos garantizan la viabilidad de los usos previstos en el proyecto?”. La señora Almunia, el día 16 de febrero de 2005, sólo unos meses antes de que se decidiera derribar el edificio, decía ante la comisión de Educación y Cultura: “Les quiero adelantar, sin embargo, que esa modificación del proyecto no supone cambios sustanciales ni en el presupuesto ni en los plazos de ejecución. Además, el modelo sobre el que estamos trabajando también permite respetar tanto las características del espacio escénico como las de la sala principal del teatro.” (DISCA, Serie A, 85). Señorías ¿no les parece extremadamente grave esta falta de criterio en la política en materia de cultura de la Diputación General? Porque, si esto pensaba la señora Consejera en febrero de 2005; si además reconoce el día 14 de septiembre de 2005 en respuesta a la pregunta parlamentaria 962/05 que se ha ordenado el levantamiento controlado de los restos arqueológicos y que éstos, pues, no son ya obstáculo para el desarrollo del proyecto; si la señora Consejera reconoce el mismo día en respuesta a la pregunta 961/05 que “el estado material del edificio que albergaba el Teatro Fleta no corresponde a lo que técnicamente se denomina estado de ruina”; si los problemas geotécnicos fueron ya salvados según declaraciones del señor Viceconsejero, entonces, señorías ¿Qué y quienes han decidido que la rehabilitación del teatro es imposible? Pues, a nuestro entender, el mercado y la Sociedad General de Autores y Editores. Esto ha sido implícitamente reconocido por el Gobierno. El día 15 de junio de 2005 el señor Viceconsejero explicaba que ambas partes estaban de acuerdo en que “el edificio (leo textualmente) no será protagonista, como algo a salvar por sí mismo, sino que deberá adaptarse a una concepción muy flexible y versátil del espectáculo contemporáneo” “El modelo del arquitecto de la SGAE es más radical” reconocía el señor Vázquez. Se apuntaba también, que descatalogar el edificio no era tan difícil “pues no es una protección del máximo nivel”. No había dudas, entonces, sobre la provisionalidad de dicha catalogación, aunque hace unos días la Consejera dijera textualmente en estas Cortes que desde el Departamento "jamás hemos hablado de descatalogar nada”. Lo que ha sucedido, señorías, es que el espacio rígido del teatro Fleta, por muy admirable que sea, no resulta rentable a la entidad privada que quiere gestionarlo, habida cuenta de la variedad de los espectáculos que ella misma promociona. Es normal. Es el mercado. Lo preocupante es que el Gobierno lo acepte, en contra de lo que había declarado, sólo para deshacerse del quebradero de cabeza que este asunto les supone. El día 21 de junio de 2005 la SGAE se comunicaba a la prensa: “el Fleta tiene muchos aspectos positivos, como es su ubicación, sus posibilidades y su memoria histórica. Después, tiene una serie de condicionantes que vienen dados por la necesidad. Habida cuenta de ello, la concepción que tenemos en la SGAE respecto al proyecto original que se había manejado hasta ahora para el Fleta es radicalmente distinta”. “Buscamos espacios flexibles, sin limitaciones formales, adaptable, versátiles física y acústicamente y que den respuesta arquitectónica a las actividades que los autores españoles ofrecen al mercado. (Todo eso requiere un espacio que, quizás se aleje un poco del teatro clásico al uso)”. Es entonces cuando la SGAE, no el Gobierno, anuncia: “del Teatro Fleta se va a conservar el nombre y su espíritu de teatro moderno y popular”. Perdonen que no haga comentarios. El día 4 de enero de este año, técnicos de la SGAE declaraban a “Heraldo de Aragón”: “Lo que queda está en pésimo estado. Lo que había no es lo que se quería hacer creer”. Es decir, los socios del Gobierno le acusan directamente de mentir sobre el estado del teatro. Señorías. El Teatro Fleta es un edificio de interés arquitectónico merced a su inclusión en el catálogo de edificios de interés del Plan General de Ordenación Urbana, cuya revisión fue aprobada por el decreto 52/1986, publicado en el Boletín Oficial el día 28 de mayo de 1986. El texto refundido de dicho plan, tras una nueva revisión, fue publicado en el Boletín de fecha 3 de enero de 2003, conteniendo en el Anexo VII el Catálogo de Edificios de Interés, en que permanece inscrito el edificio sito en la avenida de Cesaraugusto s/n, el Teatro Fleta. La apertura de un proceso de modificación en ningún caso puede suponer la desprotección de los más de 1000 edificios catalogados, ni la modificación de su régimen jurídico a los efectos de su consideración como edificios protegidos. En los últimos días el Gobierno ha manifestado que la catalogación del Fleta es provisional. Sin embargo en el Decreto 298/2001 de 20 de noviembre por el que se autoriza la constitución de la Fundación Gran Teatro Fleta se afirma: “el Gobierno de Aragón adquirió a finales del 1998 el Gran Teatro Fleta de Zaragoza, (...), catalogado como de “interés arquitectónico” por el Ayuntamiento de Zaragoza.” Este texto lleva en el pie la firma del Presidente del Gobierno señor Iglesias. Más recientemente, en el pleno de estas Cortes celebrado los días 25 y 26 de marzo de 2004 la señora Consejera Almunia declaraba que el Teatro Fleta (leo textualmente) es “un inmueble que se encuentra catalogado por el Ayuntamiento de Zaragoza desde 1986 como edificio de interés arquitectónico”. (DISCA, Plenos, 19). Lo que no puede ser, señorías, es que el Gobierno de Aragón adapte su interpretación de la ley a las pretensiones cambiantes de su política. El edificio estaba catalogado en 2001 y en 2004 y lo está también ahora. Despejadas las dudas sobre este punto es necesario saber si el teatro fleta forma parte del patrimonio cultural aragonés. La Ley 3/1999, de 10 de marzo, dispone, mediante la disposición transitoria primera (apartado 2), la inclusión en el Censo General del Patrimonio Cultural de Aragón de todos aquellos bienes recogidos en los catálogos de las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento de las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel, aprobadas por el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, así como los contenidos en los catálogos de cualquier otra figura de planeamiento.” Dado que el Plan General es una figura de planeamiento urbanístico, los edificios de interés contenidos en su Catálogo son, por decisión de dicha ley y aún sin contar con declaración expresa por parte de la Diputación General, bienes integrantes del Patrimonio Cultural Aragonés. Y no se trata de una cuestión menor, porque significa que el Teatro Fleta se acoge al régimen genérico de protección fijado por la ley para el patrimonio cultural aragonés y por la Constitución para el patrimonio histórico y cultural de los pueblos de España. Efectivamente, el artículo 46 de la Constitución encomienda a los poderes públicos la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico “y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad”. Los planes del Gobierno para con el teatro, dada la pertenencia de este al Censo General del Patrimonio Cultural, necesitan inexcusablemente su descatalogación. El artículo 9 de la ley 3/1999 impone una serie de condiciones para permitir dicha descatalogación. En cuanto al procedimiento, deberá observarse el mismo que el seguido para la declaración. Y lo que es más importante, la ley sólo permite la descatalogación de un bien cuando “deje de concurrir de manera irreparable el interés cultural determinante” de la declaración. La cuestión está en saber si ha dejado de concurrir en el Fleta de manera irreparable el interés cultural de su declaración como edificio de interés arquitectónico. Al Gobierno le será muy difícil reconocer que ha llevado al Fleta a la ruina técnica. Primero porque durante 5 años lo ha estado negando y segundo porque entonces le serían exigibles ante los tribunales de justicia las responsabilidades administrativas y penales a las que la destrucción del patrimonio diere lugar. En todo caso sería exigible el pronunciamiento de las instituciones consultivas previstas en el artículo 80 de la presente ley, así como la aportación de las pruebas periciales correspondientes. El ayuntamiento de Zaragoza, institución a la que el Fleta le debe su catalogación, aún en el penoso estado actual en que el edificio se encuentra, considera que es merecedor de su consideración como edificio de interés arquitectónico, puesto que así lo aclara en la ficha catalográfica de la última revisión del Catálogo del Plan General, confeccionada con posterioridad al derribo parcial del teatro. Mucho nos tememos, señorías, que el Gobierno está esperando que el Consejo de Ordenación del Territorio condicione la aprobación definitiva de la revisión del Catálogo al cumplimiento de unas prescripciones que excluirían al Teatro Fleta. El Gobierno debe de saber que, siempre a nuestro juicio, dicho procedimiento tampoco se ajusta a derecho. Primero porque no es respetuoso con lo dispuesto en la ley de patrimonio y segundo porque la potestad en materia urbanística de la Diputación General está limitada, según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia de 13 de julio de 1990 por ejemplo), en los casos de las decisiones discrecionales al ámbito de los intereses supralocales. El juicio sobre el valor del patrimonio cultural local corresponde, en el ámbito de sus competencias y en virtud del principio de autonomía municipal proclamado en los artículos 137 y 140 de la Constitución. En todo caso, las decisiones discrecionales de la Administración han de estar sujetas al ordenamiento jurídico. Altamente preocupante nos parece la dependencia de los órganos técnicos de la Administración respecto de los políticos. Dicha dependencia se infiere del compromiso del Gobierno, adquirido ante la SGAE, de realizar un proyecto de coste multimillonario para cuya realización es necesaria la aquiescencia de más de un órgano técnico. ¿Quién se arriesga, señorías, a firmar inversiones de millones de euros y presentarlas a la opinión pública si su ejecución es incierta? Señorías, está en juego la eficacia de la ley de patrimonio cultural aragonés. La destrucción total del teatro crearía un gravísimo precedente que en la práctica supondría la inutilidad de las garantías de protección del patrimonio fijadas por el ordenamiento jurídico. Cualquier edificio catalogado podría ser derribado mediante la descatalogación que de facto supondría una rehabilitación que lo destechase y maltratase. Por ello exigimos también la protección inmediata y cautelar de las estructuras del teatro hoy a la intemperie. En desarrollo del artículo 46 de la Constitución, el Código penal fija severas sanciones a quienes atenten contra dicho patrimonio. La ley 3/1999, por su parte, en su artículo 104 reconoce como infracciones muy graves “respecto a todos los bienes del Patrimonio Cultural Aragonés: (...) la falta de diligencia en la protección de los mismos contra el expolio y la omisión del deber de conservación y la enajenación sin previa comunicación a la Administración.” El artículo 109, por su parte, ordena a la administración, con independencia de las sanciones “imponer al infractor la obligación de restaurar el Patrimonio Cultural Aragonés alterado.” Noten sus señorías que no venimos a hablar de opiniones, de sentimientos. Venimos a hablar de leyes, de decretos, de diarios de sesiones y de boletines oficiales. Acceso a la cultura Que nadie se lleve a engaño. No tenemos nada que objetar a la iniciativa particular en materia de cultura, siempre y cuando no implique detrimento alguno de la iniciativa pública y común y por supuesto siempre y cuando no la sustituya. La iniciativa pública en materia de cultura, y por tanto la titularidad y la gestión pública de las infraestructuras a su servicio, es la única forma de garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos al acceso en pie de igualdad a la cultura. La Diputación General es propietaria de un único gran teatro. Por ello su privatización parcial supone el desamparo público a las artes escénicas y a la creación en la Comunidad. No podemos olvidar las promesas incumplidas del Gobierno según las cuales el Fleta era necesario para contener fundamentales instituciones públicas al servicio de la cultura. El día 5 de octubre de 2000 el Consejero Callizo declaraba lo siguiente: “La orquesta sinfónica es uno de los grandes proyectos del Gobierno de Aragón en esta legislatura, y además es uno de los grandes proyectos que dan contenido al Fleta, porque rescatar el Fleta era arquitectónicamente importante desde el punto de vista de patrimonio, pero yo creo que la inversión que es preciso poner en marcha (más de cuatro mil millones de pesetas) no se justificaba sólo por hacerlo desde el punto de vista de su recuperación arquitectónica.” (DISCA, Plenos, 27) Renunciar a la gestión directa y total del único gran escenario de la Comunidad significa renunciar a la creación futura de importantes servicios públicos. ¿Qué sucederá si en un futuro un Gobierno algo más enérgico pretende crear la Orquesta Sinfónica, el Ballet o el centro de danza? Sucederá que el Gobierno se verá sin los necesarios espacios y tiempos de programación propios. ¿Ha previsto el protocolo o el convenio esta posibilidad? Ni el principal ni el auditorio pueden acoger determinadas manifestaciones artísticas, y en el Fleta el Gobierno sólo se reserva unos días para la programación del Centro Dramático. ¿Qué sucederá entonces? Sucederá que, o bien se construye un nuevo teatro o la iniciativa pública estará a expensas de una entidad privada durante los próximos 60 años, que es el tiempo, al parecer, pactado para la explotación preferente de la SGAE. Privatizar el teatro, aunque sea parcialmente, significa someter su futuro y su gestión a las leyes del sector privado y por tanto a los criterios del libre mercado. Así lo ha reconocido el propio Departamento de Educación, Cultura y Deporte, que en alguna ocasión incluso ha dudado de la posibilidad de mantener en el teatro la sede del Centro Dramático. La primera consecuencia de todo ello ha tenido ya lugar. El proyecto arquitectónico del nuevo edificio ha sido adjudicado al arquitecto de la SGAE sin mediar concurso y al margen de la Diputación General. Patrimonio público Los ciudadanos hemos de exigir seriedad y rigor en la gestión de la cosa pública. La pérdida del dinero de todos por una gestión inadecuada debe ser considerada cuestión digna de producir consecuencias. A finales de marzo de 2004 la señora Consejera de Cultura declaraba ante el pleno de estas Cortes: “Pero le digo una cosa y me gustaría que quedara muy clara hoy aquí. Todo lo que se ha hecho en el Teatro Fleta, todo lo que se ha invertido hasta ahora en el Teatro Fleta es útil, no hay que deshacer nada de lo que se ha hecho hasta ahora ni hay que decir: hay que remodelar lo que se ha hecho hasta ahora.” Hoy podemos decir que esto no es cierto. Nadie podrá sostener que el dinero gastado ha sido útil. Ni sirve la campaña publicitaria, ni la redacción del proyecto, ni los andamios, ni las grúas, ni el corte de la avenida de Cesaraugusto, ni los micropilotes instalados en el año 2002. Señorías, la gestión del patrimonio común debiera ser de lo más escrupulosa. Así el único gran teatro público debiera ser gestionado en concordancia únicamente a las aspiraciones culturales de la ciudadanía. Su enajenación es impropia de una política seria en apoyo del acceso a la cultura, pero cuando la venta se adjudica de forma directa es además impropia de una gestión respetuosa con el patrimonio de todos. La venta de la mitad de las participaciones de la empresa Inmuebles GTF, en tanto que empresa cuyo único objeto es la gestión del edificio de que es propietaria, supone la enajenación de derechos patrimoniales de naturaleza inmobiliaria de la Comunidad Autónoma. Es de aplicación, por tanto, el artículo 57 de la ley de Patrimonio que en su apartado dos establece que “la enajenación de tales bienes se efectuará mediante el procedimiento de subasta pública, salvo que por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia de la operación u otras circunstancias similares, el Gobierno de Aragón, en acuerdo motivado, autorice expresamente la enajenación directa”. Nos parece evidente que, para la correcta observancia de la ley, el acogimiento a tales excepciones ha de estar siempre basado en unas condiciones objetivas que impidan lo contrario. No es este el caso, pues también nos parece evidente que son muchas las empresas que podrían y querrían asumir este proyecto teniendo en cuenta, sobre todo, las ventajosas condiciones fijadas para la entidad adjudicataria. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en su artículo 11 ordena que “los contratos de las Administraciones públicas se ajustarán a los principios de publicidad y concurrencia, salvo las excepciones establecidas por la presente Ley y, en todo caso, a los de igualdad y no discriminación.” Dicha ley fija, además, los procedimientos y formas de adjudicación, restringiendo en cualquier caso el procedimiento negociado y enmarcándolo en los límites de unas condiciones determinadas. El acuerdo para el teatro Fleta, además, es algo más complejo, pues incluye la gestión de un servicio eminentemente público. Es fundamental, pues, el escrupuloso respeto al procedimiento legal previsto. Sobre su observancia existen en nuestra Asociación serias y fundadas dudas que deben ser aclaradas. La Consejera ha comparecido en estas Cortes para informar sobre este asunto con meses de retraso. Se ha negado información a los grupos parlamentarios, no se ha permitido a los señores diputados que lo han solicitado la visita a las obras, y, por si todo ello fuera poco, la Diputación General desprecia al Justicia de Aragón en incumplimiento deliberado de sus deberes legales. Señorías, estas son las cartas del Justicia a un ciudadano aragonés. En ellas se explica que el trámite de la queja presentada se ve paralizado por la ausencia de respuesta a los múltiples requerimientos presentados. Nos gustaría que los señores diputados, en su turno de palabra, se pronunciaran expresamente sobre este punto. ¿Entienden o justifican que la Diputación General incumpla la ley negando información al señor Justicia de Aragón? Resumen Por todo lo anteriormente expuesto, señorías, nos declaramos contrarios a la operación de privatización parcial y derribo del Teatro Fleta. Porque el derribo de un edificio tan interesante y reconocido y la consecuente renuncia a su rehabilitación son injustificables, y atentan contra el mandato constitucional contenido en el artículo 46 de proteger y conservar el patrimonio histórico español. Porque defendemos una rehabilitación respetuosa de lo que queda del Gran Teatro Fleta, fundada en los pertinentes criterios técnicos y científicos de respeto al patrimonio arquitectónico. Porque dicho derribo atenta contra el ordenamiento jurídico en materia de patrimonio cultural y supone en la práctica la declaración de inutilidad de las categorías de protección previstas en la ley de 1999. Porque es un ejercicio inadmisible de dejación de las responsabilidades públicas en materia de cultura, que condiciona gravemente el futuro de las artes escénicas y musicales de nuestra comunidad. Porque defendemos la titularidad y la gestión públicas de los principales espacios al servicio de la cultura como única posibilidad de garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la cultura. Derecho, señorías, proclamado en el artículo 44 de la Constitución española. Y porque la venta menoscaba el patrimonio común ignorando los principios que alumbran el derecho en materia de patrimonio y en materia de contratos de las administraciones públicas. Solicitamos, asimismo, la asunción de las responsabilidades políticas pertinentes, sin perjuicio de otras responsabilidades exigibles ante otras instancias, y la apertura de un debate público sobre los criterios a aplicar en la gestión y conservación del patrimonio cultural aragonés. Recordatorio de palabras pasadas y final Voy a acabar mi intervención pidiendo el apoyo de los señores diputados de los grupos socialista y del partido aragonés, más expresamente partidarios del derribo del teatro Fleta. Para ello voy a pedirles simplemente que se escuchen, que se lean en el Diario de Sesiones. He de confesarles que la lectura de páginas y páginas del Diario de Sesiones de estas Cortes sobre este tema ha producido en algunos miembros de nuestra asociación trastornos por los cuales algunas noches nos cuesta conciliar el sueño. Señores diputados del grupo socialista. En febrero de 1999 la diputada socialista doña Ángela Abós, exconsejera de Cultura, declaraba ante el pleno de estas Cortes, en representación de su grupo, lo siguiente: “(...)hay que proteger sumamente los elementos diferenciadores en las ciudades, los significativos, los singulares. (...) Si con el Fleta hubiéramos operado igual que se operó con el Iris en su momento, (...) si Zaragoza siguiera en este momento, a estas alturas de nuestra vida y nuestra civilización, prescindiendo de aquellos elementos que la singularizan arquitectónicamente, que ya quedan pocos..., (...)¿cómo nos va a permitir nuestra conciencia no solamente cultural, sino nuestra conciencia aragonesa y zaragozana, prescindir de este elemento singular? En ese sentido, pues, tenemos que decir que el Fleta está salvado” (DISCA, Plenos, 100). El día 1 de diciembre de 1995 la señora Abós se dirigía al Consejero de Educación y Cultura señor Bielza de Ory en estos términos: “(...) no puede pasar usted a la historia, señor Consejero, por ser el que permitió el derribo del Fleta, porque ahora quisiera yo pedirle, y lo digo muy en serio, quisiera pedirle aquí responsabilidades a las autoridades públicas que permitieron el desmantelamiento del Cine Dorado, por ejemplo. (...)Hay que operar, en política, con sentido de la historia y de que seremos granos de arena coyunturales en el momento, pero tenemos responsabilidades que se insertan en la historia, sobre todo con los temas artísticos, urbanísticos y ambientales. (...)” (DISCA ). Señores diputados del grupo del partido aragonés. El día 21 de marzo de 1996 el diputado del partido aragonés señor Caudevilla Arregui, declaraba ante el pleno de estas Cortes, en representación de su grupo, lo siguiente: “(...) Estamos por mantener el teatro Fleta como equipamiento cultural, (...) en nuestro Grupo Parlamentario difícilmente entenderíamos que hoy desapareciera el teatro Fleta. Terrible decisión que, unos años más tarde, estoy seguro que volvería a ser objeto de estudio y pasaríamos a la posteridad, pues, de la forma que han pasado los mismos que destruyeron otras instalaciones culturales que había en Zaragoza (...)” (DISCA, Plenos, 20) Ustedes tienen la palabra. En poco tiempo votarán el proyecto de ley que autoriza la venta del Fleta para su derribo. Antes de hacerlo, escúchense. Como decía su compañero el señor Caudevilla no pasen a la posteridad de la forma que han pasado los mismos que destruyeron otras instalaciones culturales. Díganle a la señora Consejera, como le decía su compañera la señora Abós al Consejero Bielza, que no puede pasar a la historia por ser quien permitió el derribo del Fleta. Aún estamos a tiempo. Por eso hemos venido aquí a recabar el apoyo de todos ustedes. Por su atención, muchas gracias.
