Fotografía tomada de www.flickr.com/photos/igorgm. No. No vamos a hablar hoy de Fernando Martín, presidente de Martinsa-Fadesa, que después de haber liderado la primera de las empresas inmobiliarias de España acaba de solicitar al juez ser declarado “insolvente”. Ni tampoco vamos a tratar de las maniobras en su defensa que el hoy presidente de SEOPAN, David Taguas, llevó a cabo durante sus años en la dirección de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno. No. Tampoco vamos a hablarles de las suculentas recalificaciones que van a acompañar la pomposa contribución de la ciudad a la sociedad deportiva de Agapito Iglesias. Nos cansamos de denunciar que este tipo de entramados, que llegan, desde luego, hasta las más altas instancias, están llevando a España a unos niveles de injusticia y degradación difíciles de calibrar en estos momentos. Menos mal que para reconfortar la moral ciudadana, sin embargo, nos construyen grandiosos estadios (todos iguales) en que pueden esparcirse los equipos que (oh!) presiden precisamente gentes como Fernando Martín, Florentino Pérez, Juan Soler, Josep Lluís Nuñez o Apapito Iglesias, que hoy te construyen marinadores y mañana se te declaran insolventes.
No, decíamos. Hoy vamos a hablar de las estrategias que los grandes “suelotenientes” utilizan para exprimir al máximo sus derechos sobre sus propiedades sin asumir el más mínimo de sus deberes. Con la complicidad magnánima, cómo no, de nuestros queridos administradores. Veamos el caso del maravilloso Frontón Beti-Jai, cerquita del paseo de la Castellana, en Madrid.
Se trata de un edificio de un altísimo valor arquitectónico e histórico, reflejo de la época dorada del juego de pelota, obra del arquitecto Joaquín Rucoba, construido en 1893 en característico estilo ecléctico neomudéjar y declarado Bien de Interés Cultural (la más alta categoría del Patrimonio Histórico Español). Pese a que la declaración se produjo en 1977, nada ha impedido que la desidia siga siendo la reina de una de las más desconocidas joyas de la arquitectura madrileña. Acaso, se dirán, el propietario sea algún anciano desprovisto de recursos, una familia de hermanos desencontrados, una saga noble venida a menos… Pues no exactamente. La propiedad fue de la empresa Citroën (unos advenedizos sin recursos, ya ven) hasta 1998, en que pasó a diversas sociedades (de esas sociedades participadas por sociedades en las que participan las mismas sociedades partícipes de las sociedades participadas iniciales, ya saben) que fueron absorbidas por la inquietante empresa Aguirene S.L, participada entre otros por empresarios vascos relacionados, al parecer mediante testaferros, con el prohombre malayo Juan José Roca.
Al margen de estas nimiedades societarias, lo importante ahora es comprobar que, pese a las innumerables propiedades que uno posea, pese a lo inconmensurable de la fortuna de que uno sea dueño, en este país nadie exige a los propietarios los deberes que ante la sociedad sí les reconocen las leyes (papel mojado) y las normativas. La propiedad privada es sagrada, sí. Pero solo para lo que conviene. Porque en cualquier estado de derecho civilizado, por capitalista que sea, las administraciones deben de hacer cumplir las leyes que exigen a los propietarios conservar sus inmuebles en el estado de decoro, seguridad y salubridad necesarios para la vida social. Lo que mucha gente no sepa, quizás, es que las administraciones están obligadas por ley a requerir de los propietarios un buen estado de conservación de sus inmuebles. Y si los propietarios ignoran tales requerimientos, están obligadas a ejercer las acciones oportunas de conservación de forma subsidiaria, pasándoles después una factura que, de no cobrarse, tiene que dar paso a la oportuna expropiación.
Pero la estrategia es otra, ya verán. Y para que esa otra estrategia dé frutos, es necesario que las administraciones públicas colaboren de la forma adecuada. La estrategia parte de la alegal y amoral definición ontológica del propietario como “ser de derechos”. Así, el propietario (el susodicho en adelante), ostentando sus títulos y credenciales, se reserva la posibilidad de actuar en el momento que considere más oportuno para sus intereses, en función del valor del suelo, de la situación económica nacional, de sus expectativas… Y como no entiende de deberes (y nadie se los exige) ¿para qué actuar sobre algo si la acción no le reporta beneficios directos, y el peligro solo consiste en que a alguien le caiga una teja en la cabeza, si nadie le va a echar cuentas?
Cuando el edificio en sí está afectado por algún tipo de limitación urbanística (de tipo patrimonial o de otro tipo), la estrategia se torna más compleja. Al total abandono se une, entonces, la promoción indirecta de todas las circunstancias que puedan remover los obstáculos que limitan el máximo aprovechamiento de la propiedad. Si se trata de un edificio catalogado, lo importante no será mantener los valores que han aconsejado dicha declaración, sino, por el contrario, destruirlos. Y es así como los perros del propietario se relajan, las puertas se abren y las ventanas desaparecen. Se invita al lugar a amigos okupas, se promueven barbacoas entre asociaciones de pirómanos, se alimenta a las ratas y a las cucarachas y se explota la desgracia personal de drogadictos y “sintechos”. Todo para que, en un plazo de 10, 15 o 20 años, los vecinos y demás ciudadanos hayan olvidado el valor histórico o artístico del inmueble y solamente consideren los problemas de salubridad, seguridad y decoro que genera el edificio.
“¡Que se haga algo, lo que sea, pero que se haga algo ya! Porque esto es insoportable y así no podemos vivir”. Esta es la frase mágica que abre las puertas de la felicidad. La frase que el susodicho lleva esperando en silencio los últimos 10 años. La frase que los vecinos pronuncian con altas dosis de ignorancia o desesperación y buena voluntad. A la luz de las terribles contingencias, cualquier intento por defender la pureza de un bien patrimonial será considerado una sutiliza insoportable y solo digna de despachos universitarios de acomodados urbanitas. Y mientras se instala la grúa, mientras se comienzan a construir los cimientos, mientras se levantan las primeras plantas de los apartamentos de lujo o se concluye la azotea del hotel, solo los impenitentes nostálgicos recordarán que si las administraciones hubiesen hecho cumplir a los millonarios propietarios en su momento los modestos deberes que lleva consigo la propiedad privada, ahora los ciudadanos seguiríamos disfrutando de Casa Dueso, perdón! de la Estación de Canfranc, perdón! del Café Madrid, perdón! de la Central Térmica de Aliaga, perdón! del Frontón Beti-Jai.
