Averly patrimonio industrial amanazado. Enlace foto
El pasado sábado El Periódico de Aragón, en su edición de 5 de mayo de 2013, publicó un artículo sobre la situación de Averly y la posible protección (enlace). Discrepamos en Apudepa de algunas de las afirmaciones que se hacen, por ejemplo sobre la referida a la "actitud muy conciliadora [de la constructora] con la administración y sensible a las iniciativas que los ciudadanos han manifestado desde que El Periódico dio a concoer la operación de venta de estos suelos y su intención de levantar 200 pisos en la zona". Desde nuestro punto de vista no se puede afirmar de ningún modo que la constructora haya sido "sensible a las iniciativas ciudadanas". Alguien sensible no propondría demoler la mejor joya del patrimonio industrial aragonés para levantar más y más pisos. Mucho menos cuando es perfectamente conocido por todos el valor extraordinario de lo que se pretende derribar. Nos gustaría resaltar, por otra parte, algo que suele olvidarse, y es que la Ley no aconseja a las administraciones la catalogación, sino que la exige. Lo que la Ley confiere a las administraciones no es la decisión de proteger el patrimonio (mandato constitucional y estatutario) sino la valoración de la importancia del bien. Siendo esta evidente, en este caso no queda otra que la catalogación. Nos gustaría que estas consideraciones, que son elementales en materia de patrimonio, fueran tenidas en cuenta en general cuando se tratan asuntos como el presente, pues es fundamental para mantener el debate en el terreno del rigor. Y la sociedad debe tener todas las claves.
Porque ante lo que aquí estamos es ante un nuevo caso de atropello patrimonial y de "pelotazo" urbanístico, que tanto daño han hecho al país. Es el trapicheo del suelo que ha arruinado a España, con propuesta de torre retro de 16 pisos, estilo Benidorm (¿se imaginan el horror?), propias de nuestro pasado (¿presente?) boom constructivo; por otra, los manipulados planes generales de ordenación urbana, como lo ha sido este de Zaragoza desde su aprobación (hay que reírse con eso de la legalidad vigente), y más allá la catalogación debida a tal cualificado patrimonio que depende de la DGA pero que esta ni ha sabido resolver en su momento, a pesar de que incluso puso en marcha un “Inventario del Patrimonio Industrial de Zaragoza” hace escasos años, c.2005-2008, dándose por conformados todos ─pásmense Vds.─ cuando la propiedad se negó a que entrasen los especialistas que llevaban el encargo oficial, así que, en consecuencia, no tenemos inventariado Averly. Y ahí se quedó el citado departamento, tieso como un ajo, sin saber responder como debiera, ni defender a lo que está obligado en nombre de lo que defiende, el patrimonio cultural en pro del bien común que representa en Aragón y en Zaragoza Averly. Así se han precipitado los acontecimientos. Lenta e inexorablemente, a un ritmo, y envuelto en un silencio oscuro, que siempre ha beneficiado a las fuerzas vivas de este país, al capital acaparador. En suma, siguen la vía de los acaparadores.
Como se puede colegir de la lectura del artículo, las acomodadas élites del ladrillo, proporcionalmente tan acomodadas como incultas e interesadas, siguen como antaño con su planteamiento reformista de ¡abajo la historia!, de forma semejante a cuando la masa parisina harta del feudalismo demolió la Bastilla durante la Revolución Francesa. Pero las cosas han cambiado ─sospechamos─ y ya estamos en 7.123 firmas que avalan el planteamiento conservacionista ─en este acaso del patrimonio industrial─ representada ahora por la “Plataforma Ciudadana Salvemos Averly”.
De Brial Briceño habría que hacer un estudio sociológico por sus planteamientos retro, por esparcir por la ciudad semejante olor nauseabundo, porque encima del zancocho en el que ha metido a la propiedad pretende presentarse como dulce virgen que no supiera de qué iba el complicado tema de la Fundición de Averly. ¡Pero qué piensa Brial-Briceño que está todavía tratando con los indígenas de la colonización americana! ¡Señor qué ceguera, políticos y buen sector del empresariado capitalista hacen manitas a espaldas de la crisis, tal y como sugiere la propuesta de 200 nuevos pisos en esta zona.
¡Mientras la ciudadanía estamos indignados, a punto de la cólera! Intentan imponernos la España inculta del peor estilo. ¡No lo van a conseguir: está por delante el interés general, recogido en la constitución española a través de la cultura y el patrimonio! Ante tanta supuesta ’pasividad’ administrativa, en el pasado mes de abril TICCIH, Comité Internacional para la Protección del Patrimonio Industrial, y APUDEPA, solicitaron la protección integral de todo el conjunto como Bien de Interés Cultural. Y en ello estamos.
